Edel Gonzalez was 16 in this photo and at the time of his crime.

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La primera persona en obtener una revisión a su condena y beneficiarse de las leyes promulgadas recientemente en California sobre delitos cometidos por menores será liberada durante la semana del 16 de marzo de 2015, señalaron hoy Human Rights Watch, el Post-Conviction Project de la University of Southern California (USC) y el estudio de abogados Irell & Manella LLP. La aplicación de las nuevas leyes es un indicio de que Estados Unidos está avanzando en materia de condena de menores, armonizando su postura con la tendencia mundial, según observaron las organizaciones.

Funcionarios de California determinaron que Edel González, quien había sido condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito que cometió en 1991 cuando tenía 16 años, será puesto en libertad próximamente. Los 20 años transcurridos en prisión con un comportamiento intachable y la reciente sanción de las dos normas permitieron que pudiera obtener la libertad condicional.

“En vez de encerrar a adolescentes de manera irreversible, las nuevas leyes de California exigirán que los jueces consideren no solo que la persona era menor al momento del delito, sino además las decisiones que ha tomado desde entonces”, observó Elizabeth Calvin, defensora sénior de derechos de los niños de Human Rights Watch. “Edel González es un ejemplo de que los jóvenes pueden cambiar completamente el rumbo de su vida”.

En 2012, la Corte Suprema de EE. UU. determinó en Miller v. Alabama que la imposición obligatoria de la pena de prisión perpetua no excarcelable a menores era contraria a derecho. El Tribunal Supremo de California falló en este mismo sentido en 2014, al resolver en People v. Gutiérrez que los tribunales responsables de individualizar la pena deben tomar en cuenta una variedad de factores relativos al estatus especial de los menores. Entre otras cuestiones, los tribunales reconocieron que, en el caso de los adolescentes, su desarrollo se encuentra inconcluso en modos que son relevantes a efectos de la culpabilidad.

Diversos estados de EE. UU. han enfrentado dificultades para aplicar en la práctica las directivas de estos tribunales. No obstante, las normas promulgadas recientemente en California muestran que es factible implementar un proceso que considere las circunstancias particulares, aseveraron las organizaciones. Conforme a las nuevas leyes, la excarcelación requiere la aprobación de un juez, de los integrantes de la junta que examina los pedidos de libertad vigilada y, en última instancia, del gobernador.

“La condena a prisión perpetua sin excarcelación implica negar para siempre la posibilidad de salir de prisión”, explicó la profesora Heidi Rummel, codirectora del Post-Conviction Justice Project de USC Gould School of Law. “Sin embargo, cada vez es más abundante la jurisprudencia de altos tribunales de justicia y la fuerza persuasiva de la opinión científica que se opone al uso de esta condena, cuando la persona haya tenido menos de 18 años en el momento en que delinquió”.

González fue el primer caso al amparo de la Ley sobre Penas Justas para Menores (Fair Sentencing for Youth Act), o Proyecto del Senado 9, que se promulgó en 2012. En diciembre de 2013, la justicia dictó una nueva sentencia que admitía la posibilidad de libertad condicional. Una vez que reunió los requisitos para la libertad vigilada, González pudo hacer valer el beneficio conforme al Proyecto del Senado 260, que entró en vigor en 2014, y que exige a los miembros de la junta encargada de evaluar los pedidos de libertad vigilada que consideren la culpabilidad atenuada de los menores al momento del delito.

Human Rights Watch contribuyó a impulsar una campaña para revertir la aplicación de penas de prisión extremas a menores en California. González obtuvo representación letrada ad honórem del estudio Irell & Manella LLP, al cual fue derivado por el Post-Conviction Justice Project de la University of Southern California. El proyecto intervino en carácter de asesores letrados adjuntos en el proceso de solicitud de libertad condicional.

“Nos complace enormemente que el gobernador Jerry Brown, la Junta de Audiencias de Libertad Condicional y el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Orange hayan reconocido separadamente la notable transformación que consiguió a lo largo de 24 años nuestro cliente —a quien representamos pro bono— y que pasó de ser un joven inmaduro, atormentado y con problemas de abuso de alcohol, a ser hoy un hombre de fe que superó las adicciones y no tiene un comportamiento violento, y por ello deseamos extender nuestro agradecimiento a estas autoridades”, manifestó Bryant Yang, quien representó a González en el proceso, y se desempeña como abogado para el estudio Irell & Manella.

Desde 2004, a través de numerosas entrevistas y análisis exhaustivos de datos, Human Rights Watch ha investigado el uso de penas de prisión extremas en casos de personas menores de 18 años, y ha informado sobre las condiciones de reclusión de los jóvenes que son condenados a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional en todo el territorio de Estados Unidos, y en estados específicos como California y Colorado. A través de esta investigación, se identificaron marcadas disparidades raciales en la imposición de esta pena, con una proporción de encarcelamiento per cápita entre los jóvenes de la población negra 10 veces superior a la de los jóvenes caucásicos.

“Las disparidades raciales que resultan patentes en las penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional impuestas a menores, y la severidad de esta pena en contraposición a la ausencia de antecedentes penales de muchos de estos jóvenes, constituyen motivos de peso para dudar de que se trate de medidas justas”, aseveró Calvin. “Sin embargo, la pena es inadecuada en todos los supuestos. Tanto el derecho constitucional como las normas internacionales de derechos humanos reconocen que los menores deben recibir un trato diferente al dispensado a los adultos”.

Ningún otro país condena a personas a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos que cometieron cuando tenían menos de 18 años, ni siquiera en casos de homicidio.

Irell & Manella LLP ha representado a González ad honórem durante casi dos años, y consiguió la primera reconsideración de una pena en virtud del Proyecto del Senado 9, así como su inminente liberación de prisión. Poco después de la promulgación del Proyecto del Senado 9, Irell presentó un recurso de anulación y reconsideración de la pena en representación de González. En una audiencia celebrada en diciembre de 2013, el tribunal dejó sin efecto la sentencia dictada inicialmente y emitió una nueva sentencia que admitía la posibilidad de libertad condicional.

Tras la revisión de la pena, Irell y el Post-Conviction Justice Project acompañaron a González en el proceso de petición de libertad condicional previsto para delitos cometidos por menores. En octubre de 2014, Irell efectuó una presentación ante la Junta de Audiencias de Libertad Condicional y sostuvo que González reunía las condiciones para obtener este beneficio, dado que no representaba una amenaza para la seguridad pública, había demostrado un arrepentimiento genuino y había evidencias contundentes de que se había rehabilitado. Los miembros de la Junta de libertad condicional, y posteriormente el gobernador, estuvieron de acuerdo con esta apreciación.

“Dos años atrás, antes de la intervención de Irell, Edel creía que pasaría el resto de su vida en la cárcel, a pesar de su comportamiento ejemplar en el presidio. Nuestro estudio se enorgullece de haber ayudado a Edel a conseguir su liberación, y es para nosotros un honor haber contribuido a definir el derecho en esta materia y a sentar un nuevo precedente”, afirmó Yang.

Durante más de 30 años, estudiantes de derecho de USC han trabajado bajo la supervisión de profesores en la representación de internos del sistema penitenciario federal y de los estados en cuestiones posteriores a la condena. En 2008, el PCJP amplió su enfoque para abordar la injusticia que supone la imposición de penas extremas a menores. Rummel y sus alumnos de la carrera de derecho viajaron hasta Sacramento para declarar en las audiencias y reunirse con legisladores en apoyo a la Ley sobre Penas Justas para Menores. Los estudiantes que participan en el proyecto representan actualmente a clientes que fueron condenados a prisión perpetua sin perspectivas de libertad condicional por hechos cometidos durante la minoría de edad y piden que se reconsidere la pena, y también representan a menores que han delinquido en el proceso de solicitud de libertad condicional.

“Los estudiantes de derecho aprenden de manera directa que su actuación puede ser determinante para los clientes, y que pueden cambiar el sistema de justicia para mejor”, opinó Rummel.

Rummel remitió el caso de González a Chris Cowan, quien durante sus años como estudiante en la facultad de derecho había participado en el proyecto y que, para entonces, coordinaba la práctica ad honórem del estudio Irell & Manella. Mills, un estudiante de derecho de USC, trabajó en colaboración con los abogados de Irell para preparar con éxito a González para la audiencia de libertad condicional.

Días antes de su liberación, González transmitió un mensaje destinado a los jóvenes que siguen en prisión: “A aquellos que, como yo, pensaron en un momento que no había luz al final del túnel, quiero decirles que sí hay luz y esperanza. No pierdan la fe”.