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Bolivia: Examen Periódico Universal, marzo de 2015

Human Rights Watch considera positiva la posibilidad de debatir sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en ocasión de su segundo Examen Periódico Universal (EPU), durante el cual se abordaron una variedad de asuntos de interés como las restricciones al trabajo de defensores de derechos humanos, la impunidad de violaciones de derechos humanos, los períodos prolongados de prisión preventiva y las limitaciones a los derechos de niños y mujeres.

Human Rights Watch reitera su preocupación con respecto a una ley de marzo de 2013 que regula el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y su correspondiente decreto reglamentario, que concedieron a las autoridades facultades excesivamente amplias para interferir en las actividades de estas organizaciones y tienen un alcance que atenta contra el derecho de libertad de asociación y la posibilidad de defensores de derechos humanos de trabajar de manera independiente. Estas disposiciones autorizan a funcionarios a disolver organizaciones de la sociedad civil por causas que permitirían la adopción de decisiones arbitrarias que respondan a motivos políticos, y restringir el derecho de las organizaciones a determinar libremente el contenido de sus propios estatutos.

El gobierno de Bolivia aceptó varias recomendaciones del EPU orientadas a fortalecer el trabajo y la independencia del poder judicial, así como a reconsiderar las bases legales y la práctica de la detención preventiva. El gobierno inició recientemente un proceso de reforma judicial, que esperamos que contribuya a fortalecer la independencia judicial en el país. No obstante, entre las reformas clave que todavía se encuentran pendientes se incluyen la necesidad de asegurar que los delitos que constituyan graves violaciones de derechos humanos no sean juzgados en el sistema de justicia militar, y la adopción de medidas para revertir el uso extendido de la prisión preventiva, que vulnera los derechos de los acusados y contribuye a agravar la sobrepoblación carcelaria.

Human Rights Watch lamenta profundamente que Bolivia haya rechazado numerosas recomendaciones para erradicar el trabajo infantil y respetar el Convenio 138 de la OIT. El Código Niño, Niña y Adolescente, adoptado en julio de 2014, posicionó a Bolivia en la desafortunada situación de ser el primer país del mundo en legalizar el empleo de menores de 10 años. Esta norma contraviene lo dispuesto por el Convenio 138 de la OIT con respecto a la edad mínima para el empleo, que fue ratificado por Bolivia en 1997.

Human Rights Watch reconoce la importancia de la ley adoptada para combatir la violencia contra la mujer, pero lamenta las demoras que se registran en su implementación. Muchas mujeres y jóvenes de Bolivia todavía enfrentan un alto riesgo de violencia de género.

Human Rights Watch considera alentador que diversos Estados hayan instado a Bolivia a adoptar medidas para abordar los problemas planteados en esta presentación. La participación de Bolivia en el EPU habría sido más provechosa si hubiera asumido compromisos más firmes sobre la base de las recomendaciones recibidas, que podrían facilitar un mayor respeto de derechos humanos fundamentales garantizados en tratados internacionales ratificados por el país. 

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