“Esta es la clase de matemáticas pero ahora no es un aula, sino un búnker militar”, explica una niña del sur de Asia mientras explora el aula de un colegio. En su voz se detecta un tono de desesperanza, con un deje de repulsión. Pero a continuación, lo que se escucha es decepción: “Estaba muy orgullosa de mi ejército, de que el ejército nos protegiera, pero cuando veo mi escuela de esta manera, me avergüenzo de mi ejército”.

El próximo 10 diciembre, la joven que pronunciaba estas palabras viajará a Oslo para recibir el premio Nobel de la Paz.

La escena en el aula es parte de un documental sobre la vida de Malala Yousafzai, filmado en 2009, antes de que los talibanes intentaran acabar con su vida. Las imágenes corresponden al momento en que Yousafzai descubre que mientras su familia estuvo exiliada de su ciudad durante los enfrentamientos, el ejército paquistaní ocupó una de las escuelas de su padre y la utilizó para fines militares.

En mis investigaciones por todo el mundo para Human Rights Watch he visto con frecuencia cómo grupos en guerra transforman escuelas en bases militares, rodeando los campos de juego de alambradas y llenando las aulas con catres para los soldados. Establecen fortificaciones en los tejados de los colegios para vigilar los alrededores y colocan a francotiradores en las ventanas de las clases. Amontonan fusiles en los pasillos, esconden granadas de mano bajo los pupitres y aparcan vehículos blindados en los gimnasios.

Esta práctica pone en peligro a los estudiantes y profesores ya que convierte sus escuelas en blancos para el enemigo. Alumnos y maestros han muerto y resultado heridos en estos ataques. También expone a los menores a la violencia sexual, el trabajo obligado y el reclutamiento forzado por parte de los soldados que comparten sus escuelas. Los estudiantes tienen que elegir entre quedarse en casa, interrumpiendo su educación, o seguir con sus estudios, pese a la presencia de combatientes armados y a encontrarse potencialmente en la línea de fuego.

En los últimos diez años, los ejércitos —incluso los destinados al mantenimiento de la paz— han utilizado escuelas en al menos 25 países de África, América, Asia, Europa y Oriente Medio donde había conflictos armados.

A pesar de que el derecho internacional exige que las partes enfrentadas en una contienda protejan a los civiles de los efectos de la guerra en la medida de lo posible, la falta de leyes explícitas o normas que prohíban el uso de las escuelas con fines militares significa que las fuerzas armadas a menudo usan las instituciones educativas para diversos propósitos.Faltan normas que prohíban el uso de las escuelas con fines militares

La semana que viene, todo esto empezará a cambiar.

Durante un evento que se celebrará el 16 de diciembre en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, los embajadores de Noruega y Argentina presentarán una propuesta para una mejor protección de las escuelas frente a este tipo de uso militar durante la guerra. Se trata de alentar tanto a las fuerzas armadas gubernamentales como a los grupos armados no estatales a incorporar seis sencillas directrices en sus políticas y entrenamiento militares. Estas pautas fueron desarrolladas tras numerosas consultas con expertos de todas las regiones del mundo, desde representantes de fuerzas armadas y ministros de defensa a organizaciones de derechos de los niños y organismos de Naciones Unidas.

Las Directrices para Proteger a las Escuelas del Uso Militar recopilan las obligaciones existentes en virtud de las leyes de la guerra y el derecho internacional de derechos humanos, y las combinan con ejemplos de buenas prácticas ya utilizadas por algunos cuerpos militares. Como resultado, las pautas no son ingenuas ni idealistas, sino prácticas y realistas. Reconocen que las partes involucradas en un conflicto armado afrontan invariablemente situaciones difíciles que requieren soluciones pragmáticas. Hasta la fecha, 29 países ya han expresado públicamente su apoyo a estas Directrices. España debería sumarse a este movimiento creciente.

En su campaña para convertirse en miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, España citó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de los derechos de los niños. El país ocupará el puesto actualmente en manos de Luxemburgo, ampliamente reconocido como el abanderado en la protección de los menores durante la guerra. España debería seguir su ejemplo.

Bajo la presidencia de Luxemburgo, el Consejo de Seguridad instó a los países a adoptar “medidas concretas para impedir el uso de las escuelas por parte de las fuerzas armadas y grupos armados no estatales, en contravención del derecho internacional aplicable”. Estas pautas son una de estas medidas concretas y la membresía de España en el Consejo de Seguridad viene acompañada de la responsabilidad de actuar como un líder a la hora de adherirse a las recomendaciones del propio Consejo.

España debería utilizar el evento de la semana que viene en Ginebra como una oportunidad para anunciar su disposición a respaldar formalmente las directrices durante una conferencia internacional prevista por Noruega para 2015. Este país debería utilizar los meses intermedios para preparar el mecanismo necesario y apropiado para aplicar el contenido de las pautas a la doctrina militar española. Un compromiso de compartir con Noruega la tarea de ajustar la política de la OTAN a las protecciones incluidas en las directrices también sería un paso positivo.

El enfado que expresa Malala Yousafzai por el uso inapropiado que el ejército hizo de la escuela de su padre envía una señal a los ejércitos de todo el mundo de que incluso los niños pueden reconocer que algo está mal en esta práctica tan común e insidiosa. Mediante la implementación de las protecciones detalladas en las pautas y solicitando a otros países que sigan sus pasos, España puede ayudar a garantizar el derecho de los niños a la educación, sin importar en qué lugar del mundo vivan. Asegurar un acceso seguro a la educación, incluso en tiempos de guerra, es crucial para la seguridad, la sensación de normalidad y el desarrollo de los niños, así como para asegurar que los países cuentan con las destrezas necesarias para construir la paz después de la guerra.

Bede Sheppard es subdirector de la división de derechos del niño de Human Rights Watch. Reside en Barcelona.