Chile es uno de los pocos países que penaliza el aborto sin excepción. Inducir un aborto conlleva una condena de hasta cinco años de cárcel para quien lo provoque, ya sea la mujer embarazada, un profesional médico o cualquier otra persona. Entre 2010 y 2013, se imputó a 166 mujeres por delitos vinculados con abortos.

Estas leyes excesivamente rigurosas han tenido consecuencias devastadoras para las mujeres chilenas: según datos del propio gobierno, más de la mitad de las 54 mujeres que murieron en 2012 debido a complicaciones de su embarazo habrían sobrevivido si se les hubiera permitido someterse a un aborto legal. Entre 2001 y 2012, más de 390.000 mujeres y jovencitas terminaron hospitalizadas debido a complicaciones relacionadas con abortos tanto provocados como espontáneos. La nueva ley permitiría que muchas mujeres y jovencitas en situación similar eviten abortos clandestinos y peligrosos.

Diversos organismos y expertos de derechos humanos internacionales han criticado a Chile durante años por estas restricciones indebidas a los derechos humanos de las mujeres. Es una excelente noticia para las mujeres que el gobierno esté próximo a reformar estas leyes.

Si bien es entendible que personas razonables tengan opiniones diferentes con respecto al aborto, los gobiernos deberían garantizar que se respeten los derechos humanos. Tienen la responsabilidad de asegurar que las mujeres embarazadas en situaciones vulnerables y peligrosas no se conviertan en víctimas fatales del debate público sobre aborto. Chile dio ayer un paso crucial para proteger los derechos humanos de las mujeres. Ahora le corresponde actuar al Senado.