(Washington, DC) – Estados Unidos ha desaprovechado una importante oportunidad de asumir un liderazgo global en materia de derechos de discapacidad ya que el Senado no consiguió aprobar la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 4 de diciembre de 2012, señaló hoy Human Rights Watch. La votación en el Senado arrojó 61 votos a favor y 38 en contra, pero se necesitaban 66 votos afirmativos –dos tercios de los miembros del Senado presentes– para ratificar el tratado.
La Convención Internacional para Promover y Proteger los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 y fue suscripta por Estados Unidos en 2009, procura promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Al ratificar el tratado sobre derechos de discapacidad, Estados Unidos habría tenido la posibilidad de fortalecer su rol de precursor en el reconocimiento de los derechos de personas con discapacidad en el ámbito interno y a nivel internacional, indicó Human Rights Watch.
“Si bien el liderazgo estadounidense ha contribuido significativamente a que se incluyeran los derechos de las personas con discapacidad en la agenda internacional, la votación del Senado constituye un profundo retroceso”, aseveró Antonio Ginatta, director de incidencia del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Ratificar el tratado sobre derechos de discapacidad habría reforzado el compromiso de Estados Unidos con los valores consagrados en la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (Americans with Disabilities Act, ADA) y habría brindado un marco para ampliar y promover los derechos de las personas con discapacidad a nivel mundial”.
La Ley de Estadounidenses con Discapacidad, sancionada por el Congreso en 1990, es una de las normas sobre derechos civiles más emblemáticas y fue la primera ley nacional de todo el mundo que abordó de manera sistemática la discriminación, los obstáculos y los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad. En esa norma, Estados Unidos planteó el objetivo de empoderar a la personas con discapacidad para que consiguieran la autosuficiencia económica, una vida independiente, plena participación, inclusión e integración en la sociedad.
Algunos aspectos de la Convención se inspiraron en la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, y Estados Unidos brindó una importante asistencia técnica durante el proceso de negociación y redacción de la convención. Al igual que la Ley ADA, el tratado consagra los principios básicos de dignidad y autonomía individual, no discriminación, inclusión y participación plenas en la sociedad, igualdad de oportunidades, accesibilidad y el respeto por la diferencia. Las principales garantías de la convención son las mismas que otorga la ley estadounidense, y los estándares jurídicos que se articulan en el tratado guardan consonancia con la ley estadounidense sobre discapacidad.
El tratado exige a los países miembros prohibir la discriminación de personas con discapacidad y apoyar su dignidad, autonomía y plena participación en la sociedad. El día que se abrió a la firma, en 2007, la convención fue suscripta por 82 países y ratificada por uno, una proporción sin precedentes respecto de otras convenciones de las Naciones Unidas. Actualmente, la convención ha sido ratificada por 126 países.
La Convención fue tratada en el Senado durante el período posterior a las elecciones y participaron en el debate y la votación varios miembros salientes que no conservarán su escaño cuando la composición del Congreso se renueve en enero de 2013. El Senado podría optar por retomar la consideración del tratado cuando se conforme el nuevo Congreso.
“La votación del Senado constituyó una derrota en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad”, opinó Ginatta. “Este resultado bochornoso debería impulsar al Senado a ratificar esta convención trascendental durante 2013”.
