El próximo año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe evaluar la situación de derechos humanos en Ecuador, en el marco de un proceso denominado Examen Periódico Universal. A Ecuador deberían pedirle que explique por qué no ha implementado recomendaciones clave que aceptó durante el examen anterior, que tuvo lugar en 2012, incluyendo aquellas para controlar efectivamente a sus fuerzas policiales y proteger la libertad de expresión y de asociación.
Todos los países miembros de la ONU son objeto de un examen periódico por parte de otros países, durante el cual se evalúa si cumplen con estándares internacionales de derechos humanos. Los países toman en cuenta la información proporcionada por órganos de la ONU, la sociedad civil y el gobierno evaluado, y formulan diversas recomendaciones orientadas a atender los problemas identificados. Un país objeto de examen puede aceptar o rechazar las recomendaciones, y cuenta con cuatro años para implementar aquellas que acepta.
En 2012, Ecuador manifestó que su Policía Nacional “respet[aría] todos los derechos humanos”. Sin embargo, han persistido los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas contra manifestantes y transeúntes, y estos hechos siguen quedando impunes.
Ecuador asumió el compromiso de garantizar que su población pudiera “ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica”. Sin embargo, los fiscales han presentado imputaciones desproporcionadas contra manifestantes, acusándolos de cometer supuestos actos violentos e imputándoles cargos como sabotaje, terrorismo y rebelión.
Ecuador aceptó recomendaciones para proteger la libertad de expresión. A pesar de ello, en 2013, el Presidente Rafael Correa refrendó una Ley Orgánica de Comunicación que otorgó amplios poderes a su gobierno para a castigar a medios de comunicación independientes, y su administración ha ejercido reiteradamente esta facultad con el propósito de conseguir una cobertura informativa favorable.
Ecuador manifestó que protegería el derecho de reunión. No obstante, en 2013, el presidente dictó un decreto que concedía a su gobierno amplias facultades para intervenir en el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. El gobierno ha empleado el decreto para disolver a una organización ambiental y al sindicato docente más grande y antiguo del país.
Estas son tan sólo algunas de las inquietudes planteadas por Human Rights Watch en una presentación realizada a principios de este mes, en la cual se insta a los estados a evaluar el pobre desempeño de Ecuador en materia de derechos humanos y el incumplimiento de los compromisos expresados la última vez.
El próximo examen ofrece una oportunidad para que el Consejo de Derechos Humanos exija que el gobierno ecuatoriano rinda cuentas por haber ignorado compromisos clave que asumió hace cuatro años. Los estados miembros de la ONU deberían exigir resultados y un compromiso demostrable con los derechos fundamentales que están siendo cercenados por el gobierno ecuatoriano.
