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Pese a su mandato de mantener la paz y proteger a las personas en los países asolados por la guerra, en algunos casos los propios soldados de paz de la ONU resultaron haber cometido abusos. Las muy publicitadas alegaciones de explotación y abuso sexual por parte de las tropas de paz en la República Centroafricana han vuelto a poner en el punto de mira las preocupaciones de larga data de que las fuerzas de mantenimiento de la paz violan los derechos de aquellos a los que supuestamente deben proteger.

Mujeres caminan por delante de un vehículo blindado de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas estacionado delante de una escuela, utilizada como centro electoral al final de las elecciones presidenciales y legislativas, en el barrio mayoritariamente musulmán de PK5 en Bangui, la capital de la República Centroafricana, el 14 de febrero de 2016.  © 2016 Reuters

Ahora la primera resolución de la historia de la ONU sobre la explotación y el abuso sexual por parte de sus fuerzas de paz ofrece una herramienta adicional para asegurar que rindan cuentas. También brinda la esperanza de que los sobrevivientes de esos abusos reciban el apoyo que necesitan.

El 11 de marzo el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó su resolución sobre el abuso y la explotación sexual, diseñada para prevenir la violencia sexual cometida por cascos azules de la ONU. Además de abordar la rendición de cuentas de presuntos delincuentes, la resolución 2272 también pide asistencia médica y psicológica para los supervivientes de violencia sexual. En los días anteriores a las negociaciones, Human Rights Watch presionó para asegurarse de que la resolución pedía un apoyo integral para los supervivientes de violencia sexual e urgió a la ONU a que dé prioridad a su seguridad y bienestar.

A pesar de una política de más de 10 años de la ONU de “tolerancia cero” hacia los abusos cometidos por las tropas de paz, Human Rights Watch documentó recientemente casos de explotación y abuso sexual por parte de cascos azules en la República Centroafricana. Concluimos que los recursos limitados y la ausencia de una respuesta clara y coordinada por parte de los organismos de la ONU ocasionaron retrasos no sólo a la hora de denunciar los abusos sino también de asegurar el acceso a servicios críticos a los supervivientes. La falta de apoyo a los supervivientes también fue destacado en un informe de 2015 de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, el organismo de control interno de la ONU, que halló que muy pocas víctimas de explotación y abuso sexual “recibieron asistencia por culpa de la falta de financiación específica y la lentitud del proceso de ejecución”.

Conforme los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU comenzaron las negociaciones para una nueva resolución, Human Rights Watch urgió a que los responsables de abusos fueran llevados ante la justicia y que las víctimas recibieran asistencia. Ofrecimos un análisis del nuevo informe del Secretario General sobre los abusos de las tropas de paz, así como recomendaciones concretas para garantizar que los organismos de la ONU den prioridad en su respuesta a los supervivientes, por ejemplo, manteniendo su confidencialidad, minimizando el riesgo de repetir el trauma con múltiples entrevistas y asegurando un rápido acceso a la atención médica y psicosocial. Estas medidas estaban ausentes en las políticas anteriores.

La resolución final adoptada por el Consejo de Seguridad incluyó nuestras recomendaciones para los supervivientes casi de manera literal, brindando así una herramienta adicional de rendición de cuentas para las víctimas y aquellos que abogan por sus derechos.

Todavía queda mucho por hacer para prevenir y responder a la explotación y el abuso sexual por parte de las tropas de paz de la ONU y demás personal. Garantizar que los supervivientes reciben la protección y los servicios que merecen es esencial, y la inclusión del apoyo a los supervivientes en la resolución 2272 supone un paso en la dirección adecuada.

 

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