(Washington) – Los dos proyectos legislativos que fueron debatidos por el Senado de Estados Unidos el 6 de julio de 2016 agravarían aún más el carácter disfuncional del sistema inmigratorio estadunidense y debilitarían la aplicación de la ley en los estados y a nivel local, señaló hoy Human Rights Watch.
El Senado aborda un proyecto impulsado por el senador Patrick Toomey de Pennsylvania, que sancionaría económicamente a las jurisdicciones locales que opten por no dar intervención a la policía local en las acciones federales de control inmigratorio. También, el Senado debate un proyecto legislativo propuesto por el senador Ted Cruz de Texas, que establecería penas más severas para el delito de “ingreso ilegal reincidente”.
“Con el argumento de la seguridad, dos senadores están proponiendo leyes que podrían tener como resultado que las comunidades estadounidenses sean menos seguras”, expresó Antonio Ginatta, director de incidencia del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Uno de los proyectos pondría más presión aún sobre el sistema penitenciario federal, que ya está desbordado, y el otro contribuiría a que haya menos probabilidades de que numerosas víctimas de delitos llamen al 911; es decir, se trata de una doble embestida”.
El proyecto Toomey (S.3100 – denominado “Ley para Detener las Ciudades Santuario Peligrosas” [Stop Dangerous Sanctuary Cities Act]) procura presionar a las jurisdicciones locales para que presten asistencia en la aplicación de los controles federales de inmigración. El proyecto penaliza las “jurisdicciones santuario”, negándoles el acceso a fondos federales. Según la definición del proyecto, las jurisdicciones santuario son cualquier gobierno estatal o local que haya adoptado políticas que no permitan a sus funcionarios colaborar con acciones federales de control inmigratorio en determinadas circunstancias.
El proyecto procura impedir que las jurisdicciones adopten leyes —a menudo llamadas Leyes TRUST— que imponen algunos límites a la posibilidad de los funcionarios de colaborar con acciones de control inmigratorio. Por ejemplo, varios gobiernos estatales y locales cuentan con leyes y políticas que permiten dar cumplimiento a los pedidos federales de retener a una persona con fines inmigratorios, únicamente cuando esta haya sido acusada o condenada en relación con un delito grave.
Human Rights Watch ha documentado reiteradamente el perjuicio que puede suponer para la seguridad pública que los inmigrantes eviten el contacto con las autoridades de aplicación de la ley, cuando temen que la policía local actúe en calidad de agentes del gobierno federal para aplicar las leyes inmigratorias. Los trabajadores migrantes podrían quedar expuestos a un riesgo mayor de agresión sexual, y otras comunidades de inmigrantes podrían temen denunciar delitos.
“Convertir a policías de patrulla en agentes inmigratorios sirve solamente para que los inmigrantes sientan temor de la policía”, afirmó Ginatta. “Y cuando las comunidades tienen miedo de la policía, esto perjudica la seguridad pública”.
El proyecto Cruz (S.2193 – la “Ley para Detener el Ingreso Ilegal Reincidente” [Stop Illegal Reentry Act]) establece penas más severas para las condenas por reingreso ilegal. Actualmente, si una persona sin antecedentes penales graves es condenada por haber ingresado nuevamente en Estados Unidos luego de que se le negara la posibilidad de entrar al país o de haber sido deportada, la pena máxima prevista es de dos años de prisión. El proyecto Cruz elevaría el máximo a cinco años. En el caso de personas que han cometido ciertos delitos graves, el proyecto Cruz establecería una pena mínima obligatoria de cinco años. La pena mínima obligatoria de cinco años también se aplicaría a personas que tengan dos condenas anteriores por ingreso ilegal reincidente.
Estas penas más severas se extenderían a todas las categorías de inmigrantes, incluidas las personas que intentan reunirse con familiares en Estados Unidos. Human Rights Watch ha documentado evidencias de que, con frecuencia, las penas severas no representan un factor de disuasión para estas categorías de inmigrantes. La mayoría de los procesos penales que se impulsan en la justicia federal de Estados Unidos son por motivos inmigratorios.
Aumentar las penas para supuestos de ingreso ilegal reincidente podría tener serias consecuencias para las familias, incluidos miles de niños con ciudadanía estadounidense que han sido separados de sus padres, que son ciudadanos extranjeros, expresó Human Rights Watch. Según estimaciones de Human Rights Watch, en 2011 y 2012, el 15 por ciento de las personas que fueron detenidas en la frontera —más de 101.900 personas— eran padres de un hijo con ciudadanía estadounidense. La Comisión de Determinación de Sentencias de Estados Unidos (US Sentencing Commission) comprobó que casi el 50 por ciento de las personas condenadas por ingreso reincidente tienen hijos que viven en EE. UU.
“Las penas mínimas obligatorias para casos de reingreso ilegal privarían a los jueces de la capacidad de determinar que muchas personas que ingresan de nuevo en el país no deberían estar en prisión”, sostuvo Ginatta. “Estos proyectos legislativos son contraproducentes y agravarían aún más el carácter disfuncional que ya presenta el sistema inmigratorio estadounidense”.
