(Beirut) – El gobierno de Irán debería liberar de manera inmediata e incondicional a tres defensoras de derechos que fueron detenidas de manera ilegítima debido a su apoyo a mujeres, estudiantes y disidentes políticos, señaló hoy Human Rights Watch. El 2 de marzo de 2014, una de estas tres mujeres fue condenada a siete años de prisión, mientras que las otras dos ya se encontraban cumpliendo penas de prisión.
Las tres activistas se cuentan entre al menos 14 mujeres que están recluidas en el pabellón para presas políticas de la Prisión de Evin en Teherán. El gobierno iraní debería además abordar la discriminación de género que se encuentra codificada en el sistema jurídico del país, observó Human Rights Watch.
“El Día Internacional de los Derechos de la Mujer es una ocasión oportuna para mostrar la valentía de mujeres que están encarceladas en Irán tan solo por haber hablado abiertamente en defensa de los derechos de personas o haber pedido la revisión de las leyes discriminatorias del país”, manifestó Sarah Leah Whitson, directora para Medio Oriente y África Septentrional de Human Rights Watch. “La detención de estas mujeres activistas es un contundente recordatorio de que el gobierno iraní priva a su población de los derechos más básicos y fundamentales”.
El 2 de marzo, un tribunal revolucionario condenó a siete años de prisión a Maryam Shafipour, una activista en derechos estudiantiles, por considerar que violó la seguridad nacional del país.
Bahareh Hedayat, una defensora de derechos estudiantiles y de la mujer, fue condenada a diez años de prisión en mayo de 2010 debido a actividades pacíficas. Desde su detención en 2009, su esposo comentó a Human Rights Watch que las autoridades no le han permitido recibir tratamiento médico adecuado afuera de prisión por graves problemas ginecológicos. La falta de servicios ginecológicos en prisión y la negación de este tratamiento fuera del recinto penitenciario podrían constituir discriminación de género, señaló Human Rights Watch.
La tercera activista, Hakimeh Shokri, cumple una pena de tres años de prisión por actividades pacíficas desarrolladas en apoyo a presos políticos y manifestantes asesinados durante los hechos de violencia que se desataron tras los comicios de 2009.
Shafipour, de 27 años, fue citada a comparecer ante la Fiscalía en la Prisión de Evin el 27 de julio de 2013 y resultó posteriormente detenida. Desde hacía varios años, exigía el reconocimiento de los derechos de estudiantes universitarios que fueron excluidos del acceso a educación superior debido a su activismo y la liberación de presos políticos, incluido el candidato a las elecciones presidenciales de 2009 Mehdi Karroubi, que cumple actualmente arresto domiciliario.
Una fuente próxima a su familia dijo a Human Rights Watch que Shafipour permaneció siete meses en prisión preventiva, incluidos más de dos meses en condiciones de aislamiento, durante los cuales no tuvo acceso a su abogado. Otra fuente indicó a Human Rights Watch que en el período de prisión preventiva sufrió abusos psicológicos y físicos durante interrogatorios, y que incluso le habrían propinado patadas.
La fuente allegada a la familia contó a Human Rights Watch que la rama 28 del tribunal revolucionario de Teherán condenó a Shafipour por los delitos de “propaganda contra el Estado”, “asociación y colusión contra la seguridad nacional” y “pertenencia a un grupo clandestino” que, según indicó la fuente, defendía los derechos de estudiantes universitarios a quienes se había prohibido recibir educación superior. La fuente indicó que entre las evidencias presentadas por la fiscalía para la imputación de estos “delitos”, se incluía información publicada en su perfil de Facebook sobre la situación de presos políticos, las actividades pacíficas en las cuales participó y declaraciones que firmó en solidaridad con estudiantes a quienes se excluyó de la educación terciaria. La condena contra Shafipour incluye la prohibición de usar Facebook y otros medios sociales durante dos años luego de su liberación.
En 2010, funcionarios de la Universidad Internacional Emam Khomeini en la ciudad de Ghazvin, en el noroeste del país, prohibieron que Shafipour continuara sus estudios universitarios debido a su activismo en defensa de derechos. Las actividades incluyeron la visita a familiares de presos políticos y su adhesión a la campaña presidencial de Karroubi. Shafipour tiene un plazo de 20 días para apelar la condena y la pena impuesta.
Shafipour y Shokri son miembros de las Madres del Parque Laleh, una organización conformada en junio de 2009 por madres cuyos hijos perdieron la vida en la violenta respuesta, desplegada con el aval del gobierno, a las manifestaciones que tuvieron lugar luego de las reñidas elecciones celebradas el 12 de junio en Irán. La organización también ha expresado solidaridad con presos políticos y sus familiares. Las autoridades han perseguido reiteradamente al grupo, que anteriormente se denominaba “Madres de Luto”, arrestado a sus miembros e impedido que se reúnan en el Parque Laleh en Teherán y otros lugares públicos.
En abril de 2012, un tribunal revolucionario de Teherán condenó a Shokri por “propaganda contra el Estado” y “atentar contra la seguridad nacional” debido a las actividades que desarrollaba a través de la organización, según señalaron activistas. Ella y otros miembros del grupo fueron detenidos el 5 de diciembre de 2010 durante un encuentro organizado en el cementerio de Teherán para conmemorar la muerte de un manifestante asesinado por agentes de las fuerzas de seguridad durante la violencia poselectoral de 2009.
Hedayat, de 32 años, es la primera secretaria de la Comisión de Mujeres de la Oficina por la Consolidación de la Unidad (Tahkim-e Vahdat), una de las más numerosas organizaciones estudiantiles, la cual se encuentra proscripta desde 2009, y la primera —y única— mujer elegida para integrar su comité central. Fue detenida por las autoridades el 30 de diciembre de 2009 y acusada posteriormente en relación con diversos delitos contra la seguridad nacional, incluidos los de “propaganda contra el sistema”, “alteración del orden público”, “intervención en encuentros clandestinos”, “ofensa al Líder Supremo” y “ofensa a la investidura presidencial”. La condena fue confirmada en apelación en julio de 2010.
Amin Ahmadian, esposo de Hedayat, dijo a Human Rights Watch que esta cumple una condena de ocho años de prisión debido a discursos públicos que pronunció y declaraciones conjuntas que realizó en carácter de miembro del comité central de Takhim-e Vahdat, en los cuales criticó la embestida gubernamental contra disidentes políticos y estudiantes tras las elecciones presidenciales de 2009. Según señaló, se añadieron dos años más a la condena debido a que existía una pena en suspenso dictada anteriormente en relación con manifestaciones públicas a las que asistió en 2006 como parte de la Campaña por Un Millón de Firmas, una iniciativa popular que exigía la derogación de leyes que discriminan a mujeres.
Ahmadian indicó que aunque Hedayat padece un problema crónico del sistema reproductivo que requiere asistencia médica inmediata, las autoridades judiciales y penitenciarias le han negado la posibilidad de salir para recibir atención médica.
El poder judicial de Irán debería liberar a Hedayat y a otros presos políticos en función de las reformas incorporadas recientemente al Código Penal de Irán, expresó Human Rights Watch. El artículo 134 establece que quienes sean condenados por múltiples delitos solamente podrán recibir la pena máxima prevista para el delito más grave, en vez de una pena combinada que se determine sobre la base de cada imputación individual. El artículo 134 también autorizaría al poder judicial a liberar a Hedayat una vez que haya cumplido la mitad de la condena.
Desde 2005, y en particular luego de la elección presidencial de 2009, Irán ha intensificado los arrestos y otras medidas represivas contra civiles, incluidos quienes promueven los derechos de estudiantes y se oponen abiertamente a leyes que discriminan por razones de género. Las mujeres iraníes se enfrentan a discriminación en cuestiones relativas a estatus personal, como matrimonio, divorcio, sucesión y tenencia de menores. Las mujeres deben obtener la aprobación de su tutor masculino para contraer matrimonio con independencia de cuál sea su edad, y no pueden transmitir su nacionalidad a sus esposos si estos son extranjeros, ni tampoco a sus hijos.
El 1 de agosto de 2013, Human Rights Watch escribió al entonces presidente Hassan Rouhani pidiendo que adoptara medidas concretas en varios frentes de reforma claves, que incluían desde la liberación de presos políticos hasta la ampliación de la libertad académica en universidades y el respeto de los derechos de la mujer. Human Rights Watch instó a Rouhani a disolver a las juntas disciplinarias que vigilan de manera ilegítima las actividades de los estudiantes y disponen su suspensión o expulsión únicamente por haber ejercido sus derechos fundamentales, y a permitir que organizaciones como Tahkim-e Vahdat puedan reanudar su actividad.
Human Rights Watch exhortó asimismo a Rouhani a que trabajara en pos de la igualdad de género en el país, y señaló que si bien “el Presidente tiene una capacidad limitada de modificar en forma directa leyes discriminatorias sobre estatus de las personas en aspectos como matrimonio, sucesión y tenencia de menores... debería igualmente respaldar esfuerzos destinados a reformar o abolir tales leyes” y apoyar a organizaciones como la Campaña por Un Millón de Firmas.
El 26 de noviembre, el sitio web oficial del presidente Rouhani presentó una versión preliminar de Carta de Derechos del Ciudadano para su debate público. A través de una carta conjunta, Human Rights Watch y la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán advirtieron que muchas de las disposiciones del texto preliminar de la Carta, incluidas las relativas a derechos de la mujer, no protegen en forma adecuada o directamente violan las obligaciones jurídicas asumidas por Irán conforme al derecho internacional. Entre estos problemas se incluyen restricciones a derechos sustentadas en criterios en apariencia subjetivos, como la “seguridad nacional” y los “principios del islam”.
“El poder judicial iraní es el principal responsable de disponer que sean liberados de prisión defensores como Shafipour, Hedayat y Shokri, y asegurar que el país observe sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señaló Whitson. “Sin embargo, el gobierno de Rouhani puede también desempeñar un rol clave al promover la excarcelación de estos defensores de derechos y exigir que las fuerzas de seguridad y de inteligencia renuncien al hostigamiento y la persecución de activistas”.
