(Washington, DC) – El examen de la comisión de inteligencia del Senado de Estados Unidos sobre el programa secreto de detención e interrogatorios implementado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (Central Intelligence Agency, CIA) tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001, que ha generado gran expectativa, debería ser desclasificado y publicado. El informe, que contiene importante información sobre el uso y la ineficacia de prácticas de tortura, fue aprobado por la Comisión Especial de Inteligencia del Senado (Senate Select Committee on Intelligence) el 13 de diciembre de 2012.

“El informe del Senado es de una importancia extraordinaria teniendo en cuenta que, sin suficiente información, se ha aseverado en muchas oportunidades que la tortura fue un aspecto clave del éxito de las acciones de inteligencia estadounidenses”, indicó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Únicamente la difusión de los hechos y la comprensión de los errores del pasado permitirá que quienes definen las políticas tomen recaudos para impedir que estas políticas de seguridad nacional ilícitas y nocivas vuelvan a reiterarse”.

La senadora Dianne Feinstein, que preside la comisión de inteligencia, indicó que este informe de más de 6.000 páginas constituye la revisión más completa y definitiva del programa de la CIA. Los miembros de la comisión trabajaron casi cuatro años en la elaboración del informe, y durante este período revisaron más de 6 millones de páginas de registros. El informe incluye descripciones detalladas de cada uno de los detenidos bajo custodia de la CIA, las técnicas empleadas en los interrogatorios, las condiciones de detención y la información que pudo obtenerse o no por medio del programa. Feinstein dijo que el informe rebate las afirmaciones de que el uso de técnicas de interrogación intensivas permitió obtener información sensible y desplegar operativos importantes con éxito, como el que acabó con Osama Bin Laden. También contiene datos sobre la veracidad o inexactitud de las descripciones del programa ofrecidas por la CIA a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Congreso y otras autoridades.

Si bien el informe de la comisión de inteligencia ha sido aprobado, continúa teniendo carácter confidencial. Feinstein indicó que el informe primero se someterá al análisis del Ejecutivo, y luego se tomará una decisión sobre su posible desclasificación en una fecha posterior. El gobierno estadounidense ha difundido escasa información sobre el programa y los centros de detención secretos de la CIA. Feinstein contó que el informe revela “datos alarmantes” sobre el programa y despierta fuertes interrogantes sobre los operativos y el control de inteligencia. Diversas organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han dado a conocer algunos datos sobre el programa que fueron obtenidos por medio de ex detenidos, otras fuentes de primera mano, expedientes de causas en el extranjero, documentos descubiertos  por investigadores y procesos iniciados conforme a la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), si bien gran parte de la información relativa al programa continúa siendo secreta. Varias demandas interpuestas por ex detenidos ante la justicia federal estadounidense han sido desestimadas invocando el secreto de Estado, que se ha empleado para impedir que se presenten testimonios sobre métodos de tortura.

Paralelamente, el 13 de diciembre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en forma unánime que Macedonia era responsable por la violación de las prohibiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre detención ilegal, tortura y otros maltratos, y por el traslado en forma ilegal de Khaled El Masri, un ciudadano alemán que fue entregado a la CIA en Macedonia a fines de 2003. El tribunal comprobó que la policía de Macedonia había mantenido incomunicado a El Masri durante tres semanas en la frontera, donde fue interrogado. Luego fue puesto a disposición de agentes de la CIA en el aeropuerto de Skopie, donde sufrió una brutal golpiza, y posteriormente fue trasladado a una prisión en Afganistán bajo el control estadounidense, y allí fue interrogado, golpeado y amenazado en reiteradas oportunidades durante un lapso de cuatro meses, al cabo del cual fue liberado. El tribunal señaló que las autoridades de Macedonia sabían o debían haber sabido que El Masri estaría expuesto a un riesgo real de tortura y trato cruel, inhumano y degradante bajo la custodia estadounidense. La sentencia, que no es susceptible de apelación, otorgó a una indemnización de 60.000 euros (US$ 78.000) a El-Masri.

La demanda interpuesta por El-Masri ante la justicia de Estados Unidos por detención ilegal fue desestimada en 2006 por el tribunal, que aceptó el argumento del gobierno de ese país sobre su derecho a invocar el secreto de Estado. Este privilegio impide que los casos prosigan cuando se determine que ello implicaría que se revelen secretos de Estado.

“Dado que no se juzga a los responsables del programa abusivo implementado por la CIA, el informe del Senado representa la vía más adecuada para que el público pueda saber qué sucedió”, afirmó Roth. “El informe debería ser desclasificado en la mayor medida posible, para que Estados Unidos no recurra nunca más a las prisiones secretas ni la tortura”.