El 1° de noviembre, en un momento en que Venezuela enfrenta una grave crisis política, económica y social, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne para evaluar el deplorable record de derechos humanos del gobierno. Esta es una oportunidad ideal para presionar a un gobierno que le ha fallado tan tristemente a su pueblo. 

Los pacientes en un hospital en Valencia, estado de Carabobo, compartían el último tanque de oxígeno; sin suministro de oxígeno, a los médicos no les resulta posible realizar muchas cirugías, julio de 2016. 

Hace cuatro años, durante el anterior Examen Periódico Universal de Venezuela, el gobierno venezolano rechazó recomendaciones clave emitidas por otros estados miembro de la ONU para “luchar activamente contra el abuso de poder por las fuerzas de seguridad,” abordar la falta de independencia judicial en el país, “abolir la práctica de utilizar el sistema judicial para acallar las críticas” y respetar la libre expresión, entre otras. Esto significó que en la práctica el gobierno de Venezuela estaba negando que estos problemas, que eran muy reales, siquiera existían. 

Desde entonces, la situación en Venezuela solo ha empeorado, según una presentación que realizó Human Rights Watch ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El gobierno se ha aprovechado de la falta de independencia judicial para perseguir penalmente y detener arbitrariamente a opositores políticos y críticos, para despojar a la Asamblea Nacional con mayoría opositora de sus facultades, y para frenar un referéndum revocatorio contra la presidencia de Nicolás Maduro. Las fuerzas de seguridad han cometido graves abusos contra manifestantes y transeúntes, incluyendo casos de tortura, que no han sido investigados ni sus responsables sancionados. Algunos funcionarios públicos han intimidado o sancionado a medios de comunicación independientes y a defensores de derechos humanos. Venezuela, además, se encuentra sumida en una profunda crisis humanitaria debido a la grave escasez de medicinas e insumos médicos básicos y comida.

No existen instituciones estatales independientes en Venezuela que puedan proteger a los ciudadanos de un gobierno que viola derechos fundamentales e ignora principios democráticos básicos. El Defensor del Pueblo ha dejado de proteger derechos humanos y ha permanecido en silencio ante los abusos del gobierno. Mientras tanto, el gobierno ha intentado limitar el escrutinio de su pobre récord de derechos humanos, al prohibir desde hace más de una década las visitas de expertos de Naciones Unidas al país y al denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dejando así a los venezolanos sin acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2013. 

Ya ha pasado demasiado tiempo para que los líderes a nivel global alcen sus voces con fuerza para defender al pueblo venezolano y obligar al gobierno a que rinda cuentas por sus prácticas autoritarias y abusivas. La sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una oportunidad de oro que no debe ser desperdiciada.

El gobierno venezolano ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la grave crisis de escasez de medicamentos esenciales y comida que existe en el país.