(Nairobi) - La condena a muerte por lapidación de una joven sudanesa por adulterio constituye una serie de graves violaciones de la legislación nacional e internacional, Human Rights Watch señaló hoy. La sentencia también pone de relieve la urgente necesidad de que Sudan implemente reformas a su sistema legal de acuerdo a sus obligaciones en materia de derechos humanos, dijo Human Rights Watch.

Intisar Sharif Abdallah, cuya edad no ha sido determinada, pero se cree que es menor de 18 años, fue condenada por un juez el 22 de abril de 2012, en la ciudad de Omdurman, cerca de Jartum. Desde que se dictó su sentencia, ha permanecido detenida en la prisión de Omdurman, con su hijo de 5 meses de edad, confinada en una celda con las piernas encadenadas.

"Nadie debe ser apedreado hasta la muerte – y la imposición de esta pena sobre alguien que pudiera ser menor de edad es especialmente terrible", dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. "Sudán debe reformar inmediatamente sus leyes discriminatorias y abolir tanto la pena de muerte como todos los castigos corporales que violen sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales que se ha prometido a respetar".

Abdallah fue condenada en virtud del artículo 146 de la Ley Penal de Sudán de 1991, que establece que la pena por adulterio para una persona casada es la ejecución por lapidación y la pena para una persona soltera es de 100 latigazos.

Al principio, la joven negó la acusación de adulterio, pero posteriormente confesó después de haber sido golpeada por un familiar. Al sentenciarla en una sesión única, el tribunal se basó exclusivamente en su confesión forzada, mientras que el hombre acusado de haber cometido adulterio con ella negó los cargos y fue puesto en libertad, afirmó a Human Rights Watch un abogado que trabaja en la Iniciativa Estratégica para la Mujer en el Cuerno de África, un grupo de derechos de la mujer que sigue el caso.

Abdallah no contó con un abogado o un intérprete en la corte, ni su edad fue considerada, pese a que el árabe no es su primera lengua y parece tener menos de 18 años, los abogados que la visitaron dijeron a Human Rights Watch.

La legislación sudanesa establece que los acusados de delitos graves tienen derecho a representación legal, y que la pena de muerte no puede imponerse a menores de edad. A mediados de mayo, los abogados que ofrecieron sus servicios pro bono interpusieron un recurso de apelación en el caso y esperan una respuesta dentro de dos meses. Mientras tanto, Abdallah sigue en prisión.

"Abdallah ni siquiera se benefició de las protecciones establecidas en las propias leyes de Sudán", dijo Bekele. "Las autoridades deben retirar los cargos y liberarla de inmediato".

El caso también refleja la urgente necesidad de que Sudán revise sus leyes para adecuarlas a las normas internacionales, dijo Human Rights Watch. La pena de muerte por lapidación viola los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la prohibición de la tortura y los tratos crueles e inusuales, y debería ser abolida.

Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, debido a su crueldad inherente.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite a los países que siguen imponiendo la pena de muerte - una minoría decreciente - hacerlo sólo para los delitos más graves, lo que descarta una condena de este tipo por razones de adulterio. Sudán es parte en este tratado y de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la imposición de cualquier pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una persona menor de 18 años.

Sudán es uno de los siete países que imponen la muerte por lapidación como castigo. Los jueces sudaneses han condenado a varias mujeres a muerte por lapidación en los últimos años, pero los tribunales han anulado todas las sentencias en la fase de apelación. La gran mayoría de los casos de adulterio y sentencias de lapidación han sido impuestos sobre mujeres, lo que muestra una aplicación desproporcionada y desigual de la actual legislación. El delito de adulterio o zina, también viola las garantías del derecho de las mujeres a tener control y decidir libre y responsablemente los asuntos relacionados con su autonomía sexual.

Sudán también debe reformar otras leyes que castigan injustamente a las mujeres y niñas e imponen castigos corporales, a menudo justificados como parte de la sharia, dijo Human Rights Watch. Bajo el régimen de orden público de Sudán, las mujeres y las niñas también pueden ser arrestadas y recibir hasta 40 latigazos si violan el artículo 152 del Código Penal, el cual prohíbe los vagamente definidos "actos indecentes e inmorales". Las mujeres han sido condenadas a azotes por usar pantalones y faldas hasta la rodilla, entre otros actos.

El Protocolo de la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África prohíbe explícitamente todas las formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes sobre las mujeres. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha declarado que la flagelación viola el artículo 5 de la Carta, que prohíbe los "castigos crueles, inhumanos o degradantes".

Sudán está revisando su constitución después de la separación de Sudán Meridional en julio de 2011, que marcó el fin del período de transición de seis años establecido en el Acuerdo General de Paz de 2005.

"Sudán debe respetar las normas internacionales y africanas", dijo Bekele. "Se debería prohibir la muerte por lapidación y otros castigos corporales, y revisar las leyes que discriminan a las mujeres y las niñas".