La semana pasada, el Senado de Colombia aprobó un importante proyecto legislativo que representa un paso fundamental para la asistencia y la protección de quienes han sido víctimas de violencia sexual, en particular personas que fueron violadas o agredidas sexualmente por guerrilleros, paramilitares, miembros de la fuerza pública colombiana u otros actores, en el contexto del conflicto que asola al país desde hace décadas.

Si bien se trata de una victoria importante para las víctimas, no está exenta de sinsabores. Una de las más fervientes propulsoras de la ley, Ana Angélica Bello, murió en febrero de 2013 por una herida de arma de fuego que ella misma presuntamente se habría infligido, en circunstancias que no han sido esclarecidas. Angélica, oriunda de una zona rural de Colombia, se convirtió en una activista implacable en defensa de víctimas del conflicto armado, luego de ser desplazada de su tierra por grupos armados. Fue violada sexualmente por hombres que, según creía, eran ex paramilitares que pretendían castigarla por su activismo. Esta ley podría haber cambiado la vida de Angélica.

Human Rights Watch instó a que se adoptara esta ley en 2012, tras documentar evidencias de que Colombia no brindaba atención médica ni medidas de justicia a mujeres desplazadas que eran además víctimas de violencia sexual. Tuvimos oportunidad de dialogar con mujeres que recibieron amenazas de muerte o fueron violadas en represalia por haber interpuesto denuncias penales. Otras fueron objeto de actos humillantes y maltrato por parte de autoridades.

La ley en cuestión aborda específicamente los hechos de esclavitud sexual y prostitución forzada que se produjeron durante el conflicto. La norma reconoce que los delitos de violencia sexual pueden ocurrir bajo distintos tipos de condiciones que impiden a la víctima dar su consentimiento, y que no se definen exclusivamente por el uso de la fuerza o amenazas.

La ley garantiza la confidencialidad y la privacidad de las mujeres. Anteriormente, el nombre de una mujer que denunciaba una agresión podía ser difundido, y se exponía así a la víctima a probables nuevas amenazas.

No es una norma perfecta, pero sí contiene numerosos cambios positivos. Exige que las víctimas de violencia sexual reciban asistencia psicosocial y atención médica integral gratuita. Conmina a las autoridades judiciales a trabajar en estas causas, en vez de permitir que los expedientes queden paralizados y no hagan más que acumular polvo. Y protege explícitamente a las víctimas frente a la posibilidad de nuevos actos de discriminación en razón de su vida sexual pasada, su comportamiento o su orientación sexual, es decir, abandona de una vez por todas el argumento de que las mujeres “merecían” lo que les sucedió.

Por sobre todo, la ley también estipula que la violencia sexual puede constituir un delito de lesa humanidad, en consonancia con los estándares del derecho internacional.

Angélica Bello luchó incansablemente para que se sancionara esta ley. Fue la principal referente del movimiento de víctimas que exigió poner fin a la impunidad de los actos de violencia sexual en el conflicto. Debido a ello, recibía amenazas en forma constante. A comienzos de febrero de 2013, había enviado mensajes de correo electrónico a una decena de nosotros, indicando que había recibido nuevas amenazas de muerte. Su colega había sido violada sexualmente por quinta vez unos meses antes. La última vez que la vi, me habló de lo difícil que era vivir de este modo. Ante un Estado que nunca creyó del todo en ella ni la apoyó plenamente, Angélica murió sin acceso a los numerosos servicios que necesitan las víctimas de violencia sexual para poder seguir adelante con sus vidas.

A leer el texto de la ley, puedo advertir reflejos de la tenacidad con que Angélica defendió los derechos de las víctimas. También sé que Angélica no dejaría de advertir sobre el arduo camino que aún queda por delante. Como señaló en declaraciones al Miami Herald, “Tenemos que asegurarnos de que las leyes y estándares colombianos se cumplan... Las leyes que protegen a las mujeres en Colombia no son más que letra muerta”. Una vez que el presidente Juan Manuel Santos refrende el proyecto, comenzará entonces el verdadero trabajo.