Esta semana, los legisladores de Honduras tendrán la oportunidad de permitir que algunas mujeres accedan a abortos, y revertir así las restricciones que se impusieron por primera vez hace más de 30 años. Conforme a la legislación vigente, interrumpir un embarazo es ilegal y conlleva severas penas de prisión, a menos que la vida de la mujer se encuentre en peligro. Sin embargo, el Congreso estaría analizando la posibilidad de aligerar las restricciones al aborto, aunque todavía no se ha dado a conocer públicamente ningún texto propuesto.

Si la ley permitiera a las mujeres y niñas que quedan embarazadas como resultado de una violación solicitar un aborto, esto tendría un impacto muy significativo. En Honduras hay altas tasas de violencia sexual, y la prohibición del aborto —incluso en casos de violación— deja a las mujeres y niñas desamparadas. Las activistas de derechos de la mujer en Honduras estiman que cerca del 17% de los abortos clandestinos obtenidos por mujeres y niñas hondureñas son de embarazos provocados por violaciones. Esto afecta particularmente a las niñas, y algunos datos indican que el 22% de todas las personas que son atendidas en hospitales por complicaciones a causa de abortos son niñas de entre 10 y 19 años.

Casi todas las muertes y lesiones producto de abortos inseguros ocurren en países donde hay severas restricciones al aborto. Cuando el aborto es ilegal, las mujeres procuran obtener estos servicios en forma clandestina, a través de proveedores sin las aptitudes necesarias o en condiciones insalubres. A veces, utilizan medicamentos para inducir los abortos sin una supervisión médica adecuada. Esto genera un riesgo considerable de muerte o lesiones.

Las Naciones Unidas han manifestado consternación por la criminalización del aborto “que redunda en que una gran cantidad de mujeres y niñas recurran a abortos inseguros y en una mayor mortalidad materna”. Si bien hay pocas cifras confiables, las investigaciones sobre el tema indican que la criminalización de hecho ha incrementado las tasas de muertes maternas en Honduras. Incluso ha impedido que mujeres embarazadas obtengan tratamiento médico vital, como quimioterapia, cuando eso podría perjudicar al feto.

Durante mucho tiempo, las mujeres y las niñas han sufrido las consecuencias de las restricciones extremas al aborto en Honduras. El martes, los legisladores hondureños pueden y deberían establecer un procedimiento que permita salvar la vida de más mujeres. Si bien el gobierno debería estar trabajando en pos de la despenalización total, al menos debería permitir inmediatamente el aborto cuando esté en riesgo la salud de la mujer, el embarazo sea resultado de una violación sexual o el feto sea inviable. ¿Podemos esperar entonces que los legisladores actúen de manera correcta y tomen una medida que permita salvar la vida de mujeres y niñas?