La semana próxima, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizará un caso venezolano de hace varios años que, lamentablemente, está más vigente que nunca con el paso del tiempo.
En 2004, el Consejo Nacional de Fronteras de Venezuela, un organismo gubernamental, despidió a tres empleadas. Aunque las cartas de despido no explicitaban ningún motivo para el despido, un alto funcionario les dijo que estaban siendo castigadas por haber firmado una petición a favor de un referéndum revocatorio contra el entonces Presidente Hugo Chávez.
Casi 13 años después, el caso de estas mujeres pone a prueba principios que, ahora más que nunca, están en jaque en Venezuela. La oficina pública a cargo de cuestiones aduaneras y tributarias despidió a decenas de trabajadores el año pasado, en aparente represalia por haber apoyado un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. Los medios de comunicación han informado que cientos de otras personas que apoyaron el referéndum habrían sido despedidas en circunstancias similares, y un programa oficial que distribuye alimentos y artículos de primera necesidad a precios controlados por el gobierno también habría discriminado a críticos.
En un memorial de amicus presentado ante la Corte Interamericana esta semana, Human Rights Watch sostuvo que los derechos de los ciudadanos a expresar opiniones y participar en el proceso político implican no sólo poder votar en elecciones, sino además no ser objeto de represalias por manifestar su opinión. Esto incluye la prohibición de ser arbitrariamente despedido de empleos públicos.
Un poder judicial abyecto al gobierno es otro factor que socava gravemente la libertad de expresión en Venezuela. El poder judicial ha dejado de funcionar como una rama independiente del gobierno, y los ciudadanos cuyos derechos son violados tienen nulas posibilidades de obtener resarcimiento o de poner freno a atropellos gubernamentales. Y aquí es donde entra en juego la Corte Interamericana.
El caso de 2004, que tendrá audiencia el 14 de febrero, es una oportunidad extraordinaria para ampliar la jurisprudencia de la corte sobre los derechos fundamentales de libertad de expresión, participación política y no discriminación. Como ya ha ocurrido en el pasado, lo más probable es que el gobierno venezolano responda a una sentencia en su contra atacando al tribunal y haciendo caso omiso de sus obligaciones jurídicas internacionales de cumplir con las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana, poner fin a la discriminación política y resarcir a las víctimas. Si eso sucede, los Estados Miembros de la OEA deberían respaldar públicamente a la corte y mostrarle a Venezuela que esta prepotencia frente a órganos internacionales de derechos humanos y su desprecio manifiesto de los compromisos regionales no seguirán siendo tolerados.
