La elección de Donald Trump como presidente de EE. UU. en noviembre de 2016 fue el corolario de una campaña signada por numerosas propuestas que perjudicarían a millones de personas, señaló hoy Human Rights Watch en el Informe Mundial 2017.
Entre esas propuestas se incluyen planes para deportar a millones de inmigrantes no autorizados, reformar la legislación federal para permitir la tortura y aumentar la cantidad de personas sospechadas de terrorismo que pueden estar detenidas sin juicio por tiempo indeterminado en la Bahía de Guantánamo. Durante 2016, se llevaron a cabo algunos avances en la adopción de reformas largamente esperadas en áreas como justicia penal, inmigración y seguridad nacional.
En la 27.a edición del Informe Mundial, de 687 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth explica que una nueva generación de populistas autoritarios pretende barrer con el concepto de garantías de derechos humanos, y trata a los derechos como un obstáculo a la voluntad de las mayorías. Para quienes se sienten olvidados por la economía global y progresivamente atemorizados por los delitos violentos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y el público deberán desempeñar un rol clave en la reivindicación de los valores sobre los cuales se ha construido la democracia basada en el respeto de los derechos.
“Aunque EE. UU. todavía está lejos de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos, sí hubo reformas concretas en esa materia, como el programa de conmutación de penas establecido por el presidente Obama, la reducción de la cantidad de detenidos en Guantánamo y las reformas a leyes penales draconianas a nivel de los estados”, manifestó Alison Parker, codirectora del programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “La elección de Trump reaviva el temor de que estos avances limitados puedan revertirse, y que el panorama de derechos humanos se vuelva más arduo y peligroso”.
El presidente Barack Obama conmutó las penas de 1.176 personas en 2016, y el Departamento de Justicia anunció reformas a las políticas sobre celdas de aislamiento, incluida la prohibición de este régimen para los menores en cárceles federales. Los votantes de California aprobaron una iniciativa ciudadana que concede exclusivamente a los jueces la potestad de juzgar a menores en tribunales para adultos, y aumenta las oportunidades de libertad condicional para quienes no hayan cometido delitos violentos. Sin embargo, cada año más de 2,1 millones de personas son encarceladas en Estados Unidos, y esto representa la mayor población penitenciaria reportada en el mundo. Aunque el Congreso discutió cambios limitados a las leyes federales sobre imposición de condenas, no consiguió aprobar ninguna reforma en este sentido.
Para fines de 2016, EE. UU. estaba deteniendo a una cifra récord de 41.000 ciudadanos extranjeros por día, un aumento respecto de las 31.000 a 34.000 personas que, en promedio, solía detener. Estas personas incluyen a mujeres y niños, muchos de los cuales solicitaban asilo. Muchas de estas personas están en condiciones de detención abusivas —que incluyen una atención médica peligrosamente deficiente—, en gran parte debido al control insuficiente del sistema conformado por una multiplicidad de cárceles de condado, centros de detención privados y unos pocos establecimientos gestionados por el gobierno federal. Las medidas ejecutivas del gobierno de Obama que regularizan provisoriamente la situación legal de algunos inmigrantes indocumentados habrían evitado su deportación durante cierto tiempo. Sin embargo, una decisión de la Corte Suprema bloqueó en la práctica esta posibilidad.
Durante su campaña, el presidente electo Trump manifestó que revocaría las medidas ejecutivas de Obama. Desde entonces, dijo que se proponía deportar o detener entre dos y tres millones de inmigrantes con antecedentes penales. Aunque no se han anunciado los pormenores de esta medida, es probable que la detención y deportación de personas a esa escala redunde en violaciones masivas a los derechos humanos.
Algunos gobiernos locales y estatales también han implementado políticas abusivas o discriminatorias. El uso de la fuerza excesiva por miembros de la policía estuvo continuamente bajo la mirada pública, y se registraron varios incidentes resonantes de muerte de hombres negros a manos de policías. En las legislaturas estatales, se presentó una cantidad récord de proyectos destinados a restringir los derechos de personas LGBT.
Estados Unidos siguió manteniendo personas detenidas por tiempo indeterminado en el centro de la Bahía de Guantánamo, y continuaron los procesos en comisiones militares, que presentan falencias sustanciales y no se ajustan a los estándares internacionales sobre debido proceso. El gobierno de Obama consiguió avances significativos en la liberación de personas detenidas para que sean trasladadas a su país de origen o a terceros países, y esto redujo la población en ese centro de detención de 107 personas, a fines de 2015, a 60 a fines de 2016.
Estados Unidos divulgó cifras relativas a los “no combatientes” muertos en el marco de su programa de ejecuciones selectivas, a menudo llevadas a cabo con drones aéreos, fuera de zonas de guerra convencionales. Sin embargo, diversas organizaciones, incluida Human Rights Watch, cuestionaron la exactitud de estas cifras. A través de una medida ejecutiva, el presidente Obama prometió efectuar pagos a los familiares de “no combatientes” muertos, pero dependerá del presidente electo Trump que esta medida se cumpla.
EE. UU. siguió operando programas de vigilancia a gran escala con fines de inteligencia y sin órdenes judiciales, y recabó información sobre personas estadounidenses y extranjeras sin ninguna supervisión, transparencia ni rendición de cuentas significativas.
En siete estados, se dieron pasos importantes al legalizar la marihuana para uso recreativo o medicinal en 2016. Sin embargo, algunas leyes federales y estatales aún tipifican la tenencia de drogas ilícitas para uso personal. La aplicación de estas leyes claramente desproporcionadas ha sido discriminatoria en términos raciales y ha tenido consecuencias devastadoras para la vida de infinidad de personas.
“Reiteramos nuestro llamado al presidente electo Trump a que desista de sus propuestas abusivas y discriminatorias y abandone la retórica racista, xenófoba y misógina que caracterizó a su campaña”, manifestó Parker. “Es probable que las políticas que avasallan los derechos de algunas personas terminen cercenando los derechos de todos en EE. UU.”.
