Miles de personas cruzan la frontera estadounidense cada día. Si el gobierno de Trump consigue lo que pretende, algunos visitantes pronto deberán proporcionar las contraseñas que usan en los medios sociales para poder ingresar en EE. UU. Esta es una exigencia extraordinariamente invasiva que, con probabilidad, propiciará exigencias similares por parte de otros países a ciudadanos estadounidenses que viajen al extranjero.

Agentes del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection) de EE. UU. posicionados delante de una dependencia durante la prohibición de viajar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en Los Ángeles, California, EE. UU., 28 de enero de 2017.

El 7 de febrero, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de EE. UU. John Kelly planteó la idea de obligar a los visitantes a entregar una “lista de páginas web que visiten y las correspondientes contraseñas para ingresar en esas páginas y ver qué están mirando” y permitir que los agentes examinen “los mensajes que envían por tweet, los teléfonos celulares, las conversaciones por teléfonos celulares o las agendas de contactos en estos teléfonos para compararlos con bases de datos, números de teléfonos y nombres de personas”. El secretario Kelly no precisó detalles sobre cómo se podrían usar los nombres de usuario, las contraseñas y la información privada extraídos de las cuentas, ni cuánto tiempo se conservaría esa información.

Tal como lo plantearon diversas organizaciones a través de una declaración conjunta al DHS, esto representaría un ataque indiscriminado a la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos. Gran parte de lo que publicamos en un sitio como Facebook no tiene carácter público. El acceso podría revelar años de comunicaciones privadas o pertenencia a grupos privados, y afectaría a todos aquellos con quienes una persona se haya comunicado. Es posible que la injerencia tampoco se limite a las principales redes sociales. Cada vez son más los dispositivos móviles, los sitios de comercio electrónico y otras páginas web que permiten usar las cuentas de Facebook, Google o Twitter para iniciar sesión en sus servicios. El secretario Kelly no ofreció ninguna explicación acerca de qué impediría que el gobierno ingrese reiteradamente en las cuentas de los usuarios, modifique sus configuraciones o manipule su vida digital usando esa información.

La propuesta también impactaría negativamente en la seguridad digital. Incluso el Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation) sostiene que una norma básica de la seguridad en línea es “no compartas tu contraseña”. Para implementar esta propuesta, es probable que EE. UU. cree una base de datos de cuentas y contraseñas de medios sociales, que sin duda se convertirá en un objetivo irresistible para ciberdelincuentes y servicios de inteligencia extranjeros. Considerando los antecedentes de graves violaciones a la seguridad de los datos en sistemas estadounidenses, ¿qué confianza podría tener alguien de que estos datos estarán seguros?

La propuesta apuntaría, en un principio, a personas de los siete países mayormente musulmanes identificados en la prohibición de viajes dispuesta por el presidente Donald Trump. Sin embargo, el secretario Kelly señaló que el programa “podría” ampliarse.

Desde diciembre, a los visitantes procedentes de 38 países que solicitan la exención de visado se les ha pedido que informen sus nombres de usuario (pero no las contraseñas) en los medios sociales de manera voluntaria. EE. UU. también ejerce amplias facultades de revisar teléfonos celulares y computadoras portátiles y copiar datos en la frontera sin que exista sospecha de ninguna infracción.

A residentes estadounidenses y otras personas que se negaron a desbloquear sus dispositivos estos les han sido confiscados durante meses, y no se exime de estos controles a periodistas y otros que podrían necesitar proteger sus fuentes o materiales de trabajo delicados.

Este tipo de prácticas actuales ya son graves desde una perspectiva de seguridad y libertad de expresión. Exigir el acceso a las contraseñas de medios sociales —que son la llave para nuestra vida digital— es sencillamente inadmisible.