Una mujer que sufrió violencia doméstica mira por la ventana de un albergue de mujeres en California el 3 de noviembre de 2009.

© 2009 Reuters

(Washington, DC) – El Congreso de Estados Unidos debería promulgar el proyecto de ley del Senado para la renovación de la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence Against Women Act, VAWA) y rechazar la peligrosa alternativa aprobada por la Cámara de Representantes, señaló hoy Human Rights Watch.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara el 16 de mayo de 2012 constituye una medida regresiva que menoscaba y compromete el objetivo de la ley y dejará a muchas víctimas sin protección adecuada frente a la violencia doméstica y sexual, dijo Human Rights Watch. El proyecto de ley de la Cámara incorpora múltiples cambios de las disposiciones vigentes de la VAWA para proteger a las víctimas inmigrantes de los abusos, y omite ciertas salvaguardas contra la discriminación incluidas en el proyecto de ley del Senado.

“Durante 18 años, la Ley sobre Violencia contra la Mujer ha sido la piedra angular de la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a la violencia contra la mujer”, dijo Meghan Rhoad, investigadora sobre Derechos de la Mujer en Human Rights Watch. “La ley se encuentra ahora en una encrucijada: ¿continuará evolucionando y mejorando como se dispone en el proyecto de ley del Senado o perderá algunas de sus protecciones más importantes con la versión de la Cámara?”

La VAWA es la principal ley federal que ofrece protección y servicios legales a mujeres, hombres y niños víctimas de la violencia doméstica, así como del acoso y la violencia sexual. Promueve servicios para las personas afectadas como centros de asistencia para víctimas de violaciones, hogares temporales para supervivientes de violencia doméstica y programas para abordar la violencia contra personas con discapacidad. Desde su promulgación en 1994, la VAWA ha incluido protecciones para abordar la problemática especial a la que se enfrentan las inmigrantes víctimas de violencia.

El Congreso ha renovado la vigencia de la VAWA en dos ocasiones y el plazo para la tercera renovación se cumple ahora. Un proyecto de ley para la renovación (S. 1925), promovido por ambos partidos, fue aprobado por el Senado con un margen de 68 a 31. El proyecto de ley de la Cámara contiene disposiciones sustancialmente diferentes (H.R. 4970), y fue aprobado con 222 votos a favor y 205 en contra. La Casa Blanca ha señalado que los asesores del presidente Barack Obama están favor de vetar el proyecto de ley de la Cámara. Después de la votación de la Cámara del 16 de mayo, el vicepresidente Joe Biden, uno de los patrocinadores de la VAWA original, instó al Congreso a que aprobara un proyecto de ley, respaldado por ambos partidos, que proteja a las víctimas y siga mejorando, no menoscabando,  la VAWA.

La representante Sandy Adams, republicana por Florida, introdujo el proyecto de ley de la Cámara, que cuenta con otros 40 patrocinadores. La representante Gwen Moore, demócrata por Wisconsin, ha presentado una versión alternativa del proyecto de ley para la renovación de la VAWA en la Cámara, con 89 copatrocinadores. La representante Judy Biggert, republicana por Illinois, ha propuesto una tercera versión, con dos copatrocinadores.

A pesar de unas cuantas pequeñas mejoras del proyecto de ley antes de someterlo a votación en la Cámara, el proyecto de ley sigue disponiendo cambios radicales en las protecciones legales existentes para las inmigrantes víctimas de la violencia sexual y doméstica, aseguró Human Rights Watch. El proyecto de ley modificará los requisitos para las inmigrantes víctimas de abusos que se encuentren casadas con ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos cuando quieran regularizar su situación migratoria. Estos cambios incluyen permitir que los adjudicatarios del Gobierno reciban información del acuso de maltrato acerca de la solicitud migratoria de su esposa.

“El proyecto de ley de la Cámara es un regalo para los abusadores”, señaló Rhoad. “Desmantela la gran labor que hizo el Congreso para asegurar que los abusadores no pudieran utilizar la amenaza de la deportación para forzar a sus víctimas a mantenerse en silencio, y vuelve a poner a las mujeres en la tesitura de tener que elegir entre que las maltraten o las deporten”.

El proyecto de ley de la Cámara debilita aún más las salvaguardas para las inmigrantes víctimas de violencia con el socavamiento del programa de visas U, señaló Human Rights Watch. La visa U es una visa temporal que permite que un inmigrante víctima de un delito grave permanezca en Estados Unidos para asistir a los encargados de hacer cumplir la ley en la investigación y el enjuiciamiento del delito. El proyecto de ley de la Cámara sólo dispone que un pequeño subgrupo de víctimas de crímenes tengan la oportunidad de regularizar su situación después de que venza su visa temporal. La posibilidad de que sean eventualmente deportadas servirá de argumento para que los abusadores mantengan a las víctimas en relaciones violentas e impedirá la cooperación con las agencias de la ley, dijo Human Rights Watch.

Por el contrario, el proyecto de ley aprobado por el Senado mantendrá las protecciones actuales para las inmigrantes víctimas de abuso y aumentará de manera limitada el número de visas U disponibles. Otras disposiciones del proyecto de ley del Senado que no se recogen en el proyecto de ley de la Cámara restablecerían la jurisdicción de los tribunales penales de las tribus indígenas norteamericanas sobre los crímenes de violencia doméstica o de violencia durante el noviazgo cometidos en las reservas y territorios tribales, en los casos en que la víctima pertenezca a la tribu pero no el acusado. Actualmente, estos casos quedan fuera de la jurisdicción de los tribunales tanto tribales como estatales y las autoridades federales los enjuician en raras ocasiones.

Además, antes de que el proyecto de ley se sometiera a votación de la Cámara, el Comité de Justicia de este grupo parlamentario rechazó enmiendas al proyecto de ley que ofrecerían explícitamente protección para las víctimas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) de la violencia sexual y doméstica. Aunque estos actos de violencia afectan a las víctimas LGBT aproximadamente en la misma proporción que a las víctimas no LGBT, la discriminación puede impedirles acceder a servicios sociales como albergues para víctimas de la violencia doméstica o recursos legales como órdenes de protección.

“El proyecto de ley de la Cámara no puede atribuirse el título de Ley sobre Violencia contra la Mujer porque excluye de manera tan evidente a un gran número de mujeres afectadas por la violencia”, dijo Rhoad. “Todas las víctimas deberían tener acceso a la protección legal contra la violencia y los servicios esenciales sin discriminación”.