(Túnez) – La reciente revisión de Marruecos de sus leyes de expresión deja intactos los famosos límites del país al discurso crítico, así como otras disposiciones que podrían causar el encarcelamiento de personas únicamente por expresarse de forma no violenta, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 36 páginas, “The Red Lines Stay Red: Morocco’s Reforms of its Speech Laws” (“Las líneas rojas permanecen rojas: las reformas marroquíes de sus leyes de expresión”), compara las nuevas leyes con las que reemplazaron, e insta al gobierno marroquí recién formado y al Parlamento elegido en octubre de 2016 a adoptar leyes que despenalicen todos los delitos de expresión no violentos. Las restricciones bajo el código penal del país socavan las características positivas de las nuevas leyes, señaló Human Rights Watch. En concreto, el código penal revisado mantiene la prisión como pena por expresiones que “dañen” a la monarquía, la persona del rey, el Islam y la “integridad territorial” de Marruecos: las “líneas rojas” que limitan la discusión crítica de algunas de las cuestiones clave del reino.
“Tomar las penas de cárcel por delitos de expresión no violentos de una ley y colocarlas en otra no es una reforma persuasiva”, dijo Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África Septentrional de Human Rights Watch. “Marruecos necesita eliminar las penas de cárcel que sancionan la expresión pacífica en todos los ámbitos”.
En los últimos años, los tribunales marroquíes han encarcelado a periodistas y otros, incluidos raperos, únicamente por criticar pacíficamente a las autoridades, basándose tanto en códigos de prensa como penales. La nueva Ley de Prensa y Publicaciones mantiene intactos o ligeramente alterados la mayor parte de los delitos de expresión de la ley anterior de 2002, eliminando la pena de prisión, pero manteniendo las multas y las suspensiones ordenadas por los tribunales de publicaciones.
En cambio, el código penal, además de las nuevas disposiciones que imponen cárcel o una multa como sanción por delitos de “línea roja”, mantiene las penas de prisión para una serie de otros delitos de expresión. Estos incluyen difamar a las instituciones estatales, insultar a los agentes públicos que cumplen con sus deberes, alabar el terrorismo, incitar al odio o la discriminación y denigrar las decisiones judiciales con la intención de socavar la autoridad o la independencia del poder judicial. Muchos de estos delitos se definen ampliamente, aumentando el riesgo de que los jueces los utilicen para restringir la libertad de expresión.
Mustapha Khalfi, quien sirve como portavoz del gobierno y ministro delegado para las relaciones con el parlamento y la sociedad civil, desarrolló y promovió la Ley de Prensa y Publicaciones. En su respuesta a una carta de Human Rights Watch, Khalfi, que continúa como portavoz del gobierno, correctamente presentó como mejoras una serie de reformas legales que rigen la libertad de expresión. Entre ellas cabe mencionar la posibilidad de que las penas de prisión por ciertos delitos de expresión sean opcionales en lugar de obligatorias, la reducción de ciertas sanciones, la reducción de la definición de ciertos delitos, la eliminación de la autoridad gubernamental para confiscar o suspender publicaciones sin orden judicial sobre la base de contenido político, hacer más fácil que una persona acusada de difamación pueda presentar pruebas en el tribunal de la veracidad de una afirmación. Además, las nuevas leyes eliminan completamente la prisión como una sanción por los delitos de difamación de individuos y ofensa de funcionarios y diplomáticos extranjeros.
También defendió las disposiciones del Código Penal que siguen imponiendo la prisión como castigo por la expresión no violenta, su argumento fue que éstas son consistentes con el derecho internacional o comparado. Dijo, por ejemplo, que otros países también penalizan el insulto contra las instituciones estatales.
Sin embargo, Human Rights Watch rechazó esa explicación basándose en los requisitos del derecho internacional. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Marruecos ratificó en 1979, manifestó: “en el debate público sobre figuras políticas y de las instituciones públicas a efectos del Pacto es sumamente importante que la expresión pueda tener lugar sin inhibiciones (…) Los Estados partes no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración”.
Las autoridades marroquíes deberían abolir las leyes que son indefendibles en virtud de convenciones internacionales que afirman el derecho a la libertad de expresión, dijo Human Rights Watch. Estos incluyen los artículos del código penal que criminalizan la difamación de las instituciones estatales y “causan daño” al Islam. En cuanto a las restricciones de la expresión que tienen fundamento en el derecho internacional, como las relacionadas con la glorificación del terrorismo y la “incitación contra la integridad territorial”, las autoridades marroquíes deben aclarar y limitar la definición del delito para que satisfaga una necesidad en una sociedad democrática, como sería prohibir la incitación a la violencia.
“El gobierno de Marruecos está presentando su nueva ley de prensa como una gran noticia”, dijo Whitson. “Pero la ley de prensa marroquí sólo merece ser noticia de portada si el Parlamento arregla el código penal para que los marroquíes dejen de afrontar penas de prisión por el discurso no violento -y mejor aún, si despenaliza los actos de expresión que no deberían ser delitos en primer lugar”.
