(Los Ángeles) – La decisión de los votantes de California de no abolir la pena de muerte perpetúa una práctica incivilizada y aleja al estado de las tendencias que se observan en el país, señaló hoy Human Rights Watch. De haber sido sancionada el 6 de noviembre de 2012, la Propuesta 34 —que contiene la Ley sobre Ahorro, Rendición de Cuentas y Pleno Cumplimiento (Savings, Accountability, and Full Enforcement, SAFE) para California— habría permitido clausurar el corredor de la muerte más numeroso del país.

“Estaban dadas las condiciones para que California se convirtiera en el sexto estado en abolir la pena de muerte en los últimos cinco años; en cambio, la votación de hoy permitirá que continúe vigente un sistema costoso y cruel”, indicó Alba Morales, investigadora sobre justicia penal en Estados Unidos de Human Rights Watch. “Ahora es tiempo de que otras personas, incluido el gobernador y la legislatura, pongan fin a la pena capital en el estado”.

Las 724 personas que han sido condenadas a pena de muerte en California representan más del 20 por ciento de los reos que se encuentran actualmente en esta situación en todo Estados Unidos. Si se hubiera sancionado la Ley SAFE, su condena habría quedado sin efecto y se habría conmutado por la pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La propuesta fue derrotada por una diferencia de 5 votos.

Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todos los casos. La ejecución de personas avalada por el gobierno constituye una práctica de por sí cruel, y además su aplicación ha estado asociada con numerosos errores y prejuicios. En Estados Unidos, 141 personas han sido eximidas de la pena de muerte luego de que se aportaran pruebas que demostraban su inocencia, tres de ellas en California. La población afroamericana se ha visto más afectada por este tipo de condena que la población caucásica, y la estadísticas indican que hay mayores probabilidades de que se condene a un acusado a la pena de muerte cuando la víctima es blanca.

Muchos de los argumentos que motivaron la Ley SAFE estuvieron vinculados con los costos que supone la pena de muerte. Desde 1992, California ha ejecutado a 13 personas a un costo de aproximadamente US$ 4.000 millones. De los fondos que se ahorrarían al evitar costosas apelaciones y los gastos que supone albergar a las personas condenadas, la ley habría destinado $ 30 millones a la investigación de delitos graves que no han sido resueltos. En California, casi la mitad de los homicidios no se resuelven, como tampoco la mayoría de los casos de violación sexual denunciados en el estado.

Entre 2007 y 2011, Estados Unidos se ubicó apenas por debajo de China, Irán, Arabia Saudita e Irak con respecto a la cantidad de condenas de pena de muerte dictadas. No obstante, en los últimos años se observó una tendencia alentadora hacia la abolición de la pena de muerte, indicó Human Rights Watch. De los 17 estados que han rechazado la pena de muerte, 5 de ellos lo hicieron después del 2007: Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Illinois y Connecticut. En el ámbito nacional, la cantidad de ejecuciones se ha reducido desde 2009.

Incluso el desalentador fracaso de la Ley SAFE permite vislumbrar un panorama más alentador. Más de 800.000 ciudadanos de California firmaron la petición para someter a consulta la iniciativa, y la medida contó por primera vez con el apoyo de una coalición de fiscales de distrito y funcionarios correccionales.

Países de todo el mundo han manifestado progresivamente su repudio a la pena de muerte. De los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, 94 cuentan con leyes que derogan este tipo de pena, mientras que otros 137 son abolicionistas en la práctica. Según el Secretario General de la ONU, en 2011 eran 175 los Estados donde no se llevaban a cabo ejecuciones. Bielorrusia es el único país europeo que aún aplica la pena de muerte.

“Estados Unidos se encuentra prácticamente aislado en su decisión de mantener la pena capital, acompañado únicamente por algunos de los gobiernos más represivos del mundo”, expresó Morales. “Si bien los ciudadanos de California han desperdiciado la posibilidad de hacer historia rechazando la pena de muerte a través de una votación popular, la fortaleza del movimiento que sometió a consulta esta iniciativa sugiere que continuarán las iniciativas para erradicar esta práctica cruel y errada”.