Para los defensores de un sistema inmigratorio estadounidense más justo y humano —y más concretamente, para millones de inmigrantes indocumentados—hubo un momento positivo en octubre, en un año por lo demás bastante frustrante, cuando el estado de California aprobó una ley para limitar el papel de las autoridades locales en la aplicación federal de las leyes de inmigración.
Con la llamada Ley de Confianza, California se unió a una lista cada vez mayor de estados y jurisdicciones locales que presionan en contra de “Comunidades Seguras”, un programa federal bajo el cual los inmigrantes detenidos por la policía local tienen que dar sus huellas digitales, que los agentes contrastan contra una base de datos federal de inmigración, lo que a su vez puede provocar su arresto y deportación.
Ahora otro estado, Massachusetts, está considerando su propia “Ley de Confianza”, en medio de preocupaciones de que el programa Comunidades Seguras, cuyo propósito declarado es detener a delincuentes peligrosos, se esté centrando en inmigrantes que no son auténticas amenazas para la seguridad pública. Hasta diciembre de 2012, sólo el 46 por ciento de los 768 inmigrantes deportados de Massachusetts a través del programa tenía antecedentes penales, de acuerdo con el diario Boston Globe.
Bajo la propuesta de ley, las personas puestas en libertad por los tribunales no podrían ser entregadas a las autoridades de inmigración a menos de que tuvieran una condena por un delito o fueran consideradas peligrosas. Por desgracia, eso aún no aborda la situación de las personas, incluyendo residentes legales, que se enfrentan a la separación de sus familias por faltas relativamente menores designadas como delitos graves, o por convicciones muy antiguas. Aún así, es un cambio positivo.
Otra razón por la que Massachusetts debería aprobar su Ley de Confianza es para mejorar la seguridad pública. Entre los mayores detractores del programa Comunidades Seguras figuran jefes de la policía y alguaciles que aseguran que, cuando los policías locales se involucran en la ley de inmigración, pierden la confianza de las comunidades a las que sirven, y precisamente dependen de dicha confianza para hacer su trabajo con eficacia. Si los inmigrantes indocumentados temen las repercusiones, por ejemplo, de denunciar un delito, es menos probable que den la cara, y con ello, sus comunidades se vuelven cada vez menos, en lugar de más, seguras.
Sin embargo, en última instancia, las iniciativas estatales no son un sustituto para la acción a nivel nacional. Es por eso que el Congreso de EE.UU. debería aprobar en 2014 una amplia reforma migratoria, que incluya un proceso efectivo de legalización que respete a las familias, proteja a las víctimas de abusos y crímenes y centre las medidas de represión en los verdaderos delincuentes.
