Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de Estados Unidos que reglamenta uno de los decretos del presidente Donald Trump sobre inmigración aumenta de manera exponencial la cantidad de personas alcanzadas por las deportaciones por vía rápida, o expulsión acelerada. Es probable que acelere las expulsiones de inmigrantes desde todo el territorio de EE. UU. y aumente las oportunidades de que los agentes inmigratorios incurran en conductas indebidas y abusos.
Disponer la deportación de alguien en el marco de un proceso de expulsión acelerada implica solamente que los funcionarios inmigratorios deben completar y firmar algunos formularios, lo cual dista considerablemente del análisis minucioso de los reclamos de los solicitantes que puede brindar un juez inmigratorio. Con la firma de un único agente de la Patrulla Fronteriza y de su supervisor, la expulsión acelerada podría enviar a una persona que huye de la violencia doméstica nuevamente a las manos de su agresor, a una persona LGBT de vuelta a un contexto donde será perseguida, o a una familia de regreso a las amenazas de muerte de un cartel de narcotráfico.
Es probable que no haya ningún otro ámbito del derecho estadounidense en el que un funcionario de aplicación de la ley pueda tomar una decisión tan crucial de vida o muerte, sin que la persona implicada por tal decisión reciba representación legal o control judicial.
Los agentes fronterizos que actualmente aplican expulsiones aceleradas ya actúan de un modo que subvierte el estado de derecho, conforme se comprobó a través de investigaciones de Human Rights Watch sobre el trato dispensado a personas centroamericanas que huyen de la violencia de pandillas. Cabe señalar que los agentes a menudo no dejan constancia de que los solicitantes de asilo manifiestan estar atemorizados o tienen intención de pedir asilo, y esto constituye una violación del derecho estadounidense e internacional. Actualmente, los agentes fronterizos solamente pueden aplicar la expulsión acelerada a personas interceptadas dentro de 100 millas de la frontera y durante los primeros 14 días de su llegada a EE. UU.
El memorando del DHS dispone que el proceso podrá aplicarse a cualquier persona que no pueda demostrar que ha estado en EE. UU. más de dos años, y sugiere que el DHS en breve ampliará la aplicación a personas interceptadas en cualquier lugar de EE. UU.
Esto implica que muchas más personas podrán quedar expuestas a la actuación indebida de los agentes inmigratorios. Además de agilizar las deportaciones, el gobierno de Trump está dando muchísimo más margen de acción a organismos y funcionarios cuyo desempeño hasta ahora dejó en claro que prácticamente no ajustan su conducta a las leyes que protegen a migrantes y solicitantes de asilo.
El Congreso debería analizar atentamente estas ampliaciones y, además de considerar su impacto para las personas perjudicadas de manera directa, ponderar cómo la escalada de abusos y el debilitamiento del estado de derecho afectarán a todos.
