¿Pueden las potencias económicas emergentes de los denominados BRICS —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— financiar el desarrollo de un modo que no avasalle los derechos de las personas a quienes supuestamente debería beneficiar?
Este es el gran interrogante que se plantea tras un acuerdo celebrado ayer al concluir la cumbre de los BRICS y mediante el cual se pretende establecer el Nuevo Banco de Desarrollo, con un capital inicial de US$ 100.000 millones. El nuevo banco tendría sede en Shanghái y una presidencia rotativa que ocuparía inicialmente la India, y su objetivo expreso sería movilizar recursos para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en los BRICS y otros países emergentes.
El mundo necesita ingentes volúmenes de capital para desarrollo, y las inversiones en infraestructura son fundamentales para satisfacer, entre otros, los derechos al agua, el saneamiento, la educación y la atención de la salud. Sin embargo, con demasiada frecuencia vemos que comunidades pobres y marginadas se ven desplazadas por proyectos de infraestructura, reciben una reparación inadecuada por las pérdidas sufridas y son empujadas a una pobreza aun más profunda. O bien estos proyectos pueden causar daños ambientales con consecuencias devastadoras para el acceso de las comunidades al agua y los alimentos y para la salud de la población. Las comunidades de los países BRICS han conocido por experiencia propia la profunda desazón asociada con proyectos de desarrollo malogrados.
Los gobiernos de los BRICS tienen una oportunidad de evitar caer en los errores cometidos por otras instituciones de desarrollo, adoptando desde un primer momento normas ambientales y sociales que sean las más ambiciosas del sector. A través de procesos abiertos y transparentes, el nuevo banco debería invertir en proyectos en los cuales las comunidades verdaderamente tengan interés y en cuya formulación puedan participar, y asegurar que sus inversiones lleguen y beneficien a los sectores más discriminados y marginados.
Como mínimo, las normas del banco deberían prohibir la inversión en actividades que puedan provocar, propiciar o exacerbar violaciones de derechos humanos, exigir el respeto de los derechos humanos en todas sus actividades y obligar al personal a identificar las consecuencias que las actividades del banco podrían tener para los derechos humanos y prevenir o mitigar este impacto adverso. Deberían además incluir políticas relativas a pueblos indígenas, reubicación involuntaria y estándares laborales que concuerden con las normas establecidas por el derecho internacional, y prohibir la discriminación por cualquier motivo identificado por este.
El banco debería tomar como punto de partida las prácticas del Banco Mundial y otras instituciones de desarrollo para crear un mecanismo independiente de rendición de cuentas que reciba denuncias y se ocupe de resolverlas, evalúe en qué medida el banco cumple sus políticas y el derecho internacional, defina recursos adecuados para quienes se vean perjudicadas por las actividades del banco y asesore a este sobre cómo puede mejorar el nivel de cumplimiento en toda la institución.
Aunque proponer un enfoque de esta naturaleza podría parecer ingenuo si se considera que los gobiernos involucrados han tenido un desempeño que en muchos casos no ha tomado en cuenta los derechos de las personas, los BRICS tienen ahora una oportunidad de convertirse en líderes globales en materia de desarrollo, creando un banco que fomente el desarrollo sin conculcar derechos. De no ser así, el nuevo banco podría traer más perjuicios que ventajas.
