(Washington, DC) – El Comité Judicial del Senado de Estados Unidos debería cuestionar rigurosamente a Christopher Wray, el candidato a director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), sobre su plan para asegurar la independencia de la agencia y su papel en la política de detenciones posterior al 11 de septiembre de 2001, dijo hoy Human Rights Watch. La audiencia de confirmación de Wray está programada para el 12 de julio de 2017.
El presidente Donald Trump nominó a Wray después de destituir a James Comey como director del FBI en medio de la investigación de la agencia sobre posibles connivencias entre la campaña presidencial de Trump y Rusia para intervenir en las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU.
“Christopher Wray necesita demostrar al Senado que defenderá la independencia del FBI, lo cual es esencial para que la agencia sea un organismo imparcial de aplicación de la ley”, dijo Maria McFarland Sánchez-Moreno, codirectora del programa de Estados Unidos de Human Rights Watch. “Los senadores también necesitan que Wray sea claro sobre su papel en las abusivas políticas de detención después del 11-S y cuáles son sus posturas de cara a la vigilancia, los movimientos de protesta y otras cuestiones que afectan a los derechos fundamentales”.
Como director del FBI, Wray estaría a cargo de todas las investigaciones federales dirigidas a hacer cumplir la ley federal y desempeñaría un papel importante en las operaciones de contrainteligencia. El FBI lleva a cabo investigaciones en una serie de áreas, incluyendo terrorismo, crimen informático, violaciones de derechos civiles federales, fraude corporativo y bancario y corrupción pública.
Como abogado, Wray ha alternado su trabajo entre el Departamento de Justicia, donde llegó a presidir el departamento penal y disputó casos de fraude corporativo, y la práctica privada, en la que se ha concentrado en representar los intereses corporativos en demandas penales y regulatorias. Más recientemente, ejerció como el abogado personal del ex director de transición de Trump, Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey. La firma donde trabaja actualmente también asesora al negocio familiar de Trump, según los medios.
Los senadores deberían interrogar a Wray sobre su participación en la política estadounidense de detenciones después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, dijo Human Rights Watch. Como director de la división penal del Departamento de Justicia, Wray pudo haber tenido información sobre el maltrato de los detenidos, equivalente a conducta criminal, por parte de miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), contratistas civiles y otros empleados.
Sin embargo, en 2004, después de que surgieron los informes sobre el abuso de detenidos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, Wray sugirió en una audiencia pública que no tenía conocimiento de los abusos antes de que fueran reportados por los medios de comunicación. Días después, los medios informaron que el Departamento de Justicia ya había estado investigando acusaciones de abusos de detenidos por parte de la CIA, lo que llevó al senador Patrick Leahy a escribir una carta al fiscal general instándole a aclarar el testimonio de Wray.
Documentos que desde entonces se han hecho públicos como parte de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles indican que la Oficina del Inspector General de la CIA había enviado a Wray un memorándum tres meses antes remitiendo el caso de Manadal al-Jamadi a Wray por “posible violación del derecho penal”. Jamadi murió debido a “lesiones de fuerza contundente complicadas por una respiración comprometida”, según la nota, poco después de su arresto y detención bajo la custodia de la CIA y luego militar en Irak. Para entonces, al menos seis detenidos habían muerto en custodia de la CIA o el Departamento de Defensa en Irak y Afganistán, incluyendo al menos dos y quizás tres sobre los que el Departamento de Justicia estaba al tanto y estaba investigando.
“Wray necesita explicar qué sabía y cuándo se enteró sobre el abuso de la CIA de los detenidos y su respuesta”, señaló McFarland Sánchez-Moreno. “El problema llega al corazón de si Wray recurrirá a sus poderes para llevar a cabo investigaciones penales en caso de afrontar una enorme oposición política”.
Wray también desempeñó un papel clave en la investigación “PENTTBOMB” del FBI tras los ataques del 11 de septiembre. Como parte de ésta, más de 750 hombres predominantemente árabes o musulmanes que habían violado la ley de inmigración estadounidense fueron detenidos, aparentemente por vínculos con el terrorismo. Muchos de estos hombres, considerados detenidos de “interés especial”, permanecieron encerrados por períodos prolongados, con un promedio de 80 días, sin conocimiento ni capacidad para impugnar las acusaciones de terrorismo. Aunque muchos habían sobrepasado sus visas o habían entrado ilegalmente en EE.UU., como descubrieron Human Rights Watch y las investigaciones del Inspector General, en condiciones normales estos hombres no habrían sido detenidos o habrían permanecido detenidos en centros de detención de inmigrantes con acceso a visitantes y abogados.
En cambio, permanecieron detenidos bajo una política de “retener hasta absolver” incluso si no había fundamento para las denuncias de terrorismo e incluso, en algunos casos, después de que jueces hubieran ordenado su liberación bajo fianza o mediante órdenes de deportación, y podían ser devueltos a sus países de origen. Ambos informes constataron que estas medidas no estaban justificadas por motivos de seguridad nacional.
Muchos de estos detenidos fueron situados en cárceles de máxima seguridad bajo lo que el informe del inspector general describió como un “apagón de comunicaciones”, que en algunos casos duró semanas. Durante ese tiempo, las familias y los abogados de los detenidos no sabían dónde estaban ni por qué habían sido encerrados. Wray, quien entonces era Fiscal General Adjunto, apoyó estas medidas, según el informe del inspector general. El reporte dice que él y un colega le dijeron a la directora de la Oficina de Prisiones, Kathy Hawk Sawyer, que “no tuviera prisa en darles a los detenidos del 11 de septiembre acceso a las comunicaciones, incluyendo llamadas y visitas legales y sociales, siempre y cuando la Oficina de Prisiones permaneciese dentro de los límites razonables de su discreción legal”.
La detención en régimen de incomunicación puede facilitar violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas la tortura y los malos tratos, y viola las obligaciones de EE.UU. en virtud del derecho internacional. Además de tener denegado el acceso a abogados y familiares y permanecer detenidos arbitrariamente, muchos de los detenidos de la investigación PENTTBOM sometidos al período de restricción de comunicaciones sufrieron abusos físicos, fueron golpeados contra paredes, recibieron patadas, fueron arrastrados mientras iban esposados y fueron acosados verbalmente, detalla el informe.
Los senadores deberían interrogar a Wray sobre las áreas de trabajo del FBI que afectan directamente a los derechos de los estadounidenses, dijo Human Rights Watch. Poco se sabe acerca de las opiniones de Wray sobre la vigilancia de las comunicaciones, pero como es el caso del entonces vicefiscal general Comey y otros, según informes estaba dispuesto a dimitir en 2004 en protesta por la posible reautorización de un programa secreto de monitoreo a gran escala.
Sin embargo, el FBI tiene acceso a una cantidad gigantesca de información recopilada usando poderes de vigilancia electrónica extensamente ampliados desde el 11 de septiembre. Por lo tanto, es importante que los senadores cuestionen a Wray sobre cómo usaría las autoridades de vigilancia de las comunicaciones de EE.UU. También deberían preguntarle si él, al igual que Comey, apoyaría la creación de “puertas traseras de encriptación” para la aplicación de la ley. Human Rights Watch, expertos en seguridad digital y grupos de protección de la privacidad se han opuesto a esto porque crearía vulnerabilidades que los delincuentes y otros podrían explotar, socavando en gran medida la ciberseguridad y creando un riesgo de abusos de derechos por parte de gobiernos y funcionarios sin escrúpulos.
Un área de preocupación relacionada es la práctica del FBI, documentada por Human Rights Watch, de convertir en blanco de investigación a los musulmanes estadounidenses y a personas particularmente vulnerables, incluidas aquellas con discapacidades intelectuales y mentales y los indigentes, que no estuvieron involucrados en actividades terroristas y puede que nunca lo hubieran estado de no ser por la intervención y la incitación del FBI.
Los senadores deberían interrogar a Wray sobre su respuesta a los emergentes movimientos de protesta, como “Black Lives Matter”, cuyos motivos han sido criticados por el presidente Trump. El FBI tiene un largo historial de abusos contra disidentes nacionales, como las investigaciones de COINTELPRO (Programa de Contrainteligencia) diseñadas para vigilar, difamar y desacreditar a los grupos contra la guerra y de defensa de los derechos civiles entre 1956 y 1971.
Las preguntas deberían centrarse en la capacidad del FBI para salvaguardar los derechos de los manifestantes. Los senadores también deberían buscar el firme compromiso de Wray para continuar las investigaciones del FBI sobre violaciones de los derechos civiles por parte de los departamentos de policía locales, a pesar de los esfuerzos del fiscal general Jeff Sessions para reducir el papel del Departamento de Justicia en la aplicación de los derechos civiles.
“El FBI dispone de amplios poderes y desempeña un papel crítico como la principal agencia federal de aplicación de la ley en EE.UU.”, señaló McFarland Sánchez-Moreno. “Corresponde al Senado asegurarse de que su próximo director mantenga la independencia de la agencia y respete los derechos”.
