Existe en Estados Unidos una dinámica sociedad civil y se encuentran vigentes además sólidas garantías constitucionales que protegen numerosos derechos civiles y políticos. Aun así, diversas leyes y prácticas estadounidenses, sobre todo en materia de justicia penal y de menores, inmigración y seguridad nacional, violan derechos humanos reconocidos internacionalmente. Las personas con menos posibilidades de defender sus derechos ante los tribunales o a través del proceso político —como, por ejemplo, miembros de minorías raciales y étnicas, personas de bajos recursos, inmigrantes, niños y niñas, y reclusos— son las más expuestas a sufrir abusos.
La elección de Donald Trump como presidente en noviembre de 2016 culminó una campaña marcada por una retórica misógina, xenófoba y racista y por el anuncio, por parte de Trump, de políticas que causarían enormes perjuicios a comunidades vulnerables, contravendrían las obligaciones fundamentales de derechos humanos asumidas por Estados Unidos, o bien tendrían ambos efectos. Las propuestas de campaña planteadas por Trump incluyeron la deportación de millones de inmigrantes no autorizados, la reforma de leyes federales para permitir la tortura de personas sospechadas de terrorismo y “llenar” el centro de detención de la Bahía de Guantánamo.
El presidente electo Trump también se comprometió a derogar la mayoría de las disposiciones de la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act), que ha ayudado a 20 millones de estadounidenses que antes no tenían cobertura a acceder al seguro de salud, y nominar a jueces “pro-vida” para integrar la Corte Suprema, que revocarían “automáticamente” el fallo Roe v. Wade, lo cual permitiría que los estados criminalicen el aborto.
Pena de muerte
Al momento de la preparación de este documento, Estados Unidos había ejecutado a 18 personas en 2016, la cifra más baja desde 1992.
En 31 estados todavía se permite la pena de muerte, aunque en 2016 solo cinco estados llevaron a cabo ejecuciones, siendo Texas y Georgia los primeros en la lista. La Corte Suprema de Delaware declaró inconstitucional la ley estatal sobre pena de muerte, y el Fiscal General de Delaware anunció que no apelaría la decisión. Nebraska reinstauró la pena de muerte tras un referéndum popular llevado a cabo en noviembre. Los residentes de California votaron a favor de mantener la pena de muerte en el estado.
Condenas severas
En Estados Unidos hay 2,3 millones de personas en prisión, que representan la mayor población penitenciaria del mundo. De esas personas, 211.000 se encuentran en el sistema federal y 2 millones en cárceles estatales y centros de detención locales.
El Congreso continúa debatiendo una enmienda limitada de las leyes federales sobre imposición de condenas, pero no ha aprobado reformas importantes durante 2016.
A la fecha de redacción de este documento, el presidente Barack Obama había conmutado las penas de 944 personas que se encontraban en cárceles federales por delitos vinculados con drogas durante 2016; otras 12.405 peticiones de conmutación no habían sido resueltas. Más de un tercio de las conmutaciones fueron por penas de prisión perpetua (no existe posibilidad de libertad condicional para delitos federales cometidos después de 1987).
La Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos (US Sentencing Commission) modificó sus pautas para la determinación de sentencias en 2016 con el fin de ampliar sus criterios de “liberación por motivos humanitarios”, y extendió la elegibilidad para la liberación a motivos de salud y también familiares.
Actuación policial
Las muertes por policías de Alton Sterling, en Baton Rouge, Louisiana, y de Philando Castile, en Falcon Heights, Minnesota, entre otras, pusieron nuevamente la atención en el uso excesivo de la fuerza por parte de policías en las interacciones con personas negras en Estados Unidos. En una secuencia de eventos similar a la de Ferguson, Missouri, tras el asesinato de Michael Brown en 2014, los manifestantes en Baton Rouge que salieron a las calles como reacción por la muerte de Sterling se encontraron con policías organizados en operativos antidisturbios.
En julio, cinco policías murieron en Dallas durante una emboscada montada por un hombre armado que actuaba solo.
Los jóvenes en el sistema de justicia penal
A lo largo del año, aproximadamente 50.000 niños y niñas en Estados Unidos son mantenidos en establecimientos penitenciarios. Esta cantidad representa una reducción del 50 por ciento respecto de 1999, pero sigue siendo una de las tasas de detención juvenil más altas del mundo. Todos los estados de EE. UU. permiten que los niños y niñas sean juzgados como adultos en algunas circunstancias, y cerca de 5.000 niños y niñas que han delinquido se encuentran en cárceles o centros de detención destinados a adultos.
Iowa, Utah y Dakota del Sur prohibieron las penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional para delincuentes juveniles; y son ahora 17 los estados que prohíben esta pena para los niños y niñas que delinquen.
En 2016, se aprobó la Proposición 57 de California, que otorga a los jueces la facultad exclusiva de denegar o hacer lugar al pedido de un fiscal de retirar a un niño o niña de la justicia juvenil para que sea juzgado en un tribunal de adultos. En Florida, una reforma legislativa similar fracasó por segundo año consecutivo.
Condiciones en centros de detención y prisiones
Tras una directiva del presidente Obama emitida en marzo, varios organismos federales presentaron a la Casa Blanca una serie de propuestas para reformar las políticas sobre el régimen de aislamiento. La Agencia Federal de Prisiones (Bureau of Prisons) también redujo a la mitad la duración promedio de las permanencias en unidades de gestión especial, una forma de aislamiento aplicada a personas sospechadas de tener vínculos con pandillas o que tienen antecedentes de faltas disciplinarias graves.
A nivel estatal, Maryland aprobó un proyecto de ley que exige recabar datos sobre personas en establecimientos penitenciarios que son recluidas en celdas de aislamiento. Carolina del Norte prohibió el uso del régimen de aislamiento para todos los delincuentes menores de 18 años. Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y otros estados analizaron proyectos legislativos para reformar el uso del régimen de aislamiento. El principal complejo penitenciario de la ciudad de Nueva York, Rikers Island, puso fin a la práctica del aislamiento para quienes tienen entre 16 y 18 años, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció en octubre la eliminación del uso de celdas de aislamiento como castigo para menores de 21 años.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en agosto que la Agencia Federal de Prisiones comenzaría a eliminar paulatinamente el uso de cárceles privadas. El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), responsable de proveer alojamiento a personas detenidas por motivos inmigratorios, anunció que realizaría una revisión del uso de establecimientos privados, pero las conclusiones de tal análisis aún no estaban disponibles al momento de la elaboración de este informe. Si prospera la propuesta del presidente electo Trump de detener y deportar a millones de inmigrantes, es difícil que el Departamento de Seguridad Nacional pueda cerrar ningún tipo de establecimientos, sean privados o públicos.
Negación del derecho de voto
En abril, el gobernador de Virginia Terry McAuliffe dictó un decreto para restituir el derecho a votar a todas las personas en Virginia que, luego de haber sido condenadas por un delito grave, hubieran ya cumplido sus condenas. Esta restitución del derecho a votar habría alcanzado a 206.000 personas en Virginia. No obstante, más tarde la Corte Suprema del estado invalidó ese decreto, al fallar que el gobernador no estaba facultado para conceder una restitución tan amplia del derecho a votar. El gobernador respondió mediante la creación de un proceso para restituir en forma individual el derecho a votar a esas personas, y para fines de 2016 había logrado restablecer tal derecho a cerca de 67.000 residentes de Virginia.
Políticas sobre drogas
Todos los estados y el gobierno federal tipifican la tenencia de drogas ilícitas para uso personal (si bien algunos han legalizado el uso medicinal o recreativo de la marihuana). Todos los años, las autoridades de aplicación de la ley de los estados usan estas leyes para llevar a cabo alrededor de 1,3 millones de detenciones. Más de una de cada nueve detenciones efectuadas por autoridades estatales de aplicación de la ley son por tenencia de drogas, lo que convierte a la posesión de drogas en el delito individual por el cual se efectúan más detenciones en Estados Unidos. Como resultado, cientos de miles de personas pasan por el sistema de justicia penal cada año. A menudo, los condenados descubren que los antecedentes penales no les permiten acceder a empleos, vivienda, educación, asistencia social, la posibilidad de votar, entre otros, y los exponen a discriminación y estigma.
La aplicación de leyes contra las drogas discrimina contra adultos negros. La proporción de adultos negros que consumen drogas es similar o incluso inferior a la de adultos blancos. Sin embargo, en Estados Unidos, los adultos negros tienen dos veces y media más posibilidades de ser detenidos por tenencia de drogas.
California, Massachusetts, Nevada y Maine aprobaron consultas populares en 2016 que legalizaron la marihuana para uso recreativo, poco después de las iniciativas de legalización en Colorado y el estado de Washington. Florida, Dakota del Norte y Arkansas legalizaron la marihuana para uso medicinal. El gobierno de Obama hizo hincapié en la necesidad de más enfoques de salud pública sobre el consumo de drogas, aunque no llegó a instar a que se despenalizara.
Violencia con armas
En junio, un ataque armado masivo perpetrado en un club nocturno gay en Orlando, Florida, que aparentemente respondió a motivos políticos, dejó un saldo de 49 muertos y volvió a abrir una vez más el debate público sobre el control de armas y la frecuencia con que se producen ataques armados masivos en Estados Unidos.
En enero, Obama anunció una serie de medidas que tenía previsto adoptar el poder ejecutivo para reducir la violencia con armas. Sin embargo, diversas reformas legislativas sobre el tema quedaron estancadas en el Congreso.
Derechos de ciudadanos extranjeros
El gobierno de Estados Unidos continúa deteniendo a niños y niñas migrantes que llegan desde América Central acompañados de sus madres, muchos de los cuales aspiran a obtener asilo. Si bien algunas reformas moderadas anunciadas en 2015 redujeron la cantidad de familias detenidas, Estados Unidos aún detiene a algunas familias por períodos prolongados. Human Rights Watch ha documentado las graves secuelas psicológicas que provoca la detención por tiempo indefinido de madres e hijos que solicitan asilo y los obstáculos que esto supone para el debido proceso.
También persiste el problema de las condiciones de detención abusivas. Human Rights Watch publicó un análisis de las investigaciones llevadas a cabo por el propio gobierno estadounidense sobre la muerte de 18 inmigrantes ocurridas mientras estaban bajo custodia de las autoridades entre 2012 y 2015. El análisis reveló que en 16 casos la atención médica había sido peligrosamente deficiente, lo que contribuyó a la muerte de siete personas. Otras organizaciones han documentado problemas similares en establecimientos de todo el país, y esto evidencia un control gravemente inadecuado de un sistema de detención con más de 200 establecimientos, incluidos centros y cárceles locales gestionados por empresas privadas.
En junio de 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos obstaculizó medidas ejecutivas dispuestas por el gobierno de Obama para aplazar momentáneamente la deportación de algunos inmigrantes no autorizados. En un fallo dividido, la corte confirmó una medida cautelar de un tribunal inferior.
En noviembre de 2016, el presidente electo Trump reiteró sus promesas de campaña de construir un muro en la frontera entre EE. UU. y México, y de detener o deportar rápidamente entre 2 y 3 millones de inmigrantes con antecedentes penales. El gobierno de Obama, que también se concentró en la deportación de inmigrantes con condenas, deportó a una cantidad récord de 2,5 millones de personas, con y sin antecedentes penales, durante sus dos mandatos. Cualquier iniciativa para deportar inmediatamente a millones de inmigrantes indocumentados casi seguramente exacerbaría las condiciones abusivas de detención en un sistema que crece rápidamente con escasa supervisión, y menoscabaría aún más las garantías de debido proceso, que ya son deficientes.
Derechos laborales
Estados Unidos no tiene una ley nacional sobre licencia remunerada por motivos familiares. Se encuentra pendiente en el Congreso a nivel federal un proyecto de ley para establecer un programa de licencia remunerada por motivos familiares. Por su parte, algunos estados han aprobado programas de seguro para este tipo de licencias. En abril de 2016, el estado de Nueva York aprobó uno de estos programas, y se sumó así a California, Nueva Jersey y Rhode Island. En virtud de estos programas, los trabajadores pueden solicitar una licencia remunerada para establecer vínculos afectivos con un nuevo hijo, cuidar de un ser querido gravemente enfermo o ayudar con las obligaciones familiares cuando un familiar es convocado para prestar servicio militar activo.
Las mujeres de la fuerza laboral estadounidense que durante 2014 trabajaron a tiempo completo obtuvieron el 79 por ciento de los ingresos que percibieron los hombres, y la brecha salarial por género fue mayor para las mujeres negras e hispanas. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo (Equal Employment Opportunity Commission) recibe cada año miles de denuncias de discriminación por embarazo y de acoso sexual.
Los vacíos en el derecho y las reglamentaciones federales permiten que los niños y niñas empleados en agricultura trabajen desde más jóvenes, durante más horas y en condiciones más peligrosas que aquellos que se desempeñan laboralmente en cualquier otro sector. Los niños y niñas empleados en agricultura suelen trabajar en condiciones de calor extremo, expuestos a plaguicidas tóxicos y a otros peligros. En las haciendas tabacaleras, los niños y niñas que trabajan están expuestos a la nicotina, y muchos informan síntomas que coinciden con la intoxicación aguda por nicotina. Algunas compañías prohíben que quienes tienen menos de 16 años trabajen en haciendas tabacaleras, pero al mismo tiempo estas políticas dejan desprotegidos a los niños y niñas de más de 16 años. El gobierno de Obama no cambió las reglamentaciones federales, y el Congreso no ha modificado las leyes laborales de Estados Unidos para proteger a los niños y niñas empleados en agricultura. Las empresas tabacaleras no han tomado medidas suficientes para eliminar el trabajo infantil peligroso en sus cadenas de suministro.
Derecho a la salud
El sistema de justicia penal sigue obstaculizando la posibilidad de que accedan a atención médica adecuada las personas más vulnerables al VIH, en especial las personas de color, las que usan drogas, los trabajadores sexuales, mujeres transgénero y otras poblaciones intensamente vigiladas por la policía.
Estados Unidos está experimentando lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention) han denominado una “epidemia” de uso de opioides, y cada día mueren 78 estadounidenses por sobredosis de opioides. La respuesta del Congreso ante esta situación fue la adopción de la Ley Integral sobre Adicciones y Recuperación (Comprehensive Addiction and Recovery Act), que autoriza un mayor financiamiento de la prevención y el tratamiento de la dependencia de las drogas y los programas de prevención de sobredosis. No obstante, el financiamiento continúa siendo incierto, y el acceso a la atención médica permanece fuera del alcance de muchas personas, en especial en los 19 estados que siguen rechazando la ampliación de Medicaid conforme a la Ley para la Atención de la Salud Asequible (Affordable Care Act).
En junio de 2016, la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó disposiciones de una ley de Texas que imponía restricciones excesivamente engorrosas a los proveedores de servicios de aborto. La ley de Texas exigía que las clínicas de aborto cumplieran con estándares aplicables a centros de cirugía ambulatoria y que los médicos que practican abortos tuvieran derechos preferentes de admisión de pacientes en hospitales locales.
Agresión sexual en las fuerzas armadas
A pesar de las reformas implementadas por el Departamento de Defensa, con frecuencia las personas que cumplen servicio militar en Estados Unidos y han denunciado agresiones sexuales sufren represalias como acoso, asignación a tareas de poca importancia, pérdida de oportunidades de ascenso, medidas disciplinarias e, incluso, acciones penales. En febrero de 2016, el órgano de control de la justicia militar estadounidense adoptó conclusiones y recomendaciones tendientes a poner fin a esas represalias. En abril de 2016, el Departamento de Defensa presentó una estrategia para combatir estas represalias. La estrategia reconoce el problema, propone reunir y compartir información sobre la manera en que se tratan los casos y destaca una serie de opciones para que los comandantes aborden las represalias contras las víctimas. Diversas versiones de la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act) mejorarían la transparencia y adoptarían mejores protecciones para los denunciantes, entre otras medidas. A la fecha del presente, el proyecto aún está siendo negociado en el Congreso.
Orientación sexual e identidad de género
En 2016, se presentó en las legislaturas estatales una cantidad récord de proyectos para restringir los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Carolina del Norte eliminó las protecciones locales contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y exigió que las personas transgénero utilicen instalaciones públicas que coincidan con el sexo asignado al nacer. Mississippi aprobó una ley que permite a quienes tienen creencias religiosas discriminar a personas LGBT y parejas que no han contraído matrimonio. Tennessee sancionó leyes que permiten que los consejeros y terapeutas se rehúsen a atender a clientes y pacientes LGBT.
En mayo, los Departamentos de Educación y Trabajo emitieron directivas conjuntas que estipulan que la discriminación basada en la identidad de género constituye discriminación por motivos de sexo, prohibida por el derecho federal. Después de que 22 estados y varios funcionarios estatales y locales interpusieron demandas contra las directivas, la justicia federal dictó una medida cautelar que impide a los departamentos aplicar su interpretación. Al momento de la redacción de este documento, esos litigios se encontraban pendientes de resolución.
En los centros de detención inmigratoria, algunas mujeres transgénero han sido objeto de agresión sexual y maltrato, incluida su asignación a celdas de aislamiento por tiempo indefinido por el solo hecho de que las autoridades no tenían instalaciones adecuadas para alojarlas.
Violencia contra mujeres
En 2016, Obama promulgó la Ley de Derechos de Sobrevivientes de Agresión Sexual (Sexual Assault Survivors' Rights Act), que aborda particularmente la recopilación y conservación de pruebas en casos de agresión sexual. Garantiza el acceso de las víctimas al examen médico forense inicial y su derecho a que las muestras recogidas con posterioridad a hechos de violencia sexual se conserven durante todo el plazo de prescripción y a que se les notifique si dichas muestras serán destruidas.
Se estima que el 32 por ciento de las mujeres en Estados Unidos han sufrido violencia física por parte de una pareja íntima y aproximadamente el 19 por ciento han sido violadas, en casi la mitad de los casos por una pareja íntima. Las mujeres en Estados Unidos tienen mayores probabilidades de ser asesinadas por una pareja, ex pareja o un familiar que por cualquier otro tipo de agresor.
Seguridad nacional
El gobierno de Obama ha conseguido avances significativos en la liberación de personas detenidas en la Bahía de Guantánamo para el traslado a su país de origen o a terceros países, y esto redujo la población de 107 a fines de 2015 a 60 al momento de la redacción de este documento. También continuó los planes de mantener entre 30 y 40 de los detenidos sin cargos y por tiempo indefinido, con el argumento de que no pueden ser juzgados pero su liberación supone un riesgo demasiado importante para la seguridad. El gobierno no explicó de manera adecuada el fundamento de estas determinaciones ni permitió que fueran significativamente objetadas por los detenidos.
El gobierno de Obama continuó impulsando procesos contra siete hombres ante las comisiones militares de la Bahía de Guantánamo, a pesar de que estas presentan deficiencias intrínsecas. Entre ellos, hay cinco hombres acusados de haber participado en los atentados del 11 de septiembre de 2001. A 15 años de los atentados, la causa se encontraba en su cuarto año de audiencias preliminares, y aún faltan años para la fecha del juicio. El lento avance es el resultado de la estricta reserva que mantiene el gobierno con respecto a las torturas sufridas por los acusados mientras estuvieron bajo custodia de la Agencia Central de Inteligencia, del hecho de que las normas y procedimientos del tribunal no han sido puestos a prueba antes, y de las dificultades logísticas asociadas con realizar audiencias en la Bahía de Guantánamo.
Estados Unidos no inició en 2016 nuevas investigaciones sobre torturas cometidas por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, a pesar de que existen pruebas contundentes de violaciones de la ley penal federal. El gobierno tampoco ha ofrecido resarcimiento a las víctimas de torturas de la CIA. El derecho internacional exige tanto procesos como resarcimientos en estos casos. Sin embargo, el Departamento de Justicia optó por no oponer una defensa de seguridad nacional conocida como el “secreto de estado” en una demanda iniciada por tres hombres contra dos contratistas de la CIA por torturas sufridas en Afganistán. No haber invocado este privilegio permitió que el caso —una acción por indemnización de daños y perjuicios— avanzara más que cualquier otro de este tipo.
Estados Unidos continuó llevando a cabo ejecuciones selectivas, a menudo con uso de drones aéreos, contra presuntas milicias fuera de zonas de guerra convencionales en Yemen, Pakistán, Libia y Somalia, entre otros lugares. En julio de 2016, el director de inteligencia nacional publicó cifras que indican que Estados Unidos ha matado entre 64 y 116 “no combatientes” durante estos ataques desde 2009; sin embargo, diversas organizaciones de incidencia —incluida Human Rights Watch, que investigó varios de los ataques― señalaron que estas cifras estarían muy por debajo de las reales sobre muertes de civiles. Cuando el gobierno divulgó sus estadísticas, Obama emitió un decreto que contenía un compromiso de ofrecer pagos voluntarios a sobrevivientes y familiares de civiles asesinados, con independencia de la legalidad del ataque. No se sabe con certeza si el decreto se ha implementado.
Durante todo 2016, Estados Unidos continuó llevando adelante programas de vigilancia a gran escala con fines de inteligencia sin contar con órdenes judiciales, y no tomó medidas para resolver la falta manifiesta de transparencia, supervisión y rendición de cuentas en este área. Diversos organismos federales de aplicación de la ley también han hecho campaña a favor de que se amplíe la posibilidad de vigilancia y de realizar intervenciones (hacking). Estados Unidos continuó impulsando la extradición desde Rusia de Edward Snowden, el denunciante que reveló el alcance de las acciones estadounidenses de vigilancia masiva en 2013.
Una de las principales leyes en función de la cual Estados Unidos actualmente lleva a cabo vigilancia a gran escala, incluso de personas fuera de sus fronteras, es el artículo 702 de la Ley sobre Vigilancia de Inteligencia Exterior (Foreign Intelligence Surveillance Act). Está previsto que la vigencia de la ley concluya a fines de 2017, y que durante el año se mantengan debates parlamentarios sobre la posibilidad de reformarla. En julio, se planteó ante un tribunal de apelación federal un recurso de inconstitucionalidad del artículo 702, en el contexto de una causa penal en Oregon; la decisión del tribunal continuaba pendiente cuando se redactó este documento.
Mientras tanto, las prácticas de vigilancia estadounidense de comunicaciones globales al amparo de una directiva conocida como Decreto 12333 siguen rodeadas de hermetismo, sin que el Congreso ni los tribunales hayan asumido una verdadera función de supervisión. Una iniciativa de larga data del organismo independiente Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles (Privacy and Civil Liberties Oversight Board) para revisar algunas de las actividades desarrolladas por el gobierno en virtud del Decreto 12333 habría generado fuertes reacciones. Por ejemplo, al momento de la elaboración de este documento, el Senado estaba considerando leyes que prohibirían a la junta considerar la privacidad u otros derechos de personas que no sean ciudadanas estadounidenses o residentes legales permanentes.
El Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) montó una campaña para obligar a las compañías de tecnología de Estados Unidos a debilitar la codificación que utilizan para proteger las comunicaciones privadas, una medida que atentaría contra los derechos humanos a nivel global. El FBI también instó al Congreso a adoptar leyes que le permitieran requerir los historiales de navegación de las personas y otros registros de Internet sin una orden judicial: La medida no superó un voto de procedimiento por un escaso margen, por lo que subsiste el riesgo de un nuevo intento en 2017. Los organismos federales de aplicación de la ley tuvieron más éxito en la obtención de una nueva norma administrativa que amplía sus poderes de intervención globales. Al momento de la preparación de este documento, estaba previsto que la norma entrara en vigor en diciembre de 2016, aunque se habían presentado proyectos legislativos para intentar evitar o demorar su adopción definitiva.
Política exterior
En febrero, Obama realizó una visita histórica a Cuba para marcar la reanudación de las relaciones diplomáticas. Si bien Obama planteó el tema de los presos políticos durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente cubano Raúl Castro, no expuso públicamente los reclamos de Estados Unidos en materia de detención arbitraria, sitios web bloqueados y leyes utilizadas para castigar el disenso. En marzo, Obama viajó a la Argentina, y allí anunció la desclasificación de documentos de inteligencia y militares estadounidenses relacionados con la participación de Estados Unidos en el “terrorismo de estado” en Argentina.
La versión finalizada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que incluye acuerdos complementarios sobre cuestiones laborales en Vietnam, Malasia y Brunei, fue firmada en febrero por Estados Unidos, pero no avanzó en el Congreso antes de las elecciones. Debido a la victoria electoral de Donald Trump y su retórica de campaña contra el acuerdo, es muy improbable que se aprueben las reglamentaciones necesarias para el acuerdo, lo cual implica que este quedará sin efecto o deberá ser en gran medida renegociado.
Las iniciativas encabezadas por Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dieron lugar a que el consejo emitiera en marzo, por primera vez en la historia, una declaración conjunta sobre derechos humanos en China. Sin embargo, Obama no planteó consideraciones importantes sobre derechos humanos durante su visita a China en septiembre para la cumbre del G20.
En mayo Obama viajó a Vietnam y anunció que, a pesar de la falta de avances de Vietnam en materia de derechos humanos, Estados Unidos levantaría la prohibición sobre la venta de armas letales al país. Durante la visita de la líder birmana Aung San Suu Kyi a Washington, DC, en septiembre, el gobierno anunció que moderaría significativamente las sanciones pendientes sobre Birmania en vísperas de las elecciones democráticas históricas en el país.
En sus visitas a Kenia y Nigeria en agosto, el secretario de estado John Kerry manifestó preocupación por los vínculos entre violaciones de derechos humanos y la inseguridad, pero hizo poco para presionar a los gobiernos socios a que cumplan con sus compromisos retóricos. Tras las maniobras del presidente Kabila de la República Democrática del Congo para mantenerse inconstitucionalmente en el poder durante un tercer mandato, Estados Unidos impuso sanciones contra varios altos funcionarios congoleños.
Cuando la violencia volvía a hacerse presente en la capital de Sudán del Sur en julio, Estados Unidos finalmente comenzó a presionar para que el Consejo de Seguridad de la ONU dispusiera un embargo de armas sobre las partes beligerantes, en un intento por frenar las atrocidades.
En septiembre, el Senado presentó una resolución de ambas bancadas para frenar la venta de armas a Arabia Saudita, a medida que se acumulaban las pruebas de ataques aéreos ilegales por las fuerzas saudíes en Yemen. Si bien la resolución no fue aprobada, recibió el respaldo de más de un cuarto del Senado, y esto reflejó fisuras en el apoyo dado a Arabia Saudita por el establishment de seguridad estadounidense, que hasta entonces había sido inequívoco.
Estados Unidos continúa proporcionando considerable asistencia financiera y técnica de seguridad a Egipto, a pesar de que un informe de la Oficina de Responsabilidad General (General Accountability Office, GAO) de Estados Unidos demuestra que tanto las autoridades estadounidenses como las egipcias han sido negligentes al evaluar a las fuerzas de seguridad y el uso de equipos en su posible impacto para los derechos humanos.
Estados Unidos fue sede de la Cumbre de Líderes sobre la Crisis Mundial de los Refugiados, paralela a la Asamblea General de la ONU celebrada en septiembre. Durante la cumbre se lograron nuevos compromisos de países donantes para casi duplicar la cantidad de refugiados reubicados en todo el mundo y proporcionar USD 4.500 millones más en financiamiento humanitario por sobre los niveles de 2015.
En septiembre, Obama hizo una excepción al cumplimiento de algunas disposiciones de la Ley contra el Uso de Niños Soldados (Child Soldiers Prevention Act) para permitir que seis países —la República Democrática del Congo, Irak, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Ruanda— continuaran recibiendo asistencia militar estadounidense de manera lícita, aun cuando tal práctica persiste en esos países. Obama también no aplicó las restricciones de la ley a Birmania, aunque no está previsto que este país reciba asistencia militar de Estados Unidos en el año fiscal 2017. Los únicos países completamente restringidos fueron Sudán, Siria y Yemen, a los cuales Estados Unidos no planeaba ofrecer asistencia militar.
La Corte Penal Internacional está analizando delitos cometidos en Afganistán por grupos armados no estatales, fuerzas gubernamentales del país y fuerzas internacionales. Esto incluye señalamientos sobre la desaparición y tortura de personas detenidas por miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y la CIA durante el gobierno de Bush.