(Washington, DC) – El Departamento de Seguridad Nacional no debería ampliar las expulsiones aceleradas de Estados Unidos para los solicitantes de asilo, dijo hoy Human Rights Watch. El 17 de julio el Washington Post informó, basándose en un memorando interno de 13 páginas de la agencia, sobre sus planes para expandir el límite del programa, que actualmente abarca a las personas detenidas a menos de 100 millas de la frontera y que llevan menos de 14 días en el país, para convertirse en una red nacional que incluiría a cualquier persona que no pueda demostrar que lleva en el país más de 90 días.
“Existen cada vez más evidencias de que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza están negando rutinariamente a las personas el derecho a solicitar asilo”, dijo Alison Leal Parker, codirectora del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “No todos los solicitantes de asilo podrán ser reconocidos como refugiados, pero todos los que expresan temor a la persecución tienen el derecho a que sus peticiones sean tomadas en justa consideración”.
El Departamento de Seguridad Nacional debería dar prioridad a las medidas para abordar los abusos que empañan la labor del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo Human Rights Watch. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional también deberían evaluar las evidencias crecientes de que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza rechazan ilegalmente a un gran número de solicitantes de asilo en la frontera bajo los procedimientos vigentes de expulsión expedita.
Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza están obligados bajo la ley de EE.UU. a referir a las personas que expresan su intención de solicitar protección a un oficial de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. El oficial de asilo, a su vez, lleva a cabo una evaluación más profunda sobre si el temor de la persona es “creíble”, es decir, si puede calificar a la persona como apta para recibir asilo u otras protecciones. Si los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza no identifican a las personas que tienen miedo de regresar a su país, pueden ser sumariamente deportadas, dijo Human Rights Watch.
De acuerdo con el Manual de Campo del Inspector de Aduanas y Protección Fronteriza, “si el extranjero indica de cualquier manera o en cualquier momento durante el proceso de inspección, que teme ser perseguido o que ha sufrido o puede sufrir tortura, está obligado a referir al extranjero a un oficial de asilo para que determine si su temor es creíble.... Los inspectores deberían tomar en cuenta tanto las señales verbales como no verbales dadas por el extranjero”.
Human Rights Watch ha recibido quejas bajo la Ley de Libertad de Información alegando que los oficiales de la Patrulla Fronteriza amenazaron a los inmigrantes con arrebatarles a sus hijos si solicitaban asilo, agredieron sexualmente a una inmigrante, se negaron a registrar los temores expresados por los inmigrantes en el formulario gubernamental adecuado, o les denegaron el acceso a una evaluación más profunda de sus alegaciones. Human Rights Watch también ha recopilado testimonios de siete familias que contaron a Human Rights Watch por separado que les habían dicho a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que tenían miedo de regresar a su país de origen, pero que les habían denegado el acceso al proceso de asilo.
Existen cada vez más evidencias que parecen indicar que estas prácticas son generalizadas. La organización Human Rights First ha documentado numerosos incidentes en los que funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza presuntamente rechazaron a solicitantes de asilo en la frontera, y reveló una grabación de audio de lo que parece ser uno de esos incidentes el 13 de julio de 2017.
Un artículo del Guardian en 2015 documentó casos de muertes después de la deportación a Centroamérica, y un informe de Human Rights Watch de 2014 documentó decenas de casos de personas que fueron devueltas a lugares peligrosos en Honduras después de ser rechazadas por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza durante el proceso de expulsión acelerada.
El sistema de inmigración de EE.UU. también está plagado de otros abusos. La ley estadounidense ordena la detención innecesaria y excesiva de inmigrantes que no deberían estar entre rejas y carece de mecanismos adecuados para sopesar las profundas conexiones que muchos inmigrantes tienen con sus familias y comunidades estadounidenses a la hora de decidir si deportar o no a una persona. Sin una reforma, cualquier expansión del programa de deportación acelerada sólo servirá para multiplicar el impacto de estas políticas perjudiciales y equivocadas.
El artículo del Washington Post sobre el memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional citaba a dos funcionarios del gobierno que confirmaron que se estaba estudiando una expansión de la expulsión acelerada. El Washington Post citó a Joanne F. Talbot, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, diciendo: “Cualquiera que se sorprenda de que el gobierno está considerando ampliar legalmente el uso de las deportaciones aceleradas no ha estado prestando atención”.
La extraordinaria ampliación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también recibirá el impulso de un aumento de US$1.900 millones en su proyecto de ley de asignaciones sobre el presupuesto del año pasado. El aumento de los fondos se utilizaría para contratar a cientos de nuevos agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y mantener a muchos miles de inmigrantes en detención. El subcomité de la Cámara lo aprobó el 18 de julio y ahora pasará a la Cámara de Representantes para su plena consideración. El Senado también examinará la legislación sobre asignaciones antes de finales de julio. “En lugar de incrementar la capacidad coercitiva de un CBP disfuncional y abusivo, el Congreso y el Departamento de Seguridad Nacional deberían trabajar juntos para controlar sus peores excesos”, señaló Parker. “El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza primero tiene que demostrar que puede hacer su trabajo, lo que significa tanto proteger las fronteras de EE.UU. como garantizar que las personas que temen por sus vidas si regresan a sus países obtengan una consideración justa”.
