Maash Hussein Abikar muestra las cicatrices que le quedaron cuando soldados de Kenia lo golpearon con la culata de un arma de fuego durante una redada contra personas de origen somalí en Wajir, en diciembre de 2011. Maash Hussein también perdió dos dientes y ahora tiene la visión borrosa en un ojo como consecuencia de la paliza.

© 2012 Human Rights Watch

(Nairobi) – Las fuerzas de seguridad de Kenia han cometido numerosas violaciones de derechos humanos contra personas de origen somalí con absoluta impunidad, Human Rights Watch señaló en un informe divulgado el día de hoy. Entre noviembre de 2011 y marzo de 2012, policías y soldados de Kenia detuvieron en forma arbitraria y maltrataron a ciudadanos keniatas y refugiados somalíes en la Provincia Nororiental, como represalia ante los atentados perpetrados por milicias sospechosas de tener vínculos con el movimiento armado islamista de Somalia Al-Shabaab.

El informe de 65 páginas, “Criminal Reprisals: Kenyan Police and Military Abuses against Ethnic Somalis” (“Represalias criminales: Abusos de policías y militares de Kenia contra la población somalí”), documenta en detalle numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas de Defensa de Kenia y la Policía de ese país, presuntamente en respuesta a una serie de atentados con granadas y artefactos explosivos improvisados (AEI) contra agentes de las fuerzas de seguridad y civiles ocurridos en la Provincia Nororiental. En vez de iniciar investigaciones tendientes a identificar y capturar a los agresores, tanto la Policía como el Ejército respondieron con violentas represalias contra ciudadanos keniatas y refugiados somalíes.

“Los atentados que se atribuyen a presuntos partidarios de Al-Shabaab constituyen hechos aberrantes, pero en ningún caso pueden justificar estos abusos indiscriminados”, manifestó Leslie Lefkow, subdirectora para África de Human Rights Watch. “Los policías y soldados de Kenia deberían proteger a los civiles en vez de agredirlos”.

Los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que fueron documentados por Human Rights Watch incluyen violaciones sexuales e intentos de agresiones sexuales, golpizas, detención arbitraria, extorsión, saqueo y destrucción de bienes, así como diversas formas de maltrato físico. Human Rights Watch también observó casos de tratos inhumanos y degradantes, como obligar a las víctimas a permanecer sentadas en el agua o rodar por el suelo. Si bien el gobierno ha prometido investigar los abusos, ningún policía o soldado ha sido acusado, disciplinado u obligado de alguna forma a rendir cuentas.

El informe se elaboró a partir de entrevistas con 55 víctimas que sufrieron abusos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos 20 refugiados somalíes en los campos de Dadaab y 35 ciudadanos keniatas, la mayoría pertenecientes a la etnia somalí, en las localidades de Garissa, Mandera y Wajir. Human Rights Watch también entrevistó a policías y militares, funcionarios administrativos locales, legisladores, representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y activistas de la sociedad civil en la Provincia Nororiental.

En Garissa, los abusos cometidos por las Fuerzas de Defensa de Kenia comenzaron tras una serie de ataques con granadas ocurridos en noviembre, concluyó Human Rights Watch. A fines de ese mes, grupos de soldados irrumpieron deliberadamente en varias viviendas y golpearon a sus moradores, entre ellos un estudiante de 16 años que sufrió como consecuencia una fractura en el brazo.

Entre noviembre y enero, oficiales en el campamento militar de Garissa detuvieron a varias docenas de civiles, incluidos varios conductores que habían estacionado sus vehículos cerca del campamento, a quienes sometieron a abusos y acusaron de pertenecer a “Al-Shabaab”. Las víctimas fueron obligadas a sentarse en un terreno inundado con agua sucia mientras eran interrogadas y fueron forzadas a rodar por el suelo en el campamento militar y hacer otros “ejercicios” humillantes, como saltar en cuclillas por todo el predio y girar en círculos con un dedo apoyado en el suelo. Muchos fueron golpeados antes de ser liberados. Sin embargo, ninguna persona ha sido acusada en relación con estos hechos.

Un vigilante de 17 años que fue golpeado por soldados keniatas en Garissa contó a Human Rights Watch: “No nos preguntaron nada, comenzaron a golpearnos directamente. Ni siquiera quisieron saber cómo nos llamábamos. Nos obligaron a acostarnos y rodar por el suelo. Tuvimos que rodar durante casi media hora en la carretera. Luego de los ‘ejercicios’ los soldados se fueron, pero regresaron y comenzaron otra vez a golpearnos. Nos golpearon con los puños y nos propinaron patadas con sus botas. Recibí golpes en todo el cuerpo. No me quedó ninguna parte sin golpear”.

En Mandera y Wajir, varios soldados agredieron a civiles inmediatamente después de los atentados con explosivos de noviembre y diciembre. Diversos líderes locales comprobaron que, en noviembre, soldados de Kenia, junto con policías y soldados keniatas del Gobierno Federal de Transición de Somalia, golpearon al menos a 115 personas en Mandera, una localidad ubicada a un kilómetro de la frontera somalí. En diciembre, varios soldados keniatas interceptaron arbitrariamente y maltrataron a cerca de 56 personas en Wajir. Algunas fueron golpeadas, y todas fueron obligadas a rodar sobre un piso de grava en pleno sol.

Los soldados provocaron lesiones permanentes a algunos civiles, como en el caso de una anciana con epilepsia que quedó inmóvil a causa de la agresión, y el de un obrero que perdió dos dientes así como la visión parcial en un ojo cuando fue golpeado salvajemente con la culata de un arma, y ya no podrá trabajar para mantener a su familia.

Los abusos más graves fueron perpetrados por policías en los campamentos de Dadaab, que albergan a más de 460,000 refugiados, en su mayoría somalíes. Con posterioridad a varios atentados con explosivos que causaron la muerte de dos agentes de la Policía Administrativa, se organizó en represalia una redada policial contra numerosos refugiados. Los policías irrumpieron en distintas viviendas, violaron al menos a una mujer e intentaron agredir sexualmente a otras, golpearon a niños pequeños, algunos de tan sólo cuatro años, y se llevaron dinero y saquearon bienes por valor de varios millones de chelines (cientos de miles de dólares). Los policías habrían advertido al menos a dos refugiados mientras los golpeaban que “regresarán a Somalia”,.

Una mujer que fue violada por policías en Dadaab relató a Human Rights Watch:

Sucedió el día después de la explosión en el mercado…. Fueron tres los policías que vinieron. Decían: “Tráenos dinero” y “¿Dónde está tu esposo?” Los tres comenzaron a golpearme con una barra de metal. Me alzaron para [llevarme] dentro de la casa. Grité, y les dije que era maestra… Dos de los hombres salieron de la casa, y dejaron dentro a uno de ellos, quien inmediatamente trabó la puerta y se bajó la cremallera [de los pantalones] mientras me agarraba del cuello con su mano derecha. Comencé a gritar y me resistí. Mientras tanto, logró quitarme la ropa interior y me jaló hacia él mientras permanecía de pie, y tras un rato de forcejear sentí su semen que corría por mis muslos.

Aparentemente, el atentado con explosivos se produjo como reacción a la incursión del Ejército de Kenia en Somalia, conocida como Operación Linda Nchi (que en kiswahili significa “proteger al país”), iniciada en octubre luego del despliegue de varios miles de soldados kenianos en áreas controladas por Al-Shabaab. En febrero, tropas keniatas se unieron a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), una fuerza de paz creada para proteger al débil Gobierno Federal de Transición en Somalia, que Al-Shabaab intenta derrocar.

Desde febrero no se han producido atentados de gravedad por parte de milicias en la Provincia Nororiental. Como corolario de esto, también disminuyeron los abusos por miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, un representante del parlamento de Kenia entrevistado por Human Rights Watch señaló: “Es muy probable que la guerra continúe, y [las fuerzas de seguridad] tienen que evitar responder de este modo… No pueden enmendar un error con otro error”.

Tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio de Seguridad Interior se han comprometido a investigar los abusos y llevar ante la justicia a los oficiales responsables. El Ministerio de Defensa ha realizado algunas acciones en este sentido y conformó una comisión investigadora ad hoc que ha entrevistado a víctimas en Garissa, Mandera y Wajir, pero no resulta claro qué medidas prevé adoptar dicho ministerio si se confirman las denuncias. Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Interior no ha tomado medidas concretas para investigar los abusos.

Las represalias contra personas de origen somalí han profundizado la desconfianza frente a las fuerzas de seguridad por parte de residentes de la Provincia Nororiental, quienes comentaron a Human Rights Watch que, desde la independencia, hubo varios casos en que las fuerzas de seguridad de Kenia abusaron de personas de origen somalí con total impunidad.

“La conducta abusiva de policías y militares keniatas ha conseguido empeorar la marginación de las personas de origen somalí en la Provincia Nororiental, en un momento en que las autoridades keniatas necesitan más que nunca contar con su confianza y cooperación para asegurar la protección de civiles”, expresó Lefkow. “El Gobierno de Kenia debería anunciar categóricamente que los abusos contra personas de origen somalí no serán tolerados, y adoptar medidas para que los policías y soldados responsables sean juzgados”.