Veronica Limia leaves the Florida Institute for Girls on October 11, 2001. Veronica was prosecuted as an adult at age 17 for burglary.

© 2013 Human Rights Watch

(Tallahassee) – Cada año, el estado de Florida procesa de manera arbitraria e injusta a cientos de menores en el sistema penal para adultos, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. En caso de ser condenados, estos menores enfrentan durante el resto de su vida las consecuencias de contar con antecedentes penales de adulto, cuando a menudo se trata en realidad de delitos de baja lesividad cometidos sin violencia.

El informe de 110 páginas, “Branded for Life: Florida’s Prosecution of Children as Adults under its ‘Direct File’ Statute” (Marcados de por vida: Persecución penal de menores como adultos en Florida por aplicación de la Ley de “Acusación Directa”), describe los efectos nocivos de la práctica mediante la cual ese estado concede a los fiscales plena discrecionalidad para decidir qué menores serán juzgados en tribunales para adultos. Más del 98 por ciento de los 1.500 casos de menores procesados como adultos entre 2012 y 2013 fueron impulsados por fiscales amparándose en la ley de acusación directa. La ley no prevé la posibilidad de que un juez examine o revierta la decisión del fiscal, por muy evidente que resulte que el caso no reúne las condiciones para tramitar en la justicia penal.

“Los menores que quedan atrapados por la ley de ‘acusación directa’ pierden la capacidad legal para votar, consumir alcohol o comprar cigarrillos en el estado de Florida”, señaló Alba Morales, investigadora sobre EE. UU. de Human Rights Watch y autora del informe. “Sin embargo, pueden ser juzgados como adultos sin que ningún juez evalúe esa decisión, y quedar estigmatizados como criminales de por vida”.

Si bien los menores que delinquen pueden y deben rendir cuentas por sus actos, hacerlo en el ámbito del sistema judicial y penitenciario para adultos es innecesario y a la vez pernicioso para la sociedad y la juventud, observó Human Rights Watch. En vez de contribuir a la seguridad pública, diversos estudios indican que juzgar a niños en el sistema de justicia penal destinado a adultos redunda en mayores índices de reincidencia entre estos delincuentes que entre quienes ingresan al sistema de justicia de menores.

Los menores no tienen el mismo nivel de raciocinio y control de su propia conducta que los adultos y, por sobre todo, aún no han madurado del todo y tienen un gran potencial de cambio. El propósito del sistema de menores es permitir su rehabilitación y equilibrar las necesidades de la sociedad con el interés superior del niño, mientras que el sistema de justicia penal para adultos asigna prioridad al castigo por sobre todos los demás fines. Los menores que son juzgados como adultos pierden el acceso a las posibilidades de educación y los programas apropiados para su edad que ofrece el sistema de justicia de menores. Los jóvenes afirman que se sienten confundidos y abandonados en tribunales para adultos. Muchos enfrentan eventos violentos en las cárceles y centros de detención para adultos.

“En los tribunales para adultos, quieren encerrarnos”, dijo un joven a Human Rights Watch. “En la justicia de menores, desean ayudarnos a que tomemos mejores decisiones”.

En casi todos los casos de menores acusados y condenados en la justicia para adultos en Florida, el resultado es que se genera un prontuario por delitos graves que los perjudicará de por vida. Unos pocos casos terminan en penas por faltas u otras infracciones. Quienes son condenados por la imputación de un delito grave quedan excluidos de numerosos tipos de empleo y sufren muchas otras privaciones, como la pérdida permanente del derecho de sufragio.

A veces los fiscales sostienen que transfieren a jóvenes delincuentes a tribunales para adultos solamente en los casos más graves. Sin embargo, de los menores que fueron juzgados en la justicia para adultos de Florida durante 2012 y 2013, el 60 por ciento habían sido acusados por delitos no violentos, según datos analizados por Human Rights Watch.

Human Rights Watch dialogó con más de 100 jóvenes y familiares de jóvenes que fueron acusados directamente en la justicia para adultos por fiscales de Florida. Entre los casos examinados se pueden mencionar los siguientes:

·      “Oliver”, juzgado en un tribunal del sistema penal para adultos cuando tenía 16 años por haber robado dos computadoras portátiles de un aula;

·      “Matthew”, acusado de robo con allanamiento de morada en las mismas condiciones que un adulto cuando tenía 17 años, tras ingresar al pórtico trasero de una vivienda y llevarse una impresora que estaba allí guardada;

·      “Karl”, quien señaló que la pena de 25 años a la cual se enfrentaba luego de haber sido imputado ante un tribunal para adultos por delitos de agresión y daño intencional cometidos cuando tenía 15 y 16 años era “mucho tiempo para estar lejos de mi abuela”; y

·      “Scott”, quien fue indebidamente arrestado y acusado como adulto y no ha podido asistir a una academia de bomberos de Florida como tenía previsto, debido a que su detención en el sistema para adultos permanece en su certificado de antecedentes a pesar de que se desestimaron los cargos.

El informe también incluye nuevas estadísticas elaboradas por Human Rights Watch, que demuestran que el extraordinario poder que Florida ha delegado a los fiscales se está ejerciendo de manera arbitraria e injusta. La proporción de casos en los circuitos judiciales de Florida en que menores arrestados son derivados a tribunales para adultos y se les aplican las severas penas previstas para estos últimos varía considerablemente, si bien las diferencias no se atribuyen a la gravedad de los delitos, el tamaño de la población juvenil en los distintos circuitos ni otros criterios neutrales examinados por Human Rights Watch. En algunos circuitos, las evidencias sugieren que habría criterios raciales que incidirían en la determinación de quiénes son sometidos a un proceso judicial para adultos.

“El mismo menor, acusado por el mismo delito, puede recibir un trato absolutamente diferente dependiendo simplemente de qué fiscal está a cargo del caso”, aseveró Morales. “Estas decisiones deberían ser adoptadas por los jueces del sistema de justicia de menores de Florida, que pueden asegurar un trato justo, y no por fiscales que podrían tener un interés concreto en que los acusados se declaren culpables o en obtener resultados punitivos”.

La Corte Suprema de Estados Unidos, a través de cuatro pronunciamientos emitidos recientemente, ha destacado que todos los padres saben que los niños tienen un menor grado de madurez intelectual y mayor posibilidad de rehabilitación. La pena que reciban debería tener en cuenta su menor culpabilidad y su capacidad de cambio, indicó Human Rights Watch. El sistema de justicia de menores es el que está en mejores condiciones de pronunciarse sobre cuál es la pena conveniente, ya que toma en cuenta estos factores.

“Florida debería poner fin a esta práctica extendida que obliga a menores a cargar con antecedentes de delitos graves propios de adultos, que no reconocen su capacidad de cambio”, expresó Morales. “Es posible que los menores, incluidos los adolescentes, rindan cuentas por sus actos sin necesidad de someterlos a un trato tan severo como el que dispensa el estado de Florida”.