Nos comunicamos en esta oportunidad en forma previa al examen de Perú que efectuará próximamente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, con el fin de destacar algunas áreas preocupantes en lo que respecta al cumplimiento, por parte del gobierno peruano, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Esta presentación se enfoca particularmente en violaciones al derecho a la salud que contravienen el artículo 12 de la Convención.

La presentación ha sido elaborada tomando como base el informe de Human Rights Watch sobre salud y derechos sexuales y reproductivos en Perú publicado en 2008, “Tengo derechos, y tengo derecho a saber: La falta de acceso al aborto terapéutico en el Perú”, y a partir del seguimiento continuo de la situación de los derechos humanos en Perú. Diversas consultas efectuadas recientemente a organizaciones de derechos de la mujer sugieren que las conclusiones de ese documento siguen siendo relevantes y veraces, a pesar de que se elaboró seis años atrás.

El aborto se encuentra tipificado penalmente en Perú, salvo en el caso en que el embarazo ponga en riesgo la vida u ocasiones un mal grave y permanente en la salud de la mujer, por lo que resulte necesario practicarle un aborto para salvaguardad sus derechos. En el informe de 2008, Human Rights Watch documentó el impacto de la ausencia de un protocolo o guía técnica nacional sobre abortos para preservar la salud y la vida de mujeres y jóvenes en Perú. Entrevistamos a proveedores de atención de la salud, mujeres en general y funcionarios, y comprobamos que, a pesar de que en 1924 se despenalizó el aborto en casos de riesgo para la salud o la vida de la mujer, la ausencia de un protocolo o una guía nacional generaba lagunas normativas en el sistema de salud que obstaculizaban, o directamente imposibilitaban, el acceso a servicios de aborto legal, en franca contravención al derecho nacional e internacional.  

En nuestro informe, concluimos que la falta de información sobre la despenalización de abortos efectuados para preservar la vida o salud de la mujer y la inexistencia de criterios claros sobre los requisitos para solicitar esta práctica suponían un obstáculo para quienes intentaban obtener ese tipo de servicios. Como resultado, numerosas mujeres y adolescentes con quienes dialogamos en Perú indicaron haber recurrido a procedimientos de aborto ilegales e inseguros que podían implicar un riesgo para su salud y su vida. Asimismo, profesionales de la salud expresaron ser renuentes o no estar dispuestos a practicar procedimientos lícitos de aborto si no existe un protocolo oficial que aporte mayor claridad. Observamos que algunos médicos no ofrecían a sus pacientes un tratamiento adecuado por temor a ser objeto de acciones legales u otras sanciones, debido a que los procedimientos administrativos de aprobación eran impredecibles y a que no existía claridad en cuanto a las excepciones legales a la penalización del aborto.

Desde 2008, investigaciones de expertos y organizaciones que trabajan en atención de la salud y derechos de la mujer en Perú han demostrado que la ausencia de un protocolo o una guía técnica nacional continúa teniendo un impacto negativo para mujeres y jóvenes de Perú. Varias organizaciones especializadas en salud o defensa de derechos promueven actualmente la adopción de una guía nacional (a la cual se refieren en algunos casos como “protocolo”, pero que en realidad tendría el mismo contenido), entre ellas el Colegio Médico del Perú. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha manifestado la necesidad de contar con una guía o protocolo en diversas declaraciones efectuadas desde 2003. A su vez, 11 escuelas de formación profesional de la región de Arequipa, lideradas por el Colegio de Abogados, realizaron declaraciones similares en 2009. La Defensoría del Pueblo también se ha expresado desde 2005 en reclamo a que se adopte una guía o protocolo sobre el tema. En 2013, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos difundieron informes técnicos donde manifestaron la necesidad y la obligación constitucional del Estado de proveer el servicio de atencion y aprobar la guía.

El 14 de marzo de 2014, la Ministra de Salud Midori Musme Cristina de Habich Rospigliosi manifestó en declaraciones públicas al Congreso y la prensa que el ministerio adoptaría e implementaría para junio de 2014 una guía técnica nacional sobre aborto legal destinada a preservar la vida o salud de la mujer embarazada. Al momento de la redacción de esta carta, no se ha adoptado todavía esta guía. En caso de hacerlo, el gobierno peruano habrá dado un paso importante para asegurar que se protejan la salud y los derechos de la mujer.

En los últimos siete años, Human Rights Watch ha publicado varios informes sobre países de América Latina y el Caribe en los cuales analizó el impacto de leyes y prácticas que restringen el acceso de las mujeres a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto legal seguro. Sistemáticamente, hemos comprobado que las restricciones excesivas al acceso al aborto generan un entorno en el cual las mujeres recurren a procedimientos inseguros y clandestinos que pueden poner en riesgo su salud y su vida. También hemos determinado que contar con guías y protocolos claros es una condición sumamente importante para asegurar que profesionales de la salud, funcionarios gubernamentales y las mujeres comprendan los criterios y procesos para acceder a servicios de aborto legal.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó en el caso K.L. vs. Perú de 2005 que ese país debía proporcionar protocolos nacionales claros para los supuestos en los cuales el aborto pueda practicarse de manera lícita. Y, como bien saben los honorables miembros de este comité, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó en el caso L.C. vs. Perú, de 2011, que el Estado Parte tomara medidas tendientes a la adopción de un protocolo o directrices que permitieran asegurar la disponibilidad de servicios de salud en establecimientos públicos y el acceso a estos.

Human Rights Watch se suma a las organizaciones peruanas que han instado a que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer exija nuevamente al gobierno peruano la adopción de una guía o protocolo con procedimientos claros para garantizar que las mujeres puedan acceder sin postergación a abortos legales.

Durante el próximo examen de Perú, el 01 de Julio del presente año, Human Rights Watch insta a que el Comité formule preguntas al Estado Parte y recomiende que aplique plenamente medidas en relación con:

  • El plazo para la adopción de la guía sobre aborto legal en casos de peligro para la vida o salud de la mujer;
  • El plan con indicaciones sobre cómo Perú brindará capacitación a profesionales médicos con respecto a la guía;
  • Pasos que adoptará el gobierno de Perú para asegurar la implementación de la guía;
  • Acciones que realizará Perú para eliminar otros obstáculos que impiden que mujeres y jóvenes accedan a procedimientos seguros y lícitos de aborto cuando su vida o salud están en peligro.

Esperamos que estos comentarios resulten relevantes al examen que efectuará sobre el cumplimiento de la Convención por el gobierno peruano, y agradeceríamos la oportunidad de dialogar con usted para ampliar estos comentarios.