Mientras cancilleres latinoamericanos se reúnen en Chile esta semana para tratar la situación en Venezuela, Leopoldo López, uno de los líderes más prominentes de la oposición política venezolana, se encuentra detenido en una prisión militar esperando a que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia válida en su contra.
La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela ha dejado como saldo más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al gobierno. La Fiscalía, a regañadientes –y gracias a los vídeos y la presión de la opinión pública–, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política.
Altas autoridades del Gobierno venezolano sostuvieron que López, dirigente de Voluntad Popular, era el “autor intelectual” de la violencia, y la Fiscalía solicitó su detención, acusándolo de todo: disturbios, muertes y lesiones. Luego acusó también a Carlos Vecchio, quien le sigue a López en la directiva de Voluntad Popular, y a otros dos miembros de la oposición por hechos similares, invocando teorías conspirativas en vez de presentar pruebas que los incriminen.
Al Gobierno venezolano le resulta relativamente fácil utilizar el sistema judicial como un instrumento político desde que, en 2004, el chavismo depuró al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nombró a jueces afines en el más alto tribunal. Desde entonces, el poder judicial ha dejado de actuar efectivamente como un poder independiente del gobierno. A través de la Comisión Judicial del TSJ, que cuenta con facultades para nombrar y remover jueces inferiores provisorios y temporales –que hoy son la mayoría de los jueces en el país– esta politización de la justicia se propagó al resto del poder judicial.
El 18 de febrero, López se entregó a las autoridades y desde entonces se encuentra detenido en Ramo Verde, una prisión militar, en la cual solo tiene contacto con su familia cercana y sus abogados, y solamente sale de su celda cuando es posible que tome aire sin tener contacto con otros presos.
Ante la contundente evidencia que hizo pública el periódico venezolano Últimas Noticias, que sugería que uniformados junto con civiles armados eran los autores de una de las muertes ocurridas el 12 de febrero, la propia Fiscalía debió dar marcha atrás y eliminar los cargos por homicidio imputados inicialmente a López. Sin embargo, López sigue sujeto a investigación por varios delitos, incluido el de asociación para delinquir, que tiene una pena de hasta 10 años.
Es muy improbable que López sea liberado próximamente. Legalmente, podría permanecer detenido preventivamente hasta 45 días, cuando la Fiscalía debería acusarlo, archivar el caso, o sobreseerlo, pero en la práctica estos plazos rutinariamente no se respetan en Venezuela.
En un Estado de derecho, la libertad de López debería estar garantizada si las autoridades no presentaran pruebas creíbles de que él podría ser responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, en Venezuela es muy difícil para un juez adoptar una decisión conforme a derecho si esta va contra intereses del Gobierno.
Por ejemplo, en 2009, la justicia venezolana detuvo arbitrariamente a la jueza María Lourdes Afiuni por cumplir con una recomendación de Naciones Unidas y dejar en libertad condicional a un opositor del Gobierno chavista. Afiuni, que era jueza titular con estabilidad en el cargo, estuvo un año en prisión, dos en arresto domiciliario y continúa sujeta a proceso penal por delitos que no cometió. Antes del caso Afiuni, los jueces temían perder su empleo si adoptaban decisiones contrarias a los intereses del gobierno. Ahora, también temen ir presos.
En un país donde el poder judicial carece de independencia, el futuro de Leopoldo López está en manos de una jueza que podría ser removida por un telegrama sin mediar ninguna explicación, como ha ocurrido rutinariamente en el pasado. La decisión sobre el futuro de la jueza, a su vez, está en manos de magistrados del TSJ, un órgano que habitualmente avala políticas del Gobierno.
La reunión de la OEA de la semana pasada, celebrada a puerta cerrada, terminó con una declaración que parece describir la situación en Venezuela como si fuera una catástrofe natural, en vez de responsabilizar al Gobierno venezolano por violaciones de derechos humanos como la censura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad. ¿Habrá alguna posibilidad de que la reunión en Santiago lleve a un resultado distinto, exigiendo que Venezuela asuma sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos? Específicamente, ¿se exigirá esta vez que cesen los abusos contra manifestantes y la liberación y el respeto de las garantías del debido proceso de quienes fueron detenidos arbitrariamente, como Leopoldo López?
