(París) – La aprobación por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO de un premio patrocinado por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogode Guinea Ecuatorial, tras una reñida votación, coloca a los intereses del Presidente por encima de los principios básicos de derechos humanos y buen gobierno de la UNESCO, señalaron hoy siete organizaciones de la sociedad civil. Está previsto que la decisión adoptada el 8 de marzo de 2012 por una comisión del Consejo, mediante la cual se modifica el nombre de este controvertido premio y se insta a la directora general de la UNESCO Irina Bokova a implementarlo, se formalice durante una sesión plenaria programada para hoy.
“Independientemente de si alguna vez se adjudica o no, votar a favor de un premio internacional para las ciencias de la vida por US$ 3 millones, patrocinado por un gobierno que no realiza inversiones suficientes para garantizar la atención básica de la salud en su propio país, es una decisión que resulta tristemente paradójica”, señaló Tutu Alicante, un abogado originario de Guinea Ecuatorial que dirige la organización de derechos humanos EG Justice desde el exilio. “Los miembros del Consejo Ejecutivo de la UNESCO que apoyaron este premio han traicionado los principios de la organización y han empañado la reputación de la UNESCO”.
El Consejo Ejecutivo aprobó el premio luego de una votación sumamente reñida. La totalidad de los 14 países africanos que integran el Consejo votaron a favor del premio, en consonancia con una resolución en este sentido que habían suscripto durante la Cumbre de la Unión Africana celebrada en Guinea Ecuatorial en junio de 2011, cuando Obiang presidía la organización. Los países árabes en el Consejo también emitieron un voto favorable, al igual que Brasil, Cuba, Ecuador, Venezuela, India y Rusia. La mayoría de los países del Caribe y Europa con representación en el Consejo se opusieron firmemente a la aprobación del premio, así como también Afganistán, Perú y Estados Unidos.
Wenceslao Mansogo, quien además de médico es un destacado defensor de derechos humanos y miembro de la oposición de Guinea Ecuatorial, instó a los delegados de la UNESCO a cancelar en forma definitiva el premio a través de una carta que redactó desde prisión, donde se encuentra detenido injustamente desde el 9 de febrero por motivos políticos. El Gobierno también ordenó el cierre de su clínica, lo cual pone en evidencia la hipocresía de un premio que pretende mejorar “la calidad de la vida humana”.
Aún no queda claro si Bokova implementará el premio, ahora denominado “Premio UNESCO-Guinea Ecuatorial”, a la luz de las irregularidades que se observaron en su financiamiento y que vulneran las normas organización.
Subsisten numerosos interrogantes sobre el origen de los fondos destinados a este premio. El estatuto del premio original disponía que este debía financiarse con fondos de la Fundación Obiang Nguema Mbasogo para la Preservación de la Vida. El 9 de febrero, el Gobierno de Guinea Ecuatorial informó a la UNESCO que los fondos para el premio provendrían en cambio del tesoro público, y señaló posteriormente el 22 de febrero que “a partir de este momento el donante del premio será el Gobierno de Guinea Ecuatorial”.
Ofreciendo una opinion legal, la asesora jurídica de la UNESCO concluyó el 2 de marzo que el premio UNESCO-Obiang original ya “no podía ser implementado” debido a “discrepancias sustanciales” entre las fuentes de financiamiento declaradas y las reales, y que estas se mantendrían con independencia de que cambiara el nombre.
Las investigaciones sobre corrupción que se están llevando a cabo en Francia, España y Estados Unidos contra miembros de la familia Obiang refuerzan los cuestionamientos sobre la legitimidad de los fondos usados para el premio. El 5 de marzo, Association Sherpa y Transparency International pidieron que la justicia francesa amplíe la investigación sobre corrupción e incluya la donación de US$ 3 millones destinada al premio.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial aplica controles y restricciones sumamente severos a la difusión de noticias e impide que periodistas que trabajan en el país puedan informar libremente sobre las denuncias de corrupción o la controversia generada en torno al premio, y de este modo se evita que los ciudadanos que no tienen acceso a medios internacionales puedan recibir información crítica sobre la forma en que el Gobierno usa los fondos públicos.
“Aun si algunos delegados ignoran las normas y el prestigio de la UNESCO, la directora general Bokova tiene la responsabilidad de procurar que no se cometan irregularidades financieras ni se incurra en prácticas antitéticas dentro de la organización”, afirmó Alicante. “Debería mantener su postura y negarse a permitir que la UNESCO use fondos de origen dudoso para promover la imagen del presidente Obiang”.
La declaración fue emitida por las siguientes organizaciones de la sociedad civil:
Asociación Pro Derechos Humanos de España
Association Sherpa
Comité para la Protección de los Periodistas
EG Justice
Global Witness
Human Rights Watch
Open Society Justice Initiative
