La semana pasada, hombres armados presuntamente pertenecientes a la organización islamista Boko Haram atacaron una escuela en el norte de Nigeria durante la noche, mientras los estudiantes que eran allí pupilos se encontraban durmiendo. Los agresores habrían incendiado edificios, y quemado y disparado a decenas de alumnos varones que perdieron la vida. No se trata de un acto aislado perpetrado por esta organización, que ya ha incendiado más de 300 escuelas desde 2012, ni tampoco una excepción en los métodos de combate modernos.
Nuestro nuevo informe Ataques a la Educación 2014 analiza con detenimiento casos de escuelas, universidades, docentes y alumnos que son atacados deliberadamente en conflictos en todo el mundo. El estudio fue realizado por la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, integrada por organizaciones no gubernamentales y tres órganos de Naciones Unidas que han trabajado conjuntamente a lo largo de cuatro años para generar mayor conciencia a nivel internacional sobre la necesidad de prevenir estos ataques y responder cuando se producen.
La coalición examinó ataques ocurridos entre 2009 y 2013 en 30 países tan diversos como Colombia o Indonesia e identificó un patrón de ataques deliberados a edificios educativos y estudiantes, docentes y académicos. Cientos de alumnos y educadores han sido asesinados, y muchos más resultaron heridos. A cientos de miles de personas se les ha negado la posibilidad de educación, o estudian y enseñan bajo temor constante.
Las razones de los ataques son variadas. En Afganistán, donde se produjeron más de 1.000 ataques vinculados con escuelas en los últimos cinco años, estas instituciones a veces constituyen los únicos edificios gubernamentales en zonas remotas, y los grupos armados suelen atacarlas en tanto representan símbolos del Estado. En numerosas regiones del mundo, los ataques a escuelas y estudiantes y docentes en forma individual reflejan un repudio violento a ideas que se consideran foráneas. En el sur de Tailandia, por ejemplo, separatistas musulmanes han asesinado a docentes y quemado y bombardeado escuelas, en parte debido a que creen que las escuelas públicas imponen la religión del Estado (el budismo), la lengua nacional tailandesa y una versión de la historia con la que disienten.
Sin embargo, en Afganistán, Tailandia y otros sitios, las escuelas también son atacadas debido a la presencia de tropas enemigas. En 24 de los 30 países relevados por el informe, se utilizaron escuelas para fines militares. Tales fines incluyen el uso como bases, cuarteles, depósitos de armas, puestos de tiro, lugares de entrenamiento y centros de detención e incluso tortura.
Mientras que las fuerzas gubernamentales a veces consideran que las escuelas son apenas otro recurso del Estado que pueden usar, y los grupos armados se ven atraídos por la posibilidad de resguardo que ofrecen los sólidos edificios escolares, el perjuicio para los niños muy a menudo no se toma en cuenta. Las ocupaciones militares pueden provocar el desplazamiento de niños, obligándolos a trasladarse a escuelas en zonas remotas o directamente privándolos de educación. O bien los soldados pueden ocupar solamente una parte de las escuelas, lo cual implica que los niños deban estudiar en unas pocas aulas, en ocasiones sin retretes. Esto genera un entorno absolutamente inadecuado para los niños, a raíz del cual los padres muy posiblemente opten por retirar a sus hijos de la escuela, sobre todo las niñas.
Más grave aún, la presencia de soldados puede exponer a niños y docentes al riesgo de ataques por fuerzas contrarias. En Siria, por ejemplo, ambos bandos han utilizado escuelas, y el gobierno ha bombardeado y disparado contra escuelas usadas por combatientes armados de oposición, si bien también ha atacado con frecuencia escuelas donde no había presencia enemiga. Incluso si la escuela no está funcionando cuando es ocupada por soldados, una vez que ha sido atacada es posible que no se realicen las reparaciones necesarias y no pueda ser usada durante mucho tiempo después de que se retiraron las tropas y regresaron los civiles.
Existe un reconocimiento progresivo de la necesidad de contrarrestar el uso militar de escuelas para impedir mayores daños a estudiantes, docentes y establecimientos educativos. En 2009, el Consejo de Seguridad de la ONU instó a las partes enfrentadas a abstenerse de utilizar escuelas para operativos militares, y en 2011 pidió al secretario general que realizara un seguimiento de estas prácticas y le informara al respecto anualmente. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU modificó en 2012 su manual para batallones de infantería y prohibió que las fuerzas de paz utilicen escuelas durante sus operativos. Y en el último año la representante especial de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados ha instado reiteradamente a los países a abstenerse de usar escuelas para fines militares. Varios países cuentan además con legislación y políticas militares efectivas para la protección de escuelas o universidades del uso militar.
Estas importantes medidas deberían consolidarse y reflejarse en estándares claros que puedan aplicarse de manera general. En los últimos dos años, los miembros de la coalición y expertos de distintos gobiernos que colaboran han trabajado en la formulación de una versión preliminar de las Directrices de Lucens para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados. Estas seis directrices se elaboraron sobre la base de las normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las buenas prácticas para preservar a las escuelas de la guerra, incluso en situaciones de combate. Ofrecen un conjunto claro y razonable de normas que pueden ser respetadas tanto por fuerzas gubernamentales como grupos armados no pertenecientes al Estado.
En los próximos meses, los distintos estados miembros de la Unión Europea deberían contribuir a finalizar y avalar tales directrices, y ponerlas en práctica a través de sus propias leyes y políticas militares. La UE debería incorporar las Directrices de Lucens a sus propias directrices sobre los niños y los conflictos armados y a las normas sobre intervención militar para todas las fuerzas de la UE que participen en operativos conforme a la Política de Seguridad y Defensa Común. Asimismo, Europa debería incorporar las directrices y las mejores prácticas que estas reflejan en todos sus programas de asistencia y entrenamiento militar. Las escuelas deberían ser zonas seguras, incluso en contextos de conflicto armado. Para ello, sería provechoso contar con criterios de orientación claros, originados en normas y mejores prácticas, que puedan ser respetados por todas las partes.
