Durante su EPU en 2011, el gobierno venezolano rechazó recomendaciones clave sobre problemas críticos de derechos humanos pero, en la práctica, ello no tuvo ningún impacto. De hecho, la situación en el país ha empeorado drásticamente desde entonces.
En 2011, el gobierno rechazó una recomendación para que “luchar[a] contra el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad.” En 2014, las fuerzas de seguridad venezolanas emplearon fuerza brutal contra manifestantes durante protestas contra el gobierno, mantuvieron a los detenidos incomunicados y cometieron abusos contra ellos, incluyendo graves golpizas, descargas eléctricas o quemaduras. El ministerio público continúa ejerciendo acciones penales contra manifestantes por participar en manifestaciones pacíficas.
En 2011, el gobierno rechazó recomendaciones para abordar la falta de independencia judicial en Venezuela y que dejara de usar al sistema de justicia para silenciar a sus críticos. Desde entonces, ha perseguido arbitrariamente a líderes de la oposición, activistas, periodistas y ciudadanos de a pie que critican públicamente al gobierno. También se aprovechó del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia para anular prácticamente todas las leyes adoptadas en 2016 por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional.
En 2011, el gobierno rechazó recomendaciones para que se respete el derecho a la libre expresión. Desde entonces, fuerzas de seguridad han detenido, interrogado y confiscado el material de trabajo de periodistas. Algunas autoridades han iniciado causas penales de difamación contra medios de comunicación críticos y han quitado a canales de televisión internacionales del aire. Todo esto ha derivado en altos niveles de autocensura.
A pesar de haberse comprometido en 2011 a proteger el derecho a la salud, y de haber recibido numerosas recomendaciones al respecto durante el segundo ciclo del EPU, el gobierno no ha asegurado que medicinas y provisiones básicas estén disponibles en Venezuela. Ello derivó en una grave crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia venezolana. Debido a la escasez de medicinas y comida, para muchos venezolanos es extremadamente difícil obtener atención médica esencial y cubrir las necesidades básicas de sus familias, incluyendo una nutrición adecuada.
El gobierno venezolano necesita escuchar que la comunidad internacional no va a tolerar sus abusos ni su indiferencia hacia los derechos humanos fundamentales que el proceso del EPU fue creado para proteger. Este segundo ciclo del examen es una oportunidad para dejar este mensaje claro y todos los Estados Miembros deberían aprovecharlo.
