El 6 de diciembre, los venezolanos concurrieron a las urnas y votaron a favor de un cambio. A pesar de la desigualdad de condiciones en la campaña electoral, la intimidación hacia candidatos opositores, la falta de independencia del Consejo Nacional Electoral y la ausencia de una observación internacional significativa de las elecciones, la oposición consiguió una “supermayoría” —112 de 167 escaños— en la Asamblea Nacional.
Alguien podría suponer que este resultado demuestra que en Venezuela existe una democracia vigorosa. Pero lo cierto es que la gobernabilidad democrática no se limita a respetar la “voluntad del pueblo”, como lo expresa la Declaración Universal de Derechos Humanos. No basta con celebrar elecciones ni tampoco con aceptar el resultado de una votación—y, en este caso, el triunfo abrumador de la oposición habría sido realmente difícil de ocultar. La gobernabilidad democrática también exige el respeto del principio fundamental de separación de poderes, y el actual gobierno venezolano no comparte esta opinión.
Desde el copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia en 2004 —cuando se incrementó la cantidad de magistrados de 20 a 32 y se designó a incondicionales para cubrir las vacantes— el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. El Tribunal Supremo ha rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, y en reiteradas decisiones ha validado el creciente desprecio del gobierno por derechos fundamentales. Esta falta de independencia se extiende a la totalidad del poder judicial; más del 60 por ciento de los jueces de tribunales inferiores no gozan de estabilidad en el cargo y pueden ser destituidos sin garantías de debido proceso por una comisión del Tribunal Supremo.
Las autoridades venezolanas han usado la falta de independencia del sistema judicial para castigar a medios de comunicación y perseguir penalmente a críticos, incluidos prominentes opositores políticos como Leopoldo López.
En la última década, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional ha continuado copando políticamente al Tribunal Supremo. Existen actualmente 18 vacantes, incluidas las generadas por 13 magistrados que pidieron el retiro en octubre, aparentemente un año antes de que concluyera su mandato. Los legisladores oficialistas salientes cuentan con la mayoría simple que necesitan para nombrar a los magistrados, pero necesitarían acelerar los plazos para poder hacerlo antes de que asuma la nueva Asamblea.
Esto garantizaría la continuidad por muchos años más de un Tribunal Supremo chavista, que cuenta con una Sala Constitucional con potestad para anular leyes que sean promulgadas por la Asamblea Nacional, como por ejemplo leyes que reformen el poder judicial o que reviertan procesos penales de persecución política.
Los gobiernos latinoamericanos, y Brasil en particular, serán clave para asegurar que la voluntad de los venezolanos que acudieron a las urnas el domingo no se vea menoscabada por intentos cínicos del gobierno venezolano para debilitar todavía más el estado de derecho.
La Carta Democrática Interamericana de 2001 autoriza a la OEA a responder activamente a amenazas al orden democrático en sus estados miembros. Estipula que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen “la separación e independencia de los poderes públicos”.
El Protocolo de Ushuaia del Mercosur reconoce que “la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable” para la integración de los estados parte. El Protocolo de Montevideo reitera que el compromiso de los estados miembros “con la promoción, la defensa y protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales” son “condiciones esenciales e indispensables” para pertenecer al bloque.
Considerando el papel de Brasil en la región y su aspiración de convertirse en un actor con relevancia global, el gobierno brasileño tiene la responsabilidad fundamental de asegurar que estos acuerdos internacionales sean debidamente respetados.
En noviembre, tras un largo silencio y recién después de que un dirigente de oposición fuera asesinado durante un evento de campaña, el gobierno de Rousseff emitió una contundente declaración pública instando a las autoridades venezolanas a asegurar que las elecciones transcurrieran de manera “limpia y pacífica” y que se respetara plenamente la “voluntad soberana”. Brasil debería ahora apoyar y promover esfuerzos para que Venezuela no avance con el inminente copamiento político del Tribunal Supremo. De lo contrario, el mandato democrático que surge de los resultados electorales sería grotescamente burlado.
