A domestic worker holds up her UK Overseas Domestic Worker visa. Following changes to the immigration rules in April 2012, workers entering the UK on this visa are not permitted to change employer, making them more vulnerable to abuse.

© 2014 Jutiar Salman

(Londres) – Lo trabajadores migrantes del sector doméstico que acompañan a sus empleadores al Reino Unido sufren graves abusos, incluido el trabajo forzado, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El gobierno del Reino Unido hace muy poco por proteger a los trabajadores vulnerables, sumado a esta situación, diversos cambios recientes en sus normas inmigratorias obstaculizan la posibilidad de que los trabajadores puedan escapar de condiciones de abuso, concluyó el informe.

“Es inadmisible que en la sociedad británica contemporánea los trabajadores del hogar sean víctimas de estos deplorables abusos”, indicó Izza Leghtas, investigadora para Europa Occidental de Human Rights Watch. “No obstante, en vez de proteger a estos trabajadores, el sistema hace que les sea aún más difícil salir de su situación”.

El informe de 58 páginas, “Hidden Away: Abuses against Migrant Domestic Workers in the UK” (Ocultados: Abusos contra trabajadores domésticos migrantes en el Reino Unido), documenta abusos como retención de pasaportes, imposibilidad de salir de la vivienda donde trabajan, abuso físico y psicológico, jornadas de trabajo sumamente prolongadas sin días de descanso y remuneración ínfima o directamente negación del pago de salarios. El informe también muestra que el gobierno del Reino Unido no ha cumplido sus obligaciones conforme al derecho internacional de proteger a trabajadores de hogar migrantes y permitir que accedan a la justicia en caso de sufrir maltrato.

En abril de 2012, el Reino Unido abolió el derecho de los trabajadores del hogar migrantes a cambiar de empleador una vez que están en ese territorio, ignorando las recomendaciones del parlamento, organizaciones no gubernamentales y expertos de la ONU. De acuerdo con los términos de las “visas vinculantes”, los trabajadores extranjeros que operan en el servicio doméstico no pueden concluir legalmente el vínculo con su empleador y buscar otro empleo, y esto implica que quienes estén en condiciones abusivas no puedan dejar atrás esta situación.

“Los trabajadores que no reciben un trato digno se enfrentan ahora a una decisión terrible: seguir tolerando el abuso, o escapar y convertirse en migrantes indocumentados, situación en la cual obviamente serían mucho más vulnerables a nuevos abusos y explotación”, expresó Leghtas. “Es aberrante que haya personas que tengan que estar ligadas de este modo a situaciones de abuso”.

Debido a que los trabajadores del hogar se desempeñan en viviendas de familia, gran parte de los abusos ocurren a puertas cerradas. Diversos trabajadores dijeron a Human Rights Watch que realizaban tareas hasta 18 horas por día durante semanas enteras y sin descanso, no recibían alimentos suficientes y sobrevivían consumiendo sobras, se les prohibía tener un teléfono celular o ponerse en contacto con sus propias familias, y no podían salir de la vivienda de sus empleadores sin compañía. Algunos recibían una remuneración de apenas £ 100 (US$ 160) al mes, y a veces incluso estos ínfimos salarios eran retenidos.

La ministra del Interior británica Theresa May plantea adoptar una ley de esclavitud moderna para hacer frente a los graves abusos laborales que ocurren en el Reino Unido. En diciembre de 2013, May presentó un proyecto de ley que agrava las penas por esclavitud, servidumbre involuntaria, trabajo forzado y trata de personas de 14 años de prisión a cadena perpetua. No obstante, el proyecto no hace referencia en absoluto a la penosa situación de los trabajadores del hogar. Una comisión parlamentaria está revisando el proyecto legislativo y está previsto que publique un informe a comienzos de abril.

Human Rights Watch insta al gobierno a ampliar el alcance del proyecto legislativo para asegurar garantías adecuadas a los trabajadores migrantes que laboran el sector doméstico, incluido el derecho a cambiar de empleador. Restablecer este derecho es un paso indispensable para combatir los abusos contra este grupo de trabajadores en situación de suma vulnerabilidad, indicó Human Rights Watch.

Cada año llegan al Reino Unido cerca de 15.000 trabajadores migrantes para laborar como empleados del hogar. Muchas de las personas entrevistadas por Human Rights Watch eran mujeres de Asia o África que anteriormente trabajaron para sus empleadores en el Golfo Pérsico y ya habían sufrido abusos a manos de estos.

Human Rights Watch ha documentado abusos graves y generalizados contra trabajadores migrantes que laboran en hogares del Golfo Pérsico, donde las lagunas en la legislación laboral y el sistema restrictivo de patrocinio (kafala) contribuyen a que haya explotación. El sistema de kafala vincula la visa de una trabajadora del hogar a su empleador, y otorga a este la potestad de controlar si puede cambiar de empleo y, en algunos casos, salir del país. La abolición en el Reino Unido del derecho a cambiar de empleador podría transmitir erradamente a los empleadores del Golfo Pérsico el mensaje de que pueden continuar tratando a sus trabajadores como cuando estaban sujetos al sistema de kafala, destacó Human Rights Watch.

Human Rights Watch también comprobó que las medidas establecidas por el gobierno del Reino Unido para prevenir abusos son inadecuadas. El gobierno exige a los trabajadores que hayan estado al servicio de su empleador durante al menos un año antes de trasladarse el Reino Unido. No obstante, numerosos trabajadores migrantes que laboran en el sector doméstico que fueron entrevistados por Human Rights Watch en Londres indicaron que habían sufrido abusos por parte de sus empleadores en el Golfo Pérsico y que recibían el mismo trato, o a veces incluso peor, en el Reino Unido. Los trabajadores migrantes muchas veces no pueden acceder a vías de reclamo en el Golfo—debido a que sus empleadores les retienen los pasaportes y restringen severamente sus movimientos— y, por este motivo, haber trabajado anteriormente para una familia en el extranjero no representa un indicador confiable de que no se hayan producido abusos.

El gobierno del Reino Unido también exige que tanto el empleador como el empleado firmen un documento escrito donde consten los términos y condiciones de la relación laboral, que incluyen la obligación de pagar el salario mínimo regulado en el Reino Unido. Sin embargo, no existe un mecanismo para supervisar que estas condiciones se respeten.

Conforme al derecho del Reino Unido, las normas europeas y las normas internacionales de derechos humanos, el Reino Unido debe proteger a los trabajadores del hogar migrantes de la posibilidad de abusos, tanto por parte de funcionarios gubernamentales como de particulares. No obstante ello, las restricciones recientes a la asistencia legal implican la negación de asesoramiento jurídico gratuito a personas que no han sido identificadas como posibles víctimas de trata, incluso cuando han sufrido trabajo forzado.

El gobierno del Reino Unido también se ha negado a ratificar un tratado internacional paradigmático, que concede a los trabajadores del hogar los mismos derechos que a los trabajadores de otros sectores. En junio de 2011, el Reino Unido fue uno de los apenas nueve países que no votaron a favor del Convenio sobre Trabajadores Domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Human Rights Watch recomienda asimismo al Reino Unido asegurar que los trabajadores del hogar conozcan plenamente cuáles son sus derechos en el Reino Unido cuando solicitan visas, y que los empleadores comprendan su obligación de tratar a los empleados conforme a las exigencias del derecho de ese país.

“El gobierno del Reino Unido no está cumpliendo su obligación de proteger a los migrantes que laboran en el sector doméstico, que muy a menudo son víctimas de terribles abusos encubiertos”, señaló Leghtas. “Si el gobierno realmente tiene intención de poner fin a lo que denomina esclavitud moderna, debería reconocer la extrema vulnerabilidad de estos trabajadores y otorgarles la protección que merecen”.