(Washington,) – La selección por el presidente electo Donald Trump del senador de Alabama Jeff Sessions como fiscal general de Estados Unidos acentúa el temor de que el gobierno de Trump avance sobre las garantías de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. Sessions ha declarado que apoya el uso de la tortura y ha expresado diversas opiniones hostiles a los derechos de minorías raciales y étnicas, mujeres, inmigrantes y lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT).

U.S. Senator Jeff Sessions (R-AL) sits with Donald Trump at Trump Tower in Manhattan, New York, U.S., October 7, 2016

Trascendió además información que señala que Trump tendría previsto nominar al representante Michael Pompeo como director de la CIA, a pesar de que en el pasado ha expresado declaraciones xenófobas sobre el Islam y apoyó al ahora extinto programa de torturas de la CIA.

“El senador Jeff Sessions ha realizado inquietantes señalamientos racistas, ha dicho que apoya el uso de la tortura y ha adoptado posturas en temas como inmigración y derechos de personas LGBT que suponen una verdadera amenaza para los derechos humanos”, manifestó María McFarland Sánchez-Moreno, codirectora del programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Hay fuertes motivos para temer que, durante la gestión de Sessions, el Departamento de Justicia de EE. UU. realmente no se ocupará de proteger los derechos por los próximos cuatro años”.

Como fiscal general, Sessions sería el funcionario de aplicación de la ley con máxima jerarquía y debería velar por que la ley federal se aplique en cuestiones tan variadas como inmigración, justicia penal, igualdad de personas LGBT, igualdad de género y antiterrorismo.

Hace tres décadas, la postulación de Sessions como juez federal fue rechazada debido a múltiples señalamientos de que habría efectuado comentarios racistas, incluido haber advertido a un colega suyo, un fiscal afroamericano, que estuviera atento a cómo le hablaba a las “personas blancas”. Sessions también habría calificado de “antiestadounidense” a la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP).

En el Congreso, Sessions integró una de las pocas minorías de senadores que votaron contra la Ley sobre Trato de Detenidos (Detainee Treatment Act) de 2005, que prohibió el trato o los castigos crueles, inhumanos o degradantes contra cualquier detenido bajo custodia estadounidense y exigió al Departamento de Defensa que cumpliera con el Manual de Campaña del Ejército de Estados Unidos sobre Interrogatorios de Inteligencia al llevar a cabo interrogatorios.

Estuvo además entre los 21 republicanos que votaron contra la reforma de un proyecto anual de defensa impulsado por los senadores estadounidenses John McCain y Dianne Feinstein, que extendía estas normas a la CIA y otros organismos gubernamentales estadounidenses y que se promulgó en 2015. También ha restado gravedad reiteradamente a las prácticas de tortura y se ha manifestado a favor de que las tácticas de simulacro de ahogamiento (waterboarding), que constituyen una forma de tortura, siguieran siendo un recurso posible en futuros interrogatorios.

Los antecedentes de Sessions en temas de justicia penal son mixtos, señaló Human Rights Watch. Ha apoyado reformas importantes como la Ley sobre Penas Justas (Fair Sentencing Act), que redujo las disparidades en las condenas impuestas por crack y cocaína en polvo e introdujo la Ley sobre Reforma de Condenas por Drogas (Drug Sentencing Reform Act) de 2001, que tuvo objetivos similares. También impulsó la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (Prison Rape Elimination Act), que abordó las agresiones sexuales en contextos de detención. Sin embargo, más recientemente, se opuso a la Ley sobre Reforma de Condenas y Asuntos Correccionales (Sentencing Reform and Corrections Act), impulsada por ambas bancadas. Entre otras reformas modestas, esta ley habría reducido la condena mínima obligatoria impuesta a quienes incurran por tercera vez en delitos relacionados con drogas, de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional a 25 años de prisión.

Como fiscal general, Sessions estaría a cargo de los jueces inmigratorios de primera y segunda instancia que deciden los casos de deportación. El Fiscal General tiene la atribución de contratar y despedir a estos jueces y de cambiar el modo en que interpretan la ley inmigratoria, entre otras cosas, modificando la disponibilidad del asilo y otras modalidades de amparo.

Como senador, Sessions se ha opuesto férreamente a legalizar a residentes no autorizados, y ha impulsado una ley que obstaculizaría la posibilidad de que menores migrantes no acompañados pidan protección en EE. UU. También ha apoyado iniciativas para que las fuerzas locales de policía intervengan en la aplicación de la ley inmigratoria, particularmente la ley sobre inmigrantes de 2011 de Alabama, que negó a los inmigrantes no autorizados protección igualitaria en el estado y exigió que la policía determinara la situación inmigratoria de todos aquellos a quienes detuviera.

Sessions ha expresado posiciones alarmantes con respecto a derechos de la mujer y de personas LGBT, lo que incluye haberse opuesto a la Ley sobre Violencia contra las Mujeres (Violence Against Women Act), apoyar una reforma constitucional contra el matrimonio de personas del mismo sexo y oponerse a que las personas LGBT fueran incluidas en la legislación sobre delitos de odio y a la derogación de la política conocida como “No preguntes, no digas” en las fuerzas armadas.

Con respecto al video del programa Access Hollywood en el que se escucha al presidente electo Trump ufanándose de tocar a las mujeres por la “vagina”, Sessions dijo a un periodista que: “Yo no califico eso como agresión sexual. Creo que sería ir demasiado lejos”. Cuando el periodista le pidió que aclarara lo dicho preguntándole “Entonces, si tocas los genitales de una mujer, ¿eso no sería agresión sexual?”, Sessions respondió “No lo sé”.

Este diálogo pareciera poner en evidencia una actitud de negación frente a las agresiones sexuales, que resulta sumamente inquietante considerando que sería el máximo funcionario de aplicación de la ley de la nación. El Fiscal General tiene la responsabilidad de hacer cumplir el Título IX de las Reformas Educativas (Education Amendments) de 1972, que prohíben la discriminación por motivos de sexo en los programas educativos que reciben fondos del gobierno federal. El Departamento de Justicia ha aplicado esta ley para garantizar que las universidades atiendan seriamente los casos de agresión sexual y violación.

Al igual que Sessions, Pompeo también en el pasado ha efectuado declaraciones a favor del uso de la tortura. Esto permite dudar de la prudencia de designarlo al frente de un poderoso organismo de inteligencia que actúa con absoluta reserva, y que recién concluyó su propio programa de tortura poco tiempo atrás, un acontecimiento que, de hecho, Pompeo lamentó públicamente.

En 2013, Pompeo habría criticado a religiosos musulmanes por no haberse pronunciado de manera suficientemente enérgica contra los atentados con explosivos en la maratón de Boston, y habría sugerido que serían “cómplices” en los atentados si no lo hacían. De hecho, numerosos líderes de comunidades musulmanas habían repudiado abiertamente los atentados de Boston y otros hechos similares.

De ser confirmado, Pompeo heredaría el mando de la CIA en un momento en que EE. UU. está llevando a cabo ataques letales, a menudo con drones, en varios países musulmanes, como Afganistán, Pakistán, Libia, Somalia y Yemen.

“Sessions y Pompeo han tomado posiciones que permiten dudar de su interés en que se respeten los derechos”, señaló McFarland. “El Senado debería considerar seriamente estas inquietudes, investigar sus antecedentes y exigirles que repudien cualquier política abusiva”.