(Sacramento) – La aprobación el 16 de agosto de 2012 por la Asamblea Legislativa del estado de California de un proyecto de ley que permitirá revisar las condenas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional impuestas a delincuentes juveniles constituye un avance para la justicia, Human Rights Watch señaló hoy.
La votación se produjo pocas semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que no se podrán aplicar de manera automática penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional a delincuentes juveniles. El Senado y el gobernador del estado deberían ahora dar los pasos necesarios para que California cumpla lo dictaminado por la Corte Suprema, afirmó Human Rights Watch.
“La decisión de la Corte Suprema puso en evidencia la necesidad de que las autoridades de California tomen cartas en este asunto”, indicó Elizabeth Calvin, defensora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch, quien trabaja en Los Ángeles. “Las leyes vigentes en California permiten que jóvenes sean condenados a prisión en perpetuidad, sin posibilidad ni esperanza de ser alguna vez liberados. El proyecto que la Asamblea Legislativa acaba de aprobar reconoce finalmente la capacidad que tienen los menores de cambiar y permitiría que California cumpla con la sentencia dictada recientemente por la Corte Suprema”.
El Proyecto de Ley del Senado N.° 9 (Senate Bill 9) deberá ahora someterse a votación en el Senado de California. Si el gobernador promulga la ley, las personas que hayan sido menores de 18 años al momento en que cometieron el delito en cuestión podrán pedir que el tribunal que las condenó reconsidere la pena tras haber cumplido un máximo de 25 años de prisión. El transcurso del tiempo permite que la justicia tenga más elementos para evaluar si la persona merece la oportunidad de beneficiarse con la libertad condicional, indicó Human Rights Watch.
Las sentencias dictadas en junio de 2012 por la Corte Suprema en las causas Miller v. Alabama y Jackson v. Hobbs se concentraron específicamente en estados cuyas leyes exigen la imposición de penas automáticas u obligatorias. En estos pronunciamientos, la Corte reconoció que los menores son distintos de los adultos y gozan de un estatus especial conforme a las normas internacionales de derechos humanos y el derecho constitucional.
En Miller, la Corte estableció una serie de distinciones clave entre adultos y jóvenes, y observó que los niños “carecen de madurez” y “no han desarrollado completamente el sentido de la responsabilidad”; señaló además que son imprudentes, impulsivos y propensos a tomar riesgos; “son más vulnerables… a influencias negativas y presiones externas”; “carecen de la capacidad de desentenderse de entornos nefastos y proclives al delito”; y que sus actos tienen menos posibilidades de ser considerados como “prueba de perversidad irremediable”.
Actualmente, la legislación de California incumple el requisito establecido por la Corte Suprema, según el cual la justicia debe considerar cuidadosamente las características individuales de los menores delincuentes que puedan ser condenados a prisión perpetua sin posibilidad de libertad anticipada, expresó Human Rights Watch.
“Las personas pueden cambiar radicalmente en un lapso de 25 años, especialmente quienes tienen entre 16 y 41 años”, afirmó Calvin. “Esta ley habilita a los jueces a tomar en cuenta los cambios experimentados por una persona que ha crecido y se ha convertido en un adulto”.
En el informe de 2008 “When I Die They'll Send Me Home” (“Me enviarán a casa tras mi muerte”), Human Rights Watch documentó la aplicación en California de penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional a personas que tenían menos de 18 años cuando se cometió el delito. El informe comprobó que la imposición de este tipo de penas a jóvenes en California es uno de los castigos más injustos en todo el país. Se estima que el 45 por ciento de quienes cumplen estas penas en California por casos de homicidio no son los autores directos. Muchas de estas personas fueron condenadas por muertes ocurridas durante la comisión de otros delitos graves o por haber auxiliado o sido cómplices en la ejecución del homicidio, por ejemplo, si actuaron como vigías o participaron en un robo durante el cual se cometió un homicidio.
En casi el 70 por ciento de los casos de California examinados por Human Rights Watch en los cuales los jóvenes no actuaron por sí solos, había al menos un adulto entre los demás acusados. Las respuestas a las encuestas han revelado que en el 56 por ciento de estos casos, el adulto recibió una condena menos severa que el menor. Human Rights Watch comprobó que, a nivel nacional, cerca del 59 por ciento de las personas condenadas a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por delitos cometidos cuando eran menores no tenían antecedentes.
“El Senado, y luego el gobernador en Sacramento, tendrán ahora la posibilidad de hacer lo correcto por los jóvenes que están en prisión en su estado”, manifestó Calvin. “Ha llegado el momento de que California ponga fin a una práctica que condena a jóvenes a morir en prisión y encuentre un modo más efectivo de responder a la delincuencia juvenil”.
