El 16 de julio, más de siete millones de venezolanos le hicieron saber a su gobierno y al mundo entero que rechazan rotundamente el plan del Presidente Nicolás Maduro de redactar una nueva constitución, y pidieron que se celebren elecciones inmediatamente. Las acciones de Maduro han sido ampliamente criticadas, incluso por muchos que consideran que se trata de una estrategia para posponer las elecciones presidenciales del año próximo.
En una votación extraoficial organizada por la oposición con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, universidades y cientos de voluntarios en Venezuela y en el exterior, se pidió a los participantes que indicaran si se oponían a la propuesta del Presidente Maduro de convocar a una Asamblea Constituyente que redactara una nueva Constitución. Casi todos los que participaron dijeron que se oponían a la propuesta, según informó la oposición. También se les pidió que manifestaran si apoyaban las posturas de la oposición sobre otros temas clave, incluida la idea de establecer un gobierno de unidad nacional y el respeto de los poderes de la Asamblea Nacional, compuesta por una mayoría opositora. Los participantes expresaron un apoyo igualmente contundente a todas esas preguntas.
Dadas las circunstancias, la enorme participación de votantes mayormente opositores fue realmente notable. El gobierno se esmeró en intentar disuadir la participación ciudadana. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones presionó a los medios de comunicación locales para que no hablaran sobre la consulta popular, y los empleados públicos, con razón, temían sufrir represalias si participaban.
Se estima que participaron unos 7,6 millones de venezolanos, incluidos muchos que antes apoyaban al gobierno. Estas personas votaron en alrededor de 14.000 mesas, distribuidas en cerca de 2.000 sitios. Cientos de miles de personas formaron largas colas durante horas, pero esta vez no fue para comprar pan o aceite, sino para votar.
En Catia, una zona de bajos ingresos cerca de Caracas que históricamente había sido un bastión chavista, matones armados partidarios del gobierno habrían irrumpido en medio de una multitud que formaba fila para votar. El ataque llevó a la muerte de una enfermera de 61 años que estaba esperando para participar en la consulta, e hirieron a otras tres personas, incluido un periodista que estaba cubriendo el evento. Cerca de 200 personas fueron obligadas a permanecer varias horas dentro de una iglesia, junto a un cardenal que ha criticado abiertamente al gobierno. También se informó sobre otros incidentes en los cuales se arrojaron gases lacrimógenos dentro de un lugar dispuesto para la consulta, e intentos de robar boletas y otros materiales de la consulta.
El mensaje de quienes hicieron cola por horas para que se escucharan sus voces fue firme y claro: quieren poder votar en elecciones libres y justas. Ha llegado el momento de que el Consejo Nacional Electoral los escuche. Y si sus miembros no están en condiciones o no tienen intención de organizar esas elecciones, como ha sucedido desde que la oposición se impuso en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, los gobiernos regionales deben presionar al gobierno de Maduro para que lo haga.
