La Fiscal General Luisa Ortega, quien durante años apañó al gobierno venezolano, se ha transformado desde fines de marzo en una valiente voz crítica al interior del chavismo.

Independientemente de cuáles sean sus motivaciones, por primera vez está ejerciendo en plenitud sus fueros y desafiando al gobierno en los pilares fundamentales en los que se afirma el régimen represivo del Presidente Nicolás Maduro. Esto no ha cambiado la realidad del país, porque los tribunales hace tiempo son un apéndice del ejecutivo. Pero una consecuencia importante de las iniciativas de Ortega y la reacción del poder judicial ha sido dejar en evidencia lo que posiblemente sea el corazón de la crisis institucional que enfrenta Venezuela: la absoluta falta de independencia judicial en el país.

En marzo, la fiscal general objetó públicamente la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de usurpar las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, lo cual catalogó como una “ruptura del orden constitucional”. El Tribunal terminó revirtiendo parcialmente su decisión, a pedido del Presidente Maduro.

Desde que comenzó la represión en las calles a comienzos de abril, la fiscal general se ha pronunciado en contra de los abusos gubernamentales, incluyendo el procesamiento penal arbitrario de civiles por parte de los tribunales militares, y a favor del derecho a manifestarse pacíficamente. También ha publicado información oficial sobre el estado de las investigaciones penales en curso, muchas de las cuales involucran a funcionarios en violaciones de derechos de los manifestantes.

Según información del Ministerio Público, hay investigaciones abiertas por presuntas violaciones de derechos fundamentales en más de la mitad de los por lo menos 1.200 casos registrados de personas gravemente lesionadas durante las protestas, y en al menos 10 de las 67 muertes, ya cuentan con suficiente evidencia para imputar a miembros de las fuerzas de seguridad por el asesinato de manifestantes o transeúntes. Al demostrar que ha habido violaciones graves, el Ministerio Público está construyendo un récord para que eventualmente se haga justicia cuando en Venezuela existan tribunales independientes dispuestos a sancionar estos abusos.

En las últimas semanas, la fiscal general presentó cinco recursos ante el Tribunal Supremo para desarticular la implementación de la propuesta del Presidente Maduro para que adeptos al gobierno reescriban la Constitución. Los primeros dos ya fueron desechados por dos Salas diferentes del Tribunal.

El 13 de junio, la fiscal general remató con otra movida: presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para anular el nombramiento de aquellos magistrados nombrados a las apuradas a fin de diciembre de 2015. Estos nombramientos se hicieron con el evidente propósito de volver a copar el Tribunal con adeptos al gobierno y garantizar la total concentración poder, días antes de que saliera la mayoría chavista de la Asamblea Nacional.

El Ministerio Público, bajo la dirección de Ortega, impulsó investigaciones penales arbitrarias de manifestantes y opositores políticos durante la represión gubernamental de las protestas de 2014. Sin embargo, a través de sus iniciativas más recientes, en muy poco tiempo y desde un poder del Estado, la fiscal general ha jugado un rol notable dejando de manifiesto los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la falta de independencia judicial.

Ortega ha demostrado la voluntad y la habilidad necesarias para desenmascarar al régimen venezolano. Dada la relevancia de su papel, y el grado de exposición en que se encuentra, la comunidad regional debería reconocer que la fiscal general es una interlocutora válida. En ese sentido, los Estados miembros de la OEA reunidos en Cancún durante la próxima Asamblea General de la OEA deberían solicitarle a la fiscal general que presente un informe oficial a la OEA con información sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios al gobierno que constituyen violaciones de derechos humanos, la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia, y la improcedencia del proyecto de Asamblea Constituyente promovido por el actual gobierno.