(Washington, DC) – La negativa del Presidente de Estados Unidos Barack Obama a vetar un proyecto de ley sobre gastos de defensa que restringe el traslado de personas detenidas en Guantánamo no se condice con su compromiso de cerrar esta prisión, señaló hoy Human Rights Watch. El 2 de enero de 2013, Obama refrendó la Ley de Autorización de Gastos de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) de 2013, a pesar de que sus asesores habían manifestado que recomendarían al presidente vetar la norma si estipulaba restricciones al traslado de detenidos.

“El gobierno culpa al Congreso por obstaculizar el cierre de Guantánamo, pero por segundo año consecutivo el Presidente Obama ha promulgado una norma del Congreso que impone restricciones nocivas”, indicó Andrea Prasow, especialista sénior en lucha contra el terrorismo y defensora de Human Rights Watch. “Ahora corresponde a Obama demostrar que realmente tiene intención de cerrar esta prisión”.

En una aclaratoria emitida por Obama al promulgar la ley, criticó al Congreso por renovar las restricciones que, según dijo, procuraban “inhibir” su capacidad de cerrar Guantánamo.

“Sigo creyendo que administrar este establecimiento debilita nuestra seguridad nacional al desperdiciar recursos, deteriorar las relaciones con nuestros principales aliados y fortalecer a nuestros enemigos”, escribió. No obstante, invocó la necesidad de promulgar la ley, y señaló que la demanda de fondos era “demasiado importante y no podía ser ignorada”. Obama había emitido un comunicado similar al ratificar la NDAA el año anterior.

De hecho, la NDAA autoriza la asignación de fondos para la mayoría de las actividades del Departamento de Defensa, pero no resulta indispensable para la actuación de las fuerzas armadas estadounidenses, indicó Human Rights Watch. La norma en realidad no financia al Departamento de Defensa, sino que autoriza la asignación de partidas para fines específicos. Si Obama hubiese vetado la ley de autorización de 2013, aún habría continuado vigente la autorización de la NDAA del año pasado. Cuatro de los cinco presidentes que antecedieron a Obama vetaron las leyes de autorización de gastos de defensa.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó su versión de la norma el 18 de mayo, y el Senado sancionó otra versión el 4 de diciembre. La comisión bicameral concilió ambos textos y elaboró una versión unificada del proyecto el 18 de diciembre, que fue aprobada en la Cámara de Representantes el 20 de diciembre y en el Senado el 21 de ese mes.

La ley prorroga un año más las restricciones al traslado de detenidos desde Guantánamo hacia su país de origen o terceros países para que permanezcan allí. Las restricciones no dependen de la conducta de las personas detenidas sino de actos terroristas presuntamente cometidos por ex detenidos en el país donde serían trasladados. Desde que se fijaron las restricciones para 2012, el gobierno no ha transferido a ningún detenido desde Guantánamo hacia otros países por medio del mecanismo de certificación, ni siquiera en casos de personas cuya situación ya había sido evaluada y se había dispuesto su liberación. Los únicos detenidos que salieron de Guantánamo el año pasado lo hicieron en virtud de excepciones preexistentes a las restricciones sobre traslados.

La ley de autorización también extiende la prohibición de usar fondos del Departamento de Defensa para trasladar detenidos a Estados Unidos, ya sea para continuar su detención o para ser juzgados, hasta el 30 de septiembre de 2013. Si el gobierno no puede trasladar a detenidos a Estados Unidos, el único foro disponible donde podrían ser juzgados es en el sistema de comisiones militares de Guantánamo, que presenta falencias sustanciales.

Estas comisiones militares se han visto afectadas por numerosas irregularidades procesales, uso de pruebas obtenidas por medios coercitivos, aplicación desigual de normas probatorias que cambian constantemente, recursos de defensa inadecuados y falta de acceso público. La capacidad del gobierno de utilizar comisiones militares para algunos delitos ha sido cuestionada recientemente en una decisión de un tribunal de apelación federal que anuló la condena impuesta a Salim Hamdan por apoyo material al terrorismo, dado que en el momento en que presuntamente se produjo la conducta, esta no constituía un crimen de guerra.

Si bien las restricciones sobre traslados contenidas en la ley de autorización no representan una prohibición absoluta, sí generan obstáculos administrativos, indicó Human Rights Watch. Para trasladar a un detenido a un país distinto de Estados Unidos, el secretario de defensa debe obtener determinadas garantías del país receptor relativas a condiciones de detención y a divulgación de información, entre otras cosas, antes de poder usar los fondos del Departamento de Defensa. El gobierno debería continuar exigiendo estas certificaciones y, durante los próximos meses, trabajar con el Congreso para levantar la prohibición que impide trasladar a detenidos para que sean juzgados en Estados Unidos, expresó Human Rights Watch.

“La detención por tiempo indeterminado en Guantánamo constituye un acto ilegítimo, insostenible y contrario a los intereses estadounidenses en materia de seguridad nacional, y por ello esta situación no puede continuar”, manifestó Prasow. “Sin embargo, el gobierno no debería insistir simplemente en culpar al Congreso. El Presidente Obama debería cumplir sus compromisos anteriores y procurar resolver las restricciones a los traslados”.