En junio, la OEA elegirá a tres de los siete miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Uno de los candidatos ha llamado especialmente la atención, pero no precisamente por sus condiciones para el cargo.

Carlos Horacio de Casas, abogado penalista argentino, tiene escasa experiencia en el campo de los derechos humanos. Y cuando se ha pronunciado sobre temas como la libertad de prensa ha estado muy lejos de ser un defensor de derechos. Por el contrario, ha manifestado opiniones que contradicen principios básicos que la CIDH ha defendido durante décadas. 

De Casas ha criticado la derogación del delito de “desacato” en Argentina, que sirvió para criminalizar expresiones críticas contra funcionarios públicos. Fue la propia CIDH la que logró que ese delito, que viola la libertad de expresión, fuera derogado en Argentina y luego en la mayoría de los países del continente. Si no fuera por esta contribución de la CIDH, la libertad de prensa en América Latina sería aún más débil. Y, como muestra la experiencia reciente de gobiernos populistas en la región, las primeras víctimas de una libertad de prensa débil son la democracia y el Estado de derecho.

Asimismo, de Casas se ha referido al aborto como un “atentado a la vida de un inocente particularmente indefenso” y lo ha comparado con el robo a mano armada. La CIDH ha sostenido, al contrario, que la penalización del aborto -por ejemplo, cuando la vida o la salud de una mujer está en riesgo- viola los derechos humanos al impedir el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer.

Los antecedentes de Carlos de Casas son aún más preocupantes en relación con los derechos de las personas LGBT, donde su posición parece ser sencillamente decimonónica. De Casas se ha pronunciado a favor de una decisión de 1991 de la Corte Suprema argentina, en la cual se le negó la personería jurídica a una organización LGBT argumentando que promover los derechos de minorías sexuales no se ajustaba al “bien común”.

Los miembros de la CIDH obviamente pueden profesar diversas creencias religiosas, pero tales convicciones no pueden interferir con su obligación de aplicar de manera objetiva el derecho internacional. Sin embargo, da la impresión que de Casas, quien ha escrito que “el fundamento último de toda ley es Dios”, podría subordinar los estándares de derechos humanos a su fe. De ser así, estaría contribuyendo al retroceso de principios clave de derechos humanos.

La CIDH ha sido esencial para formular y defender estándares clave en materia de derechos humanos, incluidos sobre independencia judicial y libertad de prensa. También ha cumplido un rol central en la defensa de derechos fundamentales, especialmente cuando las instituciones nacionales no están dispuestas a intervenir, lo cual ocurre frecuentemente en América Latina. Esta importante tarea requiere de comisionados con vasta experiencia y con un compromiso genuino con el valor universal de los derechos humanos.

Lamentablemente, de acuerdo a las reglas de OEA, es demasiado tarde para reemplazar a de Casas por otro candidato argentino. Dado el riesgo que este candidato llegue a la CIDH, la única opción viable es retirar su candidatura, aun si ello puede resultar una decisión difícil y costosa. Más costoso sería mantener una candidatura que coloca en entredicho el compromiso del gobierno con una CIDH capaz de enfrentar con firmeza los enormes desafíos que en la actualidad tienen los derechos humanos en el continente.