Protesters march in Banjul on April 16, 2016 following the death in custody of opposition activist Solo Sandeng.

(Nairobi) – La represión de opositores políticos por el gobierno de Gambia en los meses previos a los comicios presidenciales del 1 de diciembre de 2016 podría frustrar la posibilidad de que se desarrollen elecciones justas, aseveró Human Rights Watch en un informe difundido hoy.

El informe de 43 páginas, “More Fear Than Fair: Gambia’s 2016 Presidential Election” (Temor y ausencia de condiciones justas en las elecciones presidenciales de 2016 en Gambia), describe cómo el gobierno del presidente Yahya Jammeh, que asumió tras un golpe de Estado en 1994, ha usado la represión de opositores, el control total de los medios estatales y los recursos públicos con fines de propaganda, para asegurarse una ventaja política en las elecciones. Las autoridades han amenazado, detenido arbitrariamente, encarcelado y torturado a miembros de partidos políticos de oposición. Desde abril, más de 90 activistas opositores han sido arrestados por participar en manifestaciones pacíficas, y 30 de ellos han sido condenados a penas de tres años de prisión. Dos activistas opositores han muerto mientras se encontraban detenidos.

“El gobierno de Jammeh amenaza, golpea y tortura a miembros de partidos opositores por ejercer sus derechos básicos, y esto disipa cualquier esperanza de que se lleve a cabo una elección justa”, apuntó Babatunde Olugboji, subdirector de programas de Human Rights Watch. “A menos que mejore la situación, los donantes internacionales de Gambia deberían aplicar sanciones específicas contra altos funcionarios implicados en los abusos”.

The Gambian government’s repression of the political opposition in the months prior to the  December 1, 2016 presidential election threatens the fairness of the election.

El informe se elaboró a partir de más de 100 entrevistas llevadas a cabo en Gambia, Senegal y Estados Unidos entre marzo y septiembre de 2016. Human Rights Watch entrevistó a miembros de partidos políticos, periodistas, líderes de organizaciones no gubernamentales, abogados, empleados públicos jubilados de Gambia, ex miembros de las fuerzas de seguridad y diplomáticos extranjeros. Human Rights Watch envió una nota al gobierno de Gambia el 19 de octubre, con un resumen de las conclusiones del informe, pero no ha recibido contestación.

En los últimos 22 años, el presidente Jammeh y las fuerzas de seguridad de Gambia han perpetrado desapariciones forzadas, torturas, actos de intimidación y detenciones arbitrarias para reprimir el disenso y mantenerse en el poder, indicó Human Rights Watch. Y han repetido estas prácticas de cara a los comicios de este año.

La muerte en abril del activista opositor Solo Sandeng, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia de las autoridades, fue un presagio de la embestida represiva que se lanzaría contra la oposición y que afectó principalmente al partido opositor más importante de Gambia, el Partido Democrático Unido (United Democratic Party, UDP). Sandeng fue arrestado el 14 de abril mientras encabezaba una manifestación en reclamo de una reforma electoral. Fue llevado a la sede central del Servicio Nacional de Inteligencia, donde murió a causa de una brutal golpiza. El gobierno dispersó otras dos manifestaciones el 16 de abril y el 9 de mayo, y detuvo a decenas de manifestantes, uno de los cuales murió posteriormente durante la detención.


Muchos otros manifestantes detenidos dijeron que sufrieron golpizas y torturas mientras estuvieron a disposición del servicio de inteligencia. Fatoumatta Jawara refirió en una declaración jurada: “Me llevaron a un lugar oscuro. Me desvistieron y me golpearon con tanta violencia que perdí el conocimiento”.

Desde la protesta del 14 de abril, Jammeh ha proferido amenazas contra partidos de oposición en reiteradas oportunidades. “Voy a advertirle a esta plaga nefasta llamada oposición”, dijo en mayo. “Si pretenden desestabilizar a este país, voy a sepultarlos”.

La retórica provocativa de Jammeh ha alentado a miembros de la Policía y del Ejército a aplicar un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Cuando un manifestante fue liberado bajo fianza tras su detención en mayo, un alto funcionario policial le advirtió: “Más le vale que tenga cuidado, ya que todo lo que diga, nosotros lo sabremos. En la cárcel, las personas están seguras... Usted está afuera, así que corre más peligro, y lo estamos observando”.

Los partidos de oposición también se han visto limitados por el plazo de dos semanas fijado legalmente para la campaña electoral, el único período durante el cual los partidos opositores podrán recibir algún tipo de cobertura efectiva en medios de radio y televisión estatales. Si bien Gambia cuenta con numerosos periódicos y estaciones de radio de propiedad privada, son muchos los periodistas que moderan su cobertura informativa con respecto al gobierno para evitar represalias.

El presidente Jammeh y el partido gobernante, la Alianza para la Reorientación y la Reconstrucción Patriótica (Alliance for Patriotic Reorientation and Construction, APRC) también han empleado habitualmente los recursos del Estado con fines de campaña, incluidos vehículos y edificios gubernamentales, y han movilizado a empleados públicos y miembros de las fuerzas de seguridad para que colaboraran con la reelección de Jammeh.

El gobierno de Gambia debería disponer la liberación inmediata de todos los manifestantes pacíficos, iniciar una investigación transparente e imparcial de las muertes de opositores ocurridas bajo custodia, permitir que los partidos de oposición accedan a medios de comunicación estatal fuera del período oficial de campaña y terminar con el uso de recursos públicos con fines de campaña. El gobierno debería además asegurar que las fuerzas de seguridad respeten el derecho de la oposición a llevar a cabo campañas de manera libre y pacífica, sin temor a ser hostigados o detenidos.

Los principales donantes internacionales que otorgan fondos a Gambia deberían fijar parámetros claros que el gobierno debería cumplir en el período previo a las elecciones. En caso de inobservancia de tales parámetros, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) debería suspender la participación de Gambia en sus órganos de toma de decisiones, y EE. UU. y la Unión Europea deberían aplicar restricciones de viaje, inmovilización de activos y otras sanciones específicas contra altos funcionarios que estén implicados en violaciones de derechos humanos.

“Las elecciones deberían ser un momento en el cual los gambianos de todos los signos políticos puedan tener una oportunidad de que se escuche su voz”, expresó Olugboji. “Para asegurar a las organizaciones opositoras que pueden actuar sin temor, el gobierno debería liberar inmediatamente a los miembros que fueron encarcelados injustamente, asegurarles un acceso inmediato a los medios de comunicación gubernamentales e investigar de manera imparcial las muertes ocurridas bajo custodia”.