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En los últimos años, el gobierno federal de Estados Unidos ha recurrido con mayor frecuencia a las autoridades locales para llevar a cabo las funciones federales de aprehender y encarcelar a inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, un número creciente de comunidades, jefes de policía y alguaciles están empujando hacia otra dirección bajo el argumento de que involucrar a policías locales en el negocio de encarcelar a inmigrantes genera que las comunidades a las que sirven pierdan la confianza y con ello, se resistan a colaborar con sus autoridades locales en las labores de seguridad. Esto a su vez, afirman, genera comunidades más debido a que los inmigrantes no autorizados y aquellos cercanos a ellos se vuelven reacios a reportar crímenes por temor a llamar la atención.
California acaba de convertirse en el último estado en aprobar una ley que limita la participación de las autoridades locales en la aplicación federal de inmigración. La llamada Trust Act, firmada el sábado por el gobernador Jerry Brown, prohíbe a los agentes policiales en California transferir a un inmigrante indocumentado a las autoridades federales si lo arrestaron por un crimen menor.
La Ley TRUST busca mitigar el impacto de "Comunidades Seguras", un programa federal que permite la colaboración con los departamentos de policías locales. Comunidades seguras es un programa federal que permite la colaboración con los departamentos de policías locales. Bajo este programa, la policía captura las huellas dactilares de cualquiera que ingresa en una cárcel local o del condado y las envían al Departamento de Seguridad Nacional para ser comparadas con datos en archivos migratorios. Si el gobierno cree que un detenido se encuentra ilegalmente en el país o no es un ciudadano estadounidense, las autoridades de inmigración pueden emitir una " órdenes de detención", solicitando que la persona continúe bajo arresto, independientemente de los cargos criminales. La orden pide a la policía o cárcel local que retenga al inmigrante sospechoso durante un tiempo adicional para evaluar si puede ser deportado y quedar bajo custodia federal.
Aunque se ha considerado como una herramienta para la captura de criminales peligrosos, en la práctica ha dado lugar a la detención y deportación de miles de migrantes no -criminales, incluso personas que habían sido víctimas de delitos.
Es alentador ver que California siga el ejemplo del estado de Connecticut, y de ciudades como Newark, New Orleans, Chicago y otras localidades de limitar su participación en Comunidades Seguras. Sin embargo, muchas jurisdicciones en todo el país continúan participando.
En última instancia, el gobierno de EE.UU. debe poner fin a Comunidades Seguras y otras iniciativas similares que confunden el objetivo de proteger y ofrecer seguridad pública con las tareas de auxiliar en la detención de inmigrantes haciendo de los policías de cada ciudad agentes de inmigración y con ello poniendo en peligro a comunidades enteras.
