(Los Ángeles) – El veto por el gobernador de California Jerry Brown de uno de dos proyectos legislativos sobre la situación de los inmigrantes acusados por tenencia de drogas expone a muchos de ellos al riesgo de ser detenidos y deportados, señaló hoy Human Rights Watch. Brown refrendó uno de los proyectos, que posibilita que los inmigrantes eviten ser deportados por delitos de baja gravedad vinculados con drogas, pero vetó el otro el 8 de octubre de 2015.
Si bien la promulgación del Proyecto de la Asamblea Legislativa (Assembly Bill, AB) 1352 representa un primer paso importante para garantizar paridad de condiciones a inmigrantes procesados por tenencia de drogas, el veto al AB 1351 implica que los inmigrantes siguen expuestos a ser detenidos y deportados debido a que deben declararse culpables para ingresar a un programa de rehabilitación por drogas, indicó Human Rights Watch. Es habitual que el gobierno de Estados Unidos actúe para deportar a personas que han sido condenadas por delitos vinculados con drogas, incluidos ilícitos que se cometieron hace décadas, o en los cuales no se aplicaron penas de prisión o estas fueron ínfimas. La promulgación de ambos proyectos habría garantizado que los inmigrantes tuvieran las mismas oportunidades que los ciudadanos estadounidenses de beneficiarse con programas destinados a sacar del sistema penitenciario y remitir a programas de tratamiento a personas que han cometido delitos vinculados con drogas.
Conforme a la legislación de California, los participantes que completan satisfactoriamente un programa de rehabilitación por drogas conocido como Inscripción Diferida de Sentencia (Deferred Entry of Judgment) se benefician con el desistimiento de los cargos y la eliminación de los antecedentes. Sin embargo, dado que para poder entrar al programa deben antes declararse culpables, se considera que tanto los residentes permanentes (es decir, quienes poseen la denominada “green card” [tarjeta de residencia]) como los inmigrantes no autorizados tienen una condena que puede conllevar su deportación y detención obligatorias por aplicación del derecho federal. Los dos proyectos legislativos habrían contribuido a evitar que los inmigrantes que completaran satisfactoriamente el programa recibieran una condena conforme al derecho federal.
Ambos proyectos fueron aprobados por la legislatura del estado de California en septiembre. El AB 1351, que fue vetado por Brown, habría reformado el programa de Inscripción Diferida de Sentencia para posibilitar que el acusado se declare no culpable antes de comenzar un programa de rehabilitación por drogas, y evite así una condena conforme a la legislación inmigratoria federal. En su mensaje emitido junto con el veto, Brown manifestó su preocupación de que el proyecto eliminara el incentivo para continuar el tratamiento, ya que la declaración de culpabilidad tendría como resultado la imposición de una sentencia de culpabilidad cuando el acusado no completara el programa.
Sin embargo, el AB 1351 no eliminaba la posibilidad de que prosiguiera el procesamiento de quienes no continuaran el tratamiento, y habría creado un incentivo adicional para que los ciudadanos extranjeros permanecieran en tratamiento, y que no es otro que la posibilidad de evitar ser deportados. Como resultado, se considera automáticamente que los ciudadanos extranjeros que se declaran culpables para ser admitidos a programas de rehabilitación tienen una condena por drogas que puede conllevar su detención y deportación obligatorias.
El proyecto AB 1352, que fue finalmente promulgado, permitirá que personas que ya han concluido satisfactoriamente el programa se retracten de su declaración de culpabilidad cuando enfrenten la privación o pérdida del empleo u otros beneficios, incluida la posibilidad de permanecer en EE. UU., debido a haberse declarado culpables anteriormente. El proyecto supone un cambio sustancial, al permitir que los inmigrantes que hayan completado el programa puedan conseguir que se elimine su prontuario penal, aunque esto ocurriría tras un año desde su declaración inicial de culpabilidad, lo cual incrementa sus posibilidades de permanecer en EE. UU.
Muchas de las personas que el gobierno estadounidense sujeta a procedimientos de deportación cuentan con tarjetas de residencia (green cards) o son inmigrantes con vínculos afianzados en EE. UU. Han aumentado los casos de deportación de personas que no son ciudadanas estadounidenses por tenencia de drogas. Según datos proporcionados a Human Rights Watch por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, las deportaciones de ciudadanos extranjeros cuya condena más grave fue por tenencia de drogas aumentaron un 43 por ciento entre 2007 y 2012.
“Son numerosos los legisladores en los estados y en el ámbito federal que han apoyado reformas en materia de políticas sobre drogas, pero pocos han reconocido el modo en que tales reformas a menudo excluyen a los inmigrantes”, manifestó Meng. “Si bien ha sido una decepción que el gobernador no refrendara ambos proyectos, California y otros estados deberían continuar luchando por una reforma en materia de drogas que incluya a todos sus residentes”.
