(Geneva) – Un nuevo informe de las Naciones Unidas ha identificado delitos de lesa humanidad en Corea del Norte y exige que un tribunal internacional investigue estos hechos y juzgue a lo responsables, señaló hoy Human Rights Watch.
El informe, elaborado por una Comisión de Investigación de la ONU designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2013, recomienda que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional (CPI) y que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos investigue lo sucedido. La comisión tripartita, presidida por el jurista australiano Michael Kirby, presentará formalmente sus conclusiones al Consejo de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2014 o en una fecha próxima. El consejo evaluará entonces emitir una resolución que implique adoptar medidas a partir de las recomendaciones de la comisión.
“Este estremecedor informe debería lograr que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda ver finalmente las atrocidades sufridas por la población de Corea del Norte, que atentan contra la estabilidad en la región”, comentó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Al centrarse únicamente en la amenaza nuclear que supone Corea del Norte, el Consejo de Seguridad pasa por alto los delitos perpetrados por líderes norcoreanos, que han permitido que se implementara un cruento sistema de gulags, ejecuciones públicas, desapariciones y hambrunas masivas”.
El informe de la comisión determina que se cometieron delitos de lesa humanidad en Corea del Norte a lo largo de varias décadas “como resultado de políticas establecidas en los más altos niveles del Estado”, que incluyeron “exterminio, homicidios, esclavitud, tortura, encarcelamiento, violación sexual, abortos forzados y otros actos de violencia sexual, persecución por motivos políticos, religiosos, raciales y de género, desplazamiento forzado de personas, desaparición forzada y el acto inhumano de provocar deliberadamente hambruna por períodos prolongados”. El informe señala en particular que existe “un ataque sistemático y generalizado contra todas las poblaciones que se perciben como una amenaza para el sistema y el liderazgo político”.
Nuevo video expone atrocidades relatadas por testigos
Simultáneamente a la difusión del informe de la comisión, Human Rights Watch presentó hoy el video “Corea del Norte: relatos de sobrevivientes de campos de prisioneros”, que incluye entrevistas a ciudadanos norcoreanos que sufrieron años de abusos mientras permanecieron encarcelados en campos penitenciarios destinados a presos políticos (kwanliso), incluida la aplicación sistemática de golpizas, privación de alimentos, hambruna y ejecuciones públicas para controlar a los detenidos. La grabación contiene entrevistas con ex guardias de estos campos, que revelan cómo son gestionados y las atrocidades que allí se cometen. Con respecto a este tipo de campos de prisioneros, la comisión determinó que: “Las atrocidades inenarrables que se cometen contra internos en los campos para prisioneros kwanliso se asemejan a las aberraciones de los campos creados por estados totalitarios durante el siglo XX”.
El informe de la comisión también concluye que se cometieron delitos de lesa humanidad “contra poblaciones en situación de inanición” en el contexto de hambrunas masivas durante la década de 1990, a través de “decisiones y políticas adoptadas con el propósito de mantener el actual sistema político, con pleno conocimiento de que tales decisiones agravarían la hambruna y las consiguientes muertes en gran parte de la población”. A su vez, el informe comprueba que la campaña generalizada de secuestros de ciudadanos surcoreanos y japoneses por agentes de Corea del Norte, principalmente durante la década de 1970 y principios de los ochenta, constituye un delito de lesa humanidad.
“Las conclusiones devastadoras de esta investigación no deberían ser ignoradas”, advirtió Roth. “Dado que los delitos fueron cometidos por actores estatales, solamente un tribunal internacional podrá impulsar adecuadamente investigaciones penales para juzgar a los responsables”.
Human Rights Watch instó al Consejo de Derechos Humanos a ratificar las recomendaciones de la comisión adoptando una resolución categórica sobre Corea del Norte durante la sesión de marzo, y a encargar al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon que transmita el informe directamente al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea General para que intervengan.
El informe concluye que la información recabada ofrece “fundamentos suficientes… para justificar una investigación penal a cargo de un órgano judicial competente nacional o internacional”, lo que podría incluir a la CPI, o un tribunal ad hoc creado por el Consejo de Seguridad de la ONU o con el consentimiento de los estados miembros de la ONU.
Además de remitir el caso de Corea del Norte a la CPI, el informe señala que el Consejo de Seguridad de la ONU está facultado para conformar un tribunal especial para Corea del Norte. Esta medida sería un paso acertado, dado que muchos de los delitos documentados por la comisión se produjeron antes de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de la CPI, observó Human Rights Watch. En el pasado, se han creado tribunales mediante resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para delitos cometidos en Ruanda y en la ex Yugoslavia.
Con independencia del Consejo de Seguridad, el informe señala que la Asamblea General de la ONU podría aprobar una resolución destinada a crear un tribunal ad hoc, administrado por países que tengan interés en asumir esta tarea. Un tribunal de esta naturaleza, creado por estados miembros de la ONU sin autorización del Consejo de Seguridad, no tendría potestad vinculante conforme a la Carta de la ONU, pero podría desempeñar muchas de las mismas funciones que un tribunal autorizado por el Consejo de Seguridad.
Human Rights Watch instó a miembros del Consejo de Seguridad a convocar sin demora a la Comisión de Investigación para que esta les transmita cuáles han sido sus hallazgos, y exhortó a otros países a apoyar las acciones destinadas a obtener justicia por los delitos cometidos en Corea del Norte.
“La ONUse constituyó tras la Segunda Guerra Mundial, precisamente en respuesta a este tipo de abusos masivos”, indicó Roth. “Las atrocidades que se describen en este informe representan un fuerte revés para los ideales que dieron origen a la ONU y deberían provocar una respuesta contundente por parte de la organización. El sufrimiento y las pérdidas que han padecido las víctimas exigen adoptar medidas urgentes y definitivas para llevar a los responsables ante la justicia”.