(Johannesburgo) –Durante los operativos para expulsar de Angola a migrantes en situación irregular, es común que miembros de las fuerzas de seguridad de este país cometan abusos como actos de violencia sexual y otros tratos degradantes e inhumanos, señaló Human Rights Watch en un informe que se divulgó el día de hoy.

El informe de 50 páginas “‘If You Come back We Will Kill You’: Sexual Violence and Other Abuses against Congolese Migrants during Expulsions from Angola” (“‘Si regresan, los mataremos’: Violencia sexual y otros abusos contra migrantes congoleños durante las expulsiones de Angola”) describe un alarmante patrón de violaciones de derechos humanos por miembros de las fuerzas de seguridad de Angola contra migrantes congoleños. Numerosas mujeres y jóvenes, a menudo detenidas con sus hijos, han sido víctimas de abuso sexual, que incluyen violaciones colectivas, explotación sexual y ser obligadas a presenciar los abusos sexuales cometidos contra otras mujeres y jóvenes. Las golpizas, el trato inhumano y degradante, las detenciones arbitrarias y la negación del derecho al debido proceso han sido prácticas habituales durante las redadas llevadas a cabo para identificar a migrantes indocumentados, y mientras estas personas se encuentran detenidas antes de ser deportadas.

“Angola tiene derecho a expulsar a los migrantes en situación irregular, pero esto no justifica que se les nieguen derechos básicos”, señaló Leslie Lefkow, subdirectora de programas sobre África de Human Rights Watch. “La tortura, las golpizas, las violaciones sexuales y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes violan tanto las leyes de Angola como el derecho internacional”.

Las autoridades de Angola deben proteger a los migrantes del abuso, controlar a las fuerzas de seguridad, investigar las denuncias de abusos graves y juzgar a los responsables, manifestó Human Rights Watch. El derecho internacional y las leyes de Angola establecen la obligación de prevenir, investigar y sancionar de manera efectiva los actos de violencia sexual, tortura y trato cruel, inhumano o degradante.

Human Rights Watch entrevistó a más de 100 víctimas y testigos de abusos ocurridos durante las expulsiones del enclave de Cabinda y la provincia de Lunda Norte, con importantes reservas de diamantes, a las provincias congoleñas de Bas-Congo y Kasai-Occidental en 2009 y 2011. La mayoría de estos migrantes llegan a Angola para trabajar en minas aluviales de diamantes o en mercados informales.

Desde 2003, en Angola se han realizado, casi todos los años, expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, que han estado frecuentmente asociadas con denuncias de graves violaciones de derechos humanos. En 2011, según estimaciones de la ONU, fueron expulsados 100,000 migrantes. Los abusos más graves, entre los cuales se encuentra la violencia sexual, tuvieron lugar en centros de detención. Según los testimonios de las víctimas, los responsables de estos abusos pertenecían a diversos sectores de las fuerzas de seguridad, incluidas varias divisiones policiales, oficiales de inmigración y miembros de las fuerzas armadas. No obstante, las autoridades angoleñas no han llevado a cabo investigaciones creíbles y exhaustivas de las denuncias, ni tampoco han juzgado a los responsables de los abusos.

Las mujeres y las niñas —que, en su mayoría, habían sido detenidas en mercados informales y en zonas residenciales— brindaron a Human Rights Watch descripciones similares de los patrones de abuso sexual sufridos y de las personas que las habían agredido. La mayoría de los abusos relatados se produjeron en centros de detención de Lunda Norte, en cárceles o prisiones utilizadas como centros de tránsito exclusivamente para migrantes. Las víctimas relataron que, mientras se encontraban detenidas, grupos integrados por miembros de distintas fuerzas de seguridad obligaban repetidamente a las mujeres a mantener relaciones sexuales con ellos y amenazaban con golpearlas o matarlas, o les ofrecían comida a cambio. Las condiciones de detención, que muchas veces eran deplorables —por el hacinamiento en las celdas, la escasez de alimentos y de agua potable y la falta de baños— contribuían a agravar las presiones para que las víctimas se sometieran a la explotación sexual.

Muchas veces, los niños presenciaban los abusos que sufrían sus madres y otras internas. Una mujer congoleña de 27 años, expulsada en junio de 2011, describió la difícil situación que se vivía en la cárcel de Condueji, en Dundo: “En la celda, había 73 mujeres y 27 niños. Todo el tiempo nos molestaban para que mantuviéramos relaciones sexuales con ellos. Las mujeres aceptaban por los padecimientos a los cuales eran sometidas. No había nada para comer ni para beber, y tampoco agua para higienizarse. A veces traían galletas para los niños, pero solo de aquellas mujeres que accedían a mantener relaciones sexuales con ellos”.

Otra mujer que había estado detenida en la misma cárcel en junio de 2011 relató: “Éramos 57 mujeres y 10 niños en una celda. Todo el tiempo, de día y de noche, llegaban hombres que buscaban tener relaciones sexuales con alguna mujer. Venían en grupos de tres o cuatro. A algunas mujeres las violaban. Todo esto sucedía en la misma celda. Los niños veían todo y lloraban desconsolados. Yo me resistí, y un agente me dio patadas en el estómago”.

Human Rights Watch también escuchó los relatos de numerosas víctimas y testigos acerca de las golpizas, las torturas y el trato degradante e inhumano que recibían sistemáticamente las víctimas durante las redadas, el traslado a los centros de detención y mientras permanecían detenidas. La mayoría de los migrantes relataron a Human Rights Watch que habían sido detenidos arbitrariamente por oficiales angoleños en redadas u operativos casa por casa, sin mostrar una orden de detención y sin darles a los migrantes la oportunidad de cuestionar la detención.

El gobierno angoleño ha negado o restado importancia, en reiteradas oportunidades, a las denuncias de violencia sexual, tortura, y trato cruel, degradante o inhumano durante las expulsiones, a pesar de que la ONU, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y diversas organizaciones internacionales y locales han expresado su preocupación al respecto desde 2004. En respuesta a las inquietudes planteadas durante las visitas a Angola realizadas por la representante especial del Secretario General de la ONU sobre violencia sexual contra las mujeres en los conflictos, Margot Wallström, y por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en 2011 el gobierno angoleño asumió el compromiso de cumplir con sus obligaciones internacionales durante las expulsiones de migrantes irregulares. No obstante, Angola aún no ha ratificado la Convención contra la Tortura ni la Convención sobre los Derechos de los Migrantes, pese a los compromisos expresados cuando procuraba ser admitido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2007 y nuevamente en 2010.

En Angola, las expulsiones masivas de migrantes continuaron en 2012. Según las autoridades de la República Democrática del Congo, las fuerzas de seguridad angoleñas expulsaron a más de 5,000 migrantes en las dos primeras semanas de marzo, solamente del enclave de Cabinda y la ciudad de Soyo. En un incidente particularmente grave, el 23 de marzo de 2012, tres migrantes congoleños murieron en la prisión Cadeia Civil de Cabinda, presuntamente por asfixia mientras se encontraban hacinados en una celda con otros detenidos. Esta prisión se utiliza desde hace varios años como cárcel de tránsito para los migrantes.

Abogados de Cabinda informaron a Human Rights Watch que la policía había iniciado una investigación para determinar la supuesta responsabilidad de tres funcionarios de inmigraciones por estas muertes. No obstante, también dijeron que las víctimas habían sido enterradas inmediatamente después de la autopsia médica, y que las autoridades no habían permitido que los abogados accedieran a la morgue y tampoco habían informado antes a los familiares.

“Asegurar que los responsables de la muerte de personas que estaban a disposición de las autoridades respondan por sus actos constituye un paso en la dirección correcta”, señaló Lefkow. “Sin embargo, las autoridades aún deben llevar a cabo las investigaciones correspondientes y ofrecer reparación a cientos de otras víctimas. Si no se juzga a los responsables, no habrá garantía de que estos abusos no se reiteren en el futuro”.