Los servicios de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología en Guatemala. Ciudad de Guatemala, agosto de 2015.

© 2015 Human Rights Watch

(Ciudad de Guatemala) – Miles de pacientes con enfermedades avanzadas en Guatemala sufren dolor severo innecesariamente, porque no pueden conseguir medicamentos analgésicos adecuados, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.

El informe de 68 páginas, “‘Castigar al paciente’: Asegurar el acceso al tratamiento del dolor en Guatemala”, documenta evidencias de que las reglamentaciones sobre control de drogas en Guatemala —destinadas a prevenir el abuso de estupefacientes— hacen imposible que muchos pacientes con cáncer y otras enfermedades avanzadas obtengan medicamentos fuertes para el dolor, como morfina. Los pacientes describieron el dolor extremo y otros síntomas que padecían, y las dificultades que tenían para afrontar una prognosis poco auspiciosa. Dijeron que tuvieron que visitar a múltiples médicos porque muchos no pudieron tratar adecuadamente el dolor, y muchos señalaron que debían viajar largas distancias en autobuses repletos de gente para llegar a los hospitales donde se ofrece tratamiento del dolor.

“Muchos pacientes en Guatemala enfrentan dolores intolerables al final de la vida, pero eso no debería que ser así”, dijo Diederik Lohman, director de salud de Human Rights Watch. “Con apenas algunas medidas simples y que no suponen ningún gasto, el gobierno podría aliviar sustancialmente el suplicio que viven estos pacientes”.

Miles de pacientes con enfermedades avanzadas en Guatemala sufren dolor severo innecesariamente, porque no pueden conseguir medicamentos analgésicos adecuados.

El informe se elaboró a partir de entrevistas exhaustivas a 79 personas, incluidas 37 personas con cáncer o familiares de estas, y a 38 trabajadores de la salud. Human Rights Watch también identificó la falta de políticas sobre cuidados paliativos y el hecho de que ninguna de las facultades de medicina de Guatemala brinda formación sobre cuidados paliativos a estudiantes de medicina como obstáculos a una atención médica adecuada al final de la vida.

Human Rights Watch estima que, cada año, al menos 5.000 guatemaltecos con cáncer y VIH/SIDA viven y mueren padeciendo dolor, porque no pueden conseguir morfina u otros analgésicos opioides. Indicó que cerca de 28.500 guatemaltecos, incluidos aproximadamente 1.500 niños, necesitan cuidados paliativos cada año. Es probable que estas cifras se incrementen al elevarse la expectativa de vida en Guatemala.

La Organización Mundial de la Salud considera que la morfina es un medicamento esencial para el tratamiento del dolor moderado a severo.

Dado que la morfina se elabora con la planta de adormidera, el derecho internacional exige a los gobiernos que regulen quiénes pueden obtener el medicamente y de qué manera. Estas reglamentaciones deberían respetar un equilibrio entre asegurar que los pacientes puedan obtener la morfina que necesitan y prevenir su uso indebido, apuntó Human Rights Watch.

Pero Human Rights Watch concluyó que las reglamentaciones de Guatemala no cumplen ese equilibrio. En vez de ello, las reglamentaciones se ocupan obstinadamente de controlar los medicamentos opioides para el dolor, sin demasiada consideración por los pacientes. Sus reglamentaciones son mucho más restrictivas de lo que exige el derecho internacional y no están en sintonía con las de otros países de la región, como Costa Rica, México y Panamá.

Gabriel Morales, un paciente con cáncer, dijo a Human Rights Watch que tenía que viajar más de siete horas en autobuses públicos cada 10 o 15 días para trasladarse a la Ciudad de Guatemala con el fin de obtener medicamentos para el dolor debido a cáncer abdominal: “Me levantaba a la 1 a.m., caminaba más o menos medio kilómetro y tomaba el autobús de las 2:30 a.m. Llegaba al perímetro de la Ciudad de Guatemala cerca de las 8:00 a.m., y allí tomaba otro autobús hasta el centro de la ciudad”.

Un médico dijo: “Me acongoja pensar en todos aquellos pacientes a quienes no puedo ver. Hay tantas personas que no tienen acceso a un médico que pueda recetarles opioides o nadie que los derive a un médico que esté en condiciones de hacerlo”. De los cerca de 14.000 médicos que hay en el país, solamente entre 50 y 60 pueden recetar morfina, y todos están en la Ciudad de Guatemala. Esto se debe a que, conforme a las reglamentaciones vigentes en Guatemala, un médico debe usar un talonario de recetas especial para indicar morfina u otros analgésicos opioides a un paciente, pero el procedimiento para obtener el talonario es innecesariamente complejo, según lo comprobó Human Rights Watch.

Los médicos no deberían tener que torcer las leyes para brindar atención adecuada a sus pacientes.

Diederik Lohman

Director de salud de Human Rights Watch

Los pacientes o sus familias deben primero obtener un sello del Ministerio de Salud en la Ciudad de Guatemala para validar la receta, antes de que una farmacia pueda entregar los medicamentos. Human Rights Watch no tiene conocimiento de que otros países exijan este tipo de validación, que hace que sea prácticamente imposible para muchos pacientes conseguir el medicamento.

Human Rights Watch concluyó que las reglamentaciones restrictivas de Guatemala suponen un gran dilema ético para los médicos. A menudo, no pueden ofrecer atención adecuada a los pacientes, tal como se los exige su juramento profesional, sin torcer o violar la ley, lo cual los expone a posibles sanciones disciplinarias o penales.

Algunos hospitales en la Ciudad de Guatemala han encontrado soluciones creativas para eludir este complejo procedimiento, permitiendo que las farmacias en los hospitales, que normalmente solamente entregan medicamentos a pacientes internados, entreguen morfina a pacientes que no lo están. Esta práctica, que ha sido tolerada por varios gobiernos consecutivos, ha mitigado la situación para algunos pacientes, pero se necesita urgentemente una solución permanente y en todo el país, subrayó Human Rights Watch. 

Varios médicos dijeron además que recibían y reutilizaban los analgésicos opioides que les quedaban a las familias de los pacientes que fallecían; se trata de una práctica que no es lícita en Guatemala, pero que también ha sido tolerada. Algunos trabajadores de la salud dijeron que aconsejaban a sus pacientes intentar comprar medicamentos para el dolor en el mercado negro, ya que no era posible obtenerlos legalmente.

“Los médicos no deberían tener que torcer las leyes para brindar atención adecuada a sus pacientes”, dijo Lohman. “Este gobierno tiene la oportunidad de resolver este problema de larga data de una vez por todas”.