(Washington, DC) – El Departamento de Justicia de EE.UU. y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han dirigido abusivas “operaciones encubiertas” contra musulmanes estadounidenses basándose en razones de identidad religiosa y étnica, dijeron Human Rights Watch y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en un informe publicado hoy. Muchos de los más de 500 casos relacionados con delitos de terrorismo procesados en los tribunales federales de Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001 han alienado precisamente a las comunidades con las cuales el gobierno dice querer trabajar para prevenir delitos de terrorismo.

El informe de 214 páginas, “Illusion of Justice: Human Rights Abuses in US Terrorism Prosecutions” (“Justicia Manipulada: violaciones de los derechos humanos en el procesamiento de casos de terrorismo en EE.UU.”), examina 27 casos federales de terrorismo desde el inicio de las investigaciones hasta la sentencia y las condiciones en reclusión posteriores a la condena. El informe documenta el significativo costo humano de algunas prácticas antiterroristas, como operaciones encubiertas excesivamente agresivas y condiciones de detención innecesariamente restrictivas.

“El gobierno de Estados Unidos dice que mantiene a sus ciudadanos a salvo mediante la prevención y la persecución del terrorismo dentro del país”, dijo Andrea Prasow, subdirectora en Washington de Human Rights Watch y una de las autoras del informe. “Pero si uno echa un vistazo más de cerca se da cuenta de que muchas de estas personas nunca habrían cometido un delito si no fuera porque las fuerzas del orden las alentaron, presionaron y a veces incluso pagaron para que cometieran actos terroristas”.

Muchos procesos se han centrado correctamente en personas involucradas en la planificación o financiación de ataques terroristas, halló el informe. Pero muchos otros se han enfocado en personas que aparentemente no tenían ninguna vinculación con complots terroristas o financiación de atentados en el momento en que el gobierno comenzó su investigación. Además, muchos de los casos implican violaciones del debido proceso y condiciones abusivas de confinamiento que han resultado en condenas de cárcel excesivamente largas.

El informe se basa en más de 215 entrevistas a personas acusadas o condenadas por delitos relacionados con el terrorismo, incluyendo a miembros de sus familias, sus comunidades, abogados penales defensores, jueces, fiscales federales actuales y anteriores, funcionarios gubernamentales, académicos y otros expertos.

En algunos casos, el FBI pudo haber convertido en terroristas a personas que cumplían con la ley, al infundirles la idea de que participaran en una acción terrorista o incitarlos a actuar. Múltiples estudios han encontrado que casi el 50 por ciento de las condenas federales por casos de contraterrorismo desde el 11 de septiembre de 2001 resultaron de casos basados en informantes. Casi el 30 por ciento fueron operaciones encubiertas en las que el informante jugó un papel activo en la trama subyacente.

En el caso de los “Cuatro de Newburgh”, por ejemplo, que fueron acusados de planificar atentados contra sinagogas y una base militar de EE.UU., un juez dijo que el Gobierno “ideó el delito, suministró los medios y eliminó todos los obstáculos pertinentes” y, de paso, en el proceso convirtió en terrorista a un hombre “cuya bufonería es positivamente propia de Shakespeare en su alcance”.

El FBI a menudo enfocó sus supuestas investigaciones en personas particularmente vulnerables, como personas con discapacidades intelectuales y mentales e indigentes. El gobierno, a menudo actuando a través de informantes, desarrollaba activamente la trama, persuadía y, a veces, incluso presionaba a los blancos para que participaran y les proporcionaba los recursos para llevarla a cabo.

“El gobierno de EE.UU. debería dejar de tratar a los musulmanes estadounidenses como terroristas latentes”, dijo Prasow. “Probar la inducción (que podría ser una defensa en estos procesos) es tan difícil en el derecho estadounidense, que es casi imposible que una persona acusada de terrorismo pueda demostrarlo. Si a esto le añadimos unas autoridades del orden que se aprovechan de los particularmente vulnerables, como las personas con discapacidad mental o intelectual y los más pobres, acabamos con una receta perfecta para que se cometan abusos desenfrenados de derechos humanos”.

Rezwan Ferdaus, por ejemplo, se declaró culpable de intentar explotar un edificio federal y fue condenado a 17 años de prisión. A pesar de que un agente del FBI incluso le dijo al padre de Ferdaus que su hijo “obviamente” tenía problemas de salud mental, el FBI lo convirtió en un blanco para una operación encubierta, enviando a un informante a la mezquita de Ferdaus. Juntos, el informante del FBI y Ferdaus esbozaron un plan para atacar el Pentágono y el Capitolio de  EE.UU.: el FBI proporcionó armamento falso y financió los viajes de Ferdaus. Sin embargo, Ferdaus comenzó a deteriorarse mental y físicamente conforme la trama falsa se desarrollaba. Ferdaus llegó a sufrir una depresión y convulsiones tan graves que su padre renunció a su trabajo para cuidarlo.

EE.UU. también ha hecho un uso excesivamente amplio de los cargos de apoyo material al terrorismo, penalizando comportamientos que no tenían una intención demostrada de fomentar el terrorismo. Los tribunales han aceptado tácticas procesales que podrían violar los derechos a un juicio justo, como la introducción de pruebas obtenidas mediante coacción, la utilización de evidencia clasificada que no puede disputarse de manera justa y el uso de pruebas llamativas sobre actos terroristas en los que los acusados no desempeñaron ningún papel, así como también la invocación del secreto gubernamental para limitar las objeciones a las órdenes de vigilancia.

Ahmed Omar Abu Ali es un ciudadano de EE.UU. que denunció haber sido azotado y amenazado con la amputación cuando estuvo detenido sin cargos en Arabia Saudita, después de una redada tras los atentados contra instalaciones occidentales en la capital saudí de Riad en 2003. Ali asegura que los interrogadores sauditas no se detuvieron hasta que proporcionó una confesión, que él asegura fue falsa. A continuación, cuando Ali fue a juicio en Virginia, el juez rechazó las acusaciones de tortura de Ali y admitió su confesión como prueba. Fue declarado culpable de conspiración, provisión de apoyo material a terroristas y conspiración para asesinar al presidente. Fue condenado a cadena perpetua, sentencia que está sirviendo en régimen de aislamiento en una prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado.

EE.UU. ha utilizado en los casos de terrorismo condiciones de reclusión duras y en ocasiones abusivas, que a menudo parecen excesivas en comparación con los riesgos de seguridad que planteaban. Entre ellas se destacan el confinamiento prolongado en solitario y las severas restricciones a la comunicación durante la prisión preventiva. Esto posiblemente impidió la capacidad de los acusados ​​de contribuir a su propia defensa y pudo influir sobre su decisión de declararse culpables. Los jueces han impuesto condenas excesivamente largas y algunos prisioneros sufren condiciones muy crueles después de la condena, como confinamiento solitario prolongado y severas restricciones al contacto con la familia u otras personas, a veces sin explicación o posibilidad de recurso.

Nueve meses después de su arresto por cargos de apoyo material al terrorismo y a pesar de negarse a un acuerdo con la fiscalía, Uzair Paracha fue transferido a un duro régimen de confinamiento en solitario. Medidas Administrativas Especiales (SAMs por sus siglas en inglés) –restricciones a su contacto con los demás en nombre de la seguridad nacional— hicieron que Paracha sólo pudiera hablar con los guardias de la prisión.

“Uno podía pasarse días o semanas enteras sin decir nada más que ‘Por favor, apaguen las luces’, ‘¿Puedo hacer una llamada a mi abogado? ¿Pueden darme papel higiénico o una cuchilla de afeitar? etc.’, o simplemente darles las gracias por apagar las luces”, escribió a los investigadores del informe de Human Rights Watch y Columbia. Después de ser declarado culpable, sus SAMs fueron modificadas para que pudiera comunicarse con otros reclusos. “Afronté la parte más dura de las SAMs a pesar de ser inocente bajo la ley estadounidense”, escribió.

Estos abusos han tenido un impacto negativo en las comunidades musulmanas estadounidenses. Las tácticas del gobierno para identificar a los sospechosos de terrorismo, a veces antes de que el blanco incluso haya demostrado ninguna intención de usar la violencia, han socavado los esfuerzos paralelos para construir relaciones con los líderes de la comunidad musulmana estadounidense y grupos que podrían ser fuentes importantes de información para prevenir ataques terroristas.

En algunas comunidades, estas prácticas han reprimido la interacción con las autoridades. Algunos miembros de la comunidad musulmana aseguraron que el temor a la vigilancia del gobierno y la infiltración de informantes ha hecho que tengan que medir lo que dicen, con quiénes hablan y con qué frecuencia asisten a los servicios.

“Lejos de proteger a los estadounidenses, incluidos los musulmanes estadounidenses, de la amenaza del terrorismo, las políticas documentadas en este informe han desviado la aplicación de la ley de perseguir amenazas reales”, señaló Prasow. “Es posible proteger los derechos de las personas y también procesar a los terroristas. De hecho, esto aumentaría las posibilidades de capturar a los verdaderos criminales”.