El plan del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para dar marcha atrás al acceso al aborto ha indignado a las mujeres de toda España, ha expuesto las profundas divisiones dentro del Partido Popular gobernante y amenaza con excluir a España del criterio que siguen la gran mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. La restricción de abortos seguros y legales también pondrá a España en riesgo de incumplir muchas de sus obligaciones de respetar los derechos en virtud del derecho internacional, y de exponerse a un intenso escrutinio por parte de los organismos internacionales de derechos humanos.
Desde 2010, las mujeres españolas han tenido el derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 14. Los cambios propuestos, aprobados por el gobierno a finales de diciembre pero todavía pendientes de ser presentados ante el Parlamento, permitirían el aborto únicamente si la salud física o mental de la mujer está en peligro (hasta 22 semanas) y en los casos de violación (hasta 12 semanas).
Bajo la propuesta de ley, dos médicos tendrían que certificar que la salud de la mujer está en peligro, una víctima de violación tendría que haber denunciado la violación a la policía y las menores de edad tendrían que obtener el consentimiento de sus padres o tutor legal. El proyecto de ley permitiría que los médicos se nieguen a practicar abortos por razones de conciencia, también posibilitaría amenazar con la persecución penal a los médicos que llevaron a cabo abortos al margen de la ley y prohibiría la publicidad de los servicios de aborto.
La propuesta del gobierno es aún más restrictiva que la ley de 1985 que fue sustituida en 2010, ya que no permitiría la interrupción del embarazo debido a anomalías fetales, excepto cuando estas anormalidades fueran incompatibles con la vida fuera del útero y pudieran poner en riesgo la salud mental de la mujer. Este punto en particular ha sido el centro del debate y puede ser uno de los aspectos del proyecto de ley por el cual el gobierno está dispuesto a aceptar revisiones.
Si es aprobada por el Parlamento, incluso con las modestas modificaciones que el gobierno ha señalado, esta ley sería un gran retroceso para los derechos humanos de las mujeres en España. Es probable que el gobierno afronte preguntas difíciles de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando se reúna en octubre para comenzar la revisión del cumplimiento de España con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El comité de la ONU podría pedirle al gobierno que explique cómo se ajustan las restricciones al derecho a la vida, que según el derecho internacional de los derechos humanos en general comienza cuando una persona nace, dada la evidencia de que las leyes de aborto restrictivas empujan a las mujeres a someterse a abortos inseguros que pueden llevar a la muerte.
Los miembros del comité de la ONU también podrían interrogar a las autoridades competentes sobre el derecho a la privacidad, que incluye el derecho de la mujer embarazada a decidir si someterse a un aborto. O podrían citar el derecho a la información, que obliga a los países a proporcionar información completa, precisa y necesaria para proteger y promover el derecho a la salud, incluida la salud reproductiva.
El Comité también podría tener preguntas sobre el impacto desproporcionado que la ley tendría sobre las pobres y las marginadas. Las nuevas restricciones podrían obligar a las mujeres y niñas a buscar un aborto fuera de España, lo que plantea importantes preocupaciones sobre el costo y el riesgo para cualquier mujer o adolescente con un embarazo no deseado. Las inmigrantes irregulares, las desempleadas o las mujeres en extrema pobreza podrían encontrarse en una situación en la que simplemente les resulte imposible buscar servicios de aborto en el extranjero.
La ley figurará seguramente en la agenda cuando el Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW ) se reúna en noviembre para plantear sus preguntas al gobierno de España sobre su historial en la protección de los derechos humanos de las mujeres. El acceso legal y seguro a servicios de aborto es esencial para la protección de una serie de derechos de la mujer, incluidos los derechos a la salud y a la no discriminación. También está en juego el derecho de las mujeres a decidir sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. El Comité CEDAW ya ha criticado leyes que penalizan ciertas intervenciones dirigidas exclusivamente a las mujeres calificándolas como barreras discriminatorias al acceso de las mujeres a los servicios de salud.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la salud también estará pendiente de los acontecimientos en España. En un informe de 2011 que marcó un antes y un después, criticó las restricciones en países de todo el mundo que dificultan el acceso de las mujeres a los procedimientos para abortos legales, tales como, los requisitos de que los abortos sean aprobados por más de un profesional de la salud y las obstructivas leyes de objeción de conciencia.
En pocas palabras, el proyecto de ley denegaría a las mujeres embarazadas el derecho a tomar decisiones independientes sobre sus cuerpos, lo que representa un riesgo para una amplia serie de derechos humanos. Sería una interferencia irrazonable con el ejercicio de la mujer de su amplia gama de derechos humanos. Es por eso que, de ser aprobada, el gobierno español será blanco de muchas preguntas difíciles de responder cuando afronte el escrutinio de los organismos de derechos humanos de la ONU.
Judith Sunderland es investigadora sénior para Europa y Asia Central de Human Rights Watch.
