(Washington, D.C.) – El gobierno de Argentina debería asegurar que el acuerdo firmado con Irán para crear una Comisión de la Verdad para investigar el atentado ocurrido en 1994 contra un centro de la comunidad judía en Buenos Aires no impida que se produzcan avances en las investigaciones penales en Argentina, señaló hoy Human Rights Watch, en el 19º aniversario del atentado.

Durante años, Irán se negó a colaborar con las investigaciones judiciales en Argentina. Sin embargo, el 27 de enero de 2013, Argentina e Irán firmaron un “Memorándum de Entendimiento”, por el cual se crea una comisión internacional de juristas con facultades para revisar la evidencia que involucra a ciudadanos iraníes acusados por las autoridades judiciales argentinas como responsables del atentado, y para interrogar a algunos de los presuntos implicados.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que congrega a 120 comunidades judías de todo el país, incluida la AMIA, ha impugnado este acuerdo en la justicia junto con algunos familiares de víctimas, argumentando que interfiere con la investigación judicial argentina.

“Los familiares de las víctimas han esperado casi dos décadas para que avance la causa”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ahora está en manos de las autoridades argentinas presionar a Irán para obtener una cooperación genuina y no permitir que se frenen o desvirtúen sus esfuerzos para esclarecer este caso”.

El 18 de julio de 1994, la detonación de un coche bomba en la entrada de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. En 2006, la justicia federal argentina dictó una orden de captura internacional contra varios importantes funcionarios iraníes y un jefe del servicio de seguridad de Hezbollah acusados de participar en el atentado. Todos ellos se encuentran fuera de la jurisdicción argentina y ninguno ha sido detenido.

La orden de 2006 pedía la detención del ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros siete funcionarios de ese país, incluidos los ministros de inteligencia y relaciones exteriores, varios jefes del cuerpo de elite Guardias Revolucionarios y diplomáticos que trabajaban en la embajada iraní en Buenos Aires en ese momento. En la orden, se acusa a estas personas de haber planificado, ordenado o participado de algún modo en el atentado. La justicia también dictó una orden de arresto contra un jefe del servicio de seguridad de Hezbollah, quien fue asesinado en 2008 durante un atentado con un coche bomba.

Interpol ha emitido varias “notificaciones rojas” contra seis de estos hombres para que se determine su ubicación y sean detenidos o se impida su desplazamiento “con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares”. Irán aseveró en reiteradas oportunidades no haber tenido ningún tipo de participación en el atentado, y se ha negado a extraditar a los sospechosos a Argentina. Actualmente no existe tratado sobre extradición entre Irán y Argentina.

El breve acuerdo suscripto por Argentina e Irán no establece claramente la composición ni las potestades de la Comisión de la Verdad. Se prevé que estará integrada por cinco juristas internacionales. Cada gobierno designará a dos, que no podrán ser ciudadanos de los respectivos países, y ambos gobiernos elegirán conjuntamente al quinto integrante, quien además presidirá la comisión.

Este organismo, que eventualmente establecerá sus reglas de procedimiento, examinará “la evidencia y la información” proporcionadas por Irán y Argentina, y formulará recomendaciones sobre cómo “proceder con el caso en el marco de la ley y regulaciones de ambas partes”. El acuerdo establece además que “la Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar” a ciudadanos iraníes acusados de haber participado en el atentado y respecto de los cuales Interpol haya emitido notificaciones rojas.

El texto no hace referencia a la relación entre esta investigación y el proceso que se impulsa actualmente en la justicia argentina, pero sí se expresa el compromiso de que “ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones [de la Comisión] en sus acciones futuras”.

Poco tiempo después de firmado el acuerdo, el canciller argentino Héctor Timerman señaló en declaraciones a la agencia oficial de noticias que el convenio permitiría a las autoridades judiciales argentinas interrogar a los presuntos implicados, lo cual es necesario para el avance de la investigación penal. No obstante, según se informó en medios de comunicación iraníes, el 11 de febrero Ramin Mehmanparast, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, rechazó cualquier posibilidad de que las autoridades judiciales argentinas pudieran interrogar a sospechosos iraníes.

Debido al leguaje impreciso del acuerdo y la escasa información disponible sobre su futura implementación, no resulta claro si las declaraciones prestadas por presuntos implicados en Irán tendrían validez para la justicia argentina, observó Human Rights Watch. El Código Procesal Penal de Argentina dispone que a la declaración indagatoria de un presunto implicado sólo podrán asistir el juez, el defensor y el ministerio fiscal. En todo caso, el acuerdo únicamente permite interrogar a los cinco sospechosos iraníes contra quienes Interpol ha emitido notificaciones rojas, pero no a otros tres iraníes que el juez argentino acusó de ser partícipes en el atentado.

El acuerdo prevé que, luego de ser firmado, ambos cancilleres deberán enviar una copia a Interpol. El 17 de marzo, el canciller iraní Ali Akbar Salehi indicó a los medios que, en función del acuerdo, Interpol debería cancelar las notificaciones rojas.

Si bien algunas organizaciones que representan a familiares de víctimas se han manifestado a favor del acuerdo, otras se oponen al convenio, informó la Agencia Judía de Noticias. El 4 de abril, la AMIA y la DAIA presentaron un amparo contra el memorándum alegando que atenta contra la independencia judicial al otorgar a una comisión internacional la potestad de supervisar una investigación judicial en curso. El amparo está siendo evaluado por la justicia federal argentina.

El 28 de febrero, la mayoría oficialista en el Congreso de la Nación Argentina ratificó el acuerdo.

En Irán, el acuerdo fue firmado por el canciller iraní y ratificado por el Consejo de Ministros, un organismo ejecutivo integrado por miembros del gabinete y autoridades de alto rango. Sin embargo, existe un debate abierto entre juristas sobre si el acuerdo debería ser aprobado por el parlamento antes de ser implementado.

“La comisión podría contribuir significativamente a la causa si se designaran expertos independientes, estos adoptaran un reglamento interno que respete los derechos fundamentales y se permitiera así que avancen las investigaciones penales en Argentina”, comentó Vivanco. “No obstante, debido a la ambigüedad de los términos del acuerdo y al lamentable récord de Irán, que hasta ahora jamás ha colaborado con las investigaciones en curso, existen preocupaciones fundadas para temer que esta comisión no contribuirá a llevar a los responsables del atentado ante la justicia”.